Acuse de recibo
Llueven en esta columna las denuncias puntuales de ciudadanos sobre la contaminación acústica de que son víctimas, a consecuencia del impune proceder de personas naturales y jurídicas. Pero no escampa el «aguacero» hiperdecibélico, y ya el fenómeno se va de las manos.
Jorge Luis Sao Pérez, quien reside en la calle 17 no. 63, entre 24 y 26, en el reparto Hilda Torres, de la ciudad de Holguín, confiesa que ha sufrido esos desenfrenos sonoros, pero más bien su carta se enfila hacia términos propositivos.
El remitente considera que al país le urge una legislación concreta y precisa contra el ruido, que tantas secuelas deja en la población. Y que esa legislación se haga cumplir con rigor.
Se necesitan, sugiere, fuertes medidas contra quienes perturban la paz de los oídos ajenos: «Desde una advertencia oficial, hasta fuertes multas, y decomiso de los medios empleados por estos individuos, que se creen por encima de la Ley para perturbar la tranquilidad.
«No puede haber miedo, enfatiza. He descubierto que esos son minoría, y en un gran porcentaje personas que ni trabajan ni le aportan nada a la sociedad, con todo el tiempo del mundo para abusar de sus vecinos».
El 18 de noviembre de 2019, y desde el poblado de Falla, en el municipio avileño de Chambas, Lidia Álvarez Izquierdo contaba aquí que tras el paso del huracán Irma en 2017, que dañó seriamente la cuartería donde ella vivía, el gobierno municipal orientó a esos vecinos que buscaran donde albergarse, pues iban a demoler esas viviendas para construirlas nuevas.
Les informaron que las nuevas casas estarían pronto. Pero los ejecutores se fueron, y volvieron representantes del gobierno municipal para informarles que las viviendas demorarían quizá hasta 2019 o 2020.
Y Lidia, que comprende las graves afectaciones habitacionales de ese municipio, preguntaba con toda razón: «¿Por qué derrumbar nuestras casas, si la construcción demoraría? ¿Por qué decirnos que el proyecto y presupuesto para los materiales ya estaban, si no es así? ¿Quién es el responsable? ¿Quién nos dará una respuesta que nos satisfaga?».
El pasado 17 de febrero recibí una segunda carta de Lidia, que da mucho que pensar, cuando señala: «No entendemos que nadie venga del municipio a darnos una explicación lógica. Sabemos que el país pasa por carencias, pero también conocemos que día a día nuestro Presidente habla de las familias vulnerables, y de crear conciencia y tratar de resolver los problemas sin tanto peloteo».
Persistente e irreductible en su demanda, Lidia sigue cuestionando la desatención de las autoridades de su municipio, que ni siquiera han ido a visitarles y darles al menos una explicación consistente:
«¿Quién escuchará nuestro clamor? Esperamos por el organismo competente que lo haga y nos mantenga informados. ¿Tendremos que esperar a que pase otro ciclón? Tengo 80 años… ¿Veré mi casa?».
Willians López Peña (calle 46, edificio 8 apto. 1, entre 33 y avenida Carlos J. Finlay, Las Tunas) cuenta que, precisamente, en esa avenida Carlos J. Finlay, hace ya más de seis meses que se produjo una avería en la conductora principal del agua que alimenta esa zona residencial.
Y lo peor, acota, es que hasta ahora no ha habido respuesta alguna por parte de los organismos responsables, a pesar de que fue un planteamiento durante el último proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores.
«Al menos por respeto a nuestro sistema de gobierno, sostiene, ya era hora de que esta situación hubiera tenido solución. Pero una solución respetable, no como la que trataron de hacer durante la última visita gubernamental encabezada por nuestro Presidente a la provincia, que mandaron una motoniveladora para desviar el cauce de lo que se ha convertido en un caudaloso río, y evitar así que el agua siguiera su curso por la avenida ocultando tamaña grosería.
«Escribo para ver si de esta manera quien tiene la responsabilidad de resolver el problema lo resuelva; o que al menos le dé una explicación a la comunidad de por qué no se ha resuelto el problema», concluye Willians.
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