Acuse de recibo
Desde Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, Miguel Ángel Fonseca Suárez denunció el pasado 9 de febrero la morosidad de la Empresa Eléctrica para la instalación del cambio de servicio de 110 a 220 voltios en su vivienda.
Contó que al hacer la solicitud en la oficina comercial de Palma el 21 de febrero de 2019, le dijeron que había déficit de recursos. Esperó y volvió en agosto de 2019. Le enviaron a su casa un representante para una evaluación. Este llevó un metrocontador y el breaker. Y a los tres días los recogió porque no había carro para terminar el trabajo.
A fines de agosto, Fonseca fue a la oficina central de la UEB Palma Soriano. El director no estaba, y habló con el funcionario de Atención a la Población, quien lo visitó. A la semana le instalaron solo el metro contador y el breaker. «Han pasado diez meses y aún el servicio solicitado sigue en espera, afirmaba en su carta. Tengo conocimiento de varias personas que han pagado desde 500 a mil cup y para ellos sí han aparecido los recursos».
Responde Leonel Ruiz Carrión, director general de la Empresa Eléctrica Santiago de Cuba, que una comisión se entrevistó con Fonseca y los aludidos en el caso. Y confirmó que el cliente fue a la Oficina Comercial ese día a pedir el servicio. Lo atendió Suleidis Mora Bartelemi, técnica de Atención a la Población, quien le dijo que entonces había déficit de recursos para hacer el trabajo en el plazo establecido. Y le llenó el modelo de investigación de la solicitud de servicio, que se extravió.
El 6 de agosto Fonseca volvió, y le confecciaron el Modelo H65 Orden de conexión No. 1451 y el Contrato (H982), pues no aparecía el registro de solicitud. Fue a su casa el liniero Rafael Anaya Rosabal, pero no instaló el servicio, pues faltaba el carro. Dejó los recursos allí, y tres días después los recogió, alegando falta de transporte.
Fonseca no pudo entrevistarse con el Director de la UEB Palma Soriano, y lo atendió Jorge Lora Guillén, técnico de Atención a la Población, quien no dejó constancia por escrito en el Modelo de Entrevista ni en el Libro de Registro de Quejas de la Población. Lora fue a casa de Fonseca el 16 de septiembre, e instaló el metro contador y el breaker, con la conexión a 110v, faltando la otra fase para la conexión de la 220. Informó al administrador de la Oficina Comercial que quedaba pendiente tirar la otra fase.
La técnica de atención a la población de la Oficina Comercial recibió los datos del Contador de Energía Eléctrica (CEE) instalado de 220v, y del retirado de 110v. Llenó los documentos, y se incluyó en el sistema como trabajo ejecutado, como si estuviese concluido. Acota Ruiz que Fonseca no había vuelto a dependencia alguna de la Empresa Eléctrica. Y el 11 de febrero de 2020 se le instaló la otra fase del servicio y le ofrecieron disculpas.
El Consejo de Dirección de la UEB Palma Soriano analizó el suceso, con medidas disciplinarias. A José Ramón Castro, jefe comercial, democión definitiva a cargo de inferior categoría, sin estímulos adicionales a su salario durante seis meses. A Yoendi Rafael Jiménez, administrador de la sucursal, democión temporal a cargo de inferior categoría y de condiciones laborales similares por el término de un año. A Jorge Lora Guillén y Suleidis Mora Bartelemy, técnicos de Atención a la Población, democión temporal a cargo de inferior categoría y condiciones laborales similares por seis meses. A Rudin Heredia Arañó, la medida se definirá en la Comisión de Cuadros. Y Anaya ya estaba jubilado cuando se investigó la historia.
Sobre el asunto de que otros «compraron» la instalación del servicio, señala que en entrevista con Fonseca, este dijo no conocer ningún caso ni tener pruebas; solo comentarios escuchados. Se retractó y comprometió a revocar públicamente dicho comentario en carta a esta sección.
«Es deber de todo ciudadano denunciar las ilegalidades que tanto afectan nuestro sistema socialista, y de las entidades estatales combatirlas de manera ejemplarizante, afirma Ruiz, pero cuando se emiten públicamente criterios como este, de manera infundada y sin evidencias concretas, solo deterioran la imagen de nuestras instituciones y del personal y funcionarios que las representan. Son manifestaciones que no deben ser generalizadas, sino focalizadas para poder solucionarlas de manera correcta».
Agradezco el transparente esclarecimiento del suceso y su solución. Y comparto ciento por ciento lo dicho por Ruiz en el párrafo anterior. Aún con la razón, nadie tiene derecho a denunciar lo que después no es capaz de sostener con evidencias.
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