Acuse de recibo
En tiempos de coronavirus, esta columna ha tenido que postergar muchos asuntos que nos llegan para alistarse fundamentalmente en esta batalla del país contra esa maléfica COVID-19; sobre todo, en el abordaje de nuevos problemas surgidos a partir de esta excepcional situación.
Caridad Pérez Pérez, quien reside en Escobar, No. 761, entre Sitio y Peñalver, en el municipio capitalino de Centro Habana, cuenta que ella y su esposo son un matrimonio de la tercera edad. Él es hipertenso y sufrió un infarto del corazón y otro cerebral, además de padecer diabetes, igual que ella.
El 22 de marzo pasado, la pareja viajó a la casa del esposo (avenida 23, No. 2611-A, entre 26 y 28, Jaruco, Mayabeque), pues él se encuentra de certificado médico por su patología cardíaca, y pensaban en aquel momento que el problema no llegaría a la gravedad que tomó después.
La situación los ha retenido allí en Jaruco, por cumplir las orientaciones del Gobierno y el Ministerio de Salud Pública, sobre todo, porque son personas mayores y vulnerables de salud. Pero el matrimonio tiene su libreta de la canasta básica de alimentos, la 288 de la bodega 164, adscrita a la Oficina de Consumidores (Oficoda) de Carlos III y Subirana, en el municipio de Centro Habana.
Refiere Carmen que, ante la inmovilidad impuesta por la situación, se vieron precisados a presentarse en la Oficoda de Jaruco. Allí les dijeron que no había solución, pues tenían que haber hecho con anticipación un tránsito.
Fueron al Consejo de la Administración Municipal (CAM), y allí la funcionaria que les atendió se comunicó por teléfono con la Oficoda municipal y acordaron que los solicitantes fueran a buscar su canasta básica del mes y la dieta a Centro Habana, o que en la Oficoda de ese municipio donde están inscritos hicieran un tránsito; de lo contrario, que una persona les hiciera ese favor.
«Dada la imposibilidad de viajar entre provincias, afirma, por la regulación de transporte en el momento que vivimos, y los potenciales riesgos de enfermar y traer la infección para Jaruco—, nos resulta contradictorio el accionar de estos funcionarios».
Caridad pregunta qué solución dar al problema de alimentación de dos personas mayores y con salud quebrantada, pues no se sabe hasta qué grado puedan extenderse las medidas de aislamiento, que les imposibiliten al menos tener los mínimos alimentos normados, y los productos necesarios de aseo.
Arianna Estrada Pérez (calle Raúl Gómez García, No. 52, reparto Manuel Ascunce, Jobabo, Las Tunas) cuenta que el vertedero de basura de esa localidad está a pocos metros del vecindario donde ella vive, y constituye un peligro para la salud y los problemas respiratorios de los residentes cercanos.
El problema se complica porque «algunas personas van allí a recoger materias primas, e irresponsablemente le prenden fuego; y el humo procedente de este se dirige a toda nuestra vecindad, donde viven muchos niños, entre los cuales se encuentran los míos. En mi caso particular, tengo una niña de dos años de edad que es Síndrome de Down y que, además, es cardiópata y ha presentado crisis de asma, al igual que mi otro hijo de tres años, también asmático» señala.
Tal situación, afirma, viene planteándose en las asambleas de rendición de cuenta del delegado. Y al no tener respuesta, la queja se ha elevado en el municipio y les han planteado que se está gestionando un presupuesto para cambiar de lugar el vertedero.
Considera que dicho basurero local debía contar, mientras tanto, con la protección de custodios, que impidan el acceso de personal ajeno. Ello evitaría que personas inescrupulosas prendieran fuego en este sitio, sin tener en cuenta el daño que causan. «Sin embargo, refiere, estas indisciplinas se cometen con mucha frecuencia», enfatiza.
Manifiesta la remitente que, con más razón ahora que el país combate la propagación de la COVID-19, es la oportunidad y el momento idóneos para solucionar un problema ya postergado en el tiempo, y que puede traer peores consecuencias a la comunidad.
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