Acuse de recibo
Un precedente de agilidad al responder quejas en tiempos de coronavirus, digno de imitar por otros, viene sentando Miriam Lau Valdés, directora de Comunicación Social y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ayer recibimos su respuesta a la denuncia, publicada en esta columna el pasado 28 de mayo, por parte de Rafael Clavijo Urquiza, desde Dos Ríos, en el municipio santiaguero de Palma Soriano.
Rafael contaba que, con más de 30 años laborando en el sector azucarero, y 19 de ellos en Ferroazúcar Santiago, UEB Julio Antonio Mella, siempre se ha consagrado a su trabajo, a ultranza de serios problemas de salud. Fue operado de un riñón, con varias complicaciones que obligaron a reintervenirlo: peritonitis, un íleo paralítico y una bacteria que casi le cuesta la vida.
Refería que ha tenido tratamiento y complicaciones desde hace un año y medio; además, una bronconeumonía bacteriana dejó secuelas en sus pulmones. Después de un año comenzó a trabajar aún sintiéndose mal de salud, por lo que solicitó al Director dos meses de licencia sin sueldo, la cual le fue aprobada el 16 de marzo de 2020, cinco días después de detectada la COVID-19 en Cuba.
Y transcurrido un mes, lo llamaron a trabajar sin cumplir el tiempo acordado. Tenía que incorporarse. Según el Director, él tiene facultades para dejar sin efecto la licencia sin sueldo cuando lo considere.
«En más de 30 años de trabajo jamás opté por este derecho, afirmaba. Y el Director me dijo que pidiera la baja y me fuera de la empresa. Al final, como yo tenía razón culminé el tiempo pactado».
En ese momento ya la dirección del país había dado las orientaciones sobre la protección a personas vulnerables a la COVID-19 por diferentes padecimientos. Rafael se dirigió al área de Salud, y de conjunto con la médico de la familia se le hizo el resumen de historia clínica, el que presentó a la empresa para acogerse a la Resolución OM-455 de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social para trabajadores vulnerables a la COVID-19. Él es hipertenso, presenta un enfisema pulmonar, y ha debutado con diabetes mellitus. Todo eso está en el resumen que entregó y no le han devuelto. «El Director, señalaba, me manifestó que él decidía que yo no podía acogerme a la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la COVID-19».
Y en la Dirección de Trabajo del municipio le dieron la razón a Rafael. Pero su Director insiste en que tiene que subirse al tren. «Necesito ayuda y respuesta. Estoy casi al pedir la baja e irme, pues no dejan de presionarme», concluía.
Al respecto, responde Miriam Lau Valdés que «con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores vulnerables, corresponde al empleador aplicar el tratamiento aprobado para estos casos: No mantener laborando a trabajadores adultos mayores (mayores de 60 años) en condición de fragilidad, como medida preventiva ante la COVID-19.
«En estos casos, prosigue, el trabajador devenga una garantía salarial equivalente al ciento por ciento de su salario básico el primer mes, decursado el cual recibe el 60 por ciento mientras dure el aislamiento.
«Esta medida está dirigida a los adultos mayores que por sus condiciones biológicas (presencia de riesgos o enfermedades no transmisibles o crónicas), los ponen en situación de fragilidad para contraer la COVID-19. Y como medida preventiva se indicó su aislamiento social. También resulta aplicable a los trabajadores que sin ser adultos mayores, por sus condiciones físicas resultan frágiles.
«Se ha informado a la Dirección Provincial de Trabajo de Santiago de Cuba para que contacte con la entidad, para el esclarecimiento y solución de su situación. Por nuestra parte daremos seguimiento a su caso», concluye Miriam.
Sirva esta esclarecedora respuesta para que se haga justicia allí, y también en cualquier otro colectivo laboral donde pueda estar infringiéndose esta política protectora del país.
16
