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Esperan lo prometido

Todos vamos «para viejos», inexorablemente. Con más razón, en un país que envejece con celeridad, los ancianos deben ser tenidos en cuenta, y tratados con delicadeza, de manera que no se sientan como estorbos inútiles.

Puede parecer una minucia, pero la demanda de Andrés R. Martínez Montesino (Calle 128 no. 7901, entre 79 y 81, Mariel) es mucho más que la defensa de «un local para viejitos». Es la vindicación del respeto al derecho de nuestros veteranos a que se les escuche y se cumpla con ellos.

Andrés es el presidente del club de jubilados de ese municipio; y cuenta que el 4 de julio pasado, el presidente del Consejo de la Administración Municipal de Mariel, Julio García Luque, se presentó allí, y les planteó que debían abandonar ese local inmediatamente, pues el mismo sería utilizado, conjuntamente con la carnicería y la pescadería, para crear una sala 3D.

El funcionario, manifiesta, les planteó que serían ubicados en otro local, lo cual, hasta la fecha en que me escribió Andrés, no había sido cumplido. Por ello, el club está realizando sus actividades en los portales de la calle principal del pueblo, en 132, entre 65 y 65 A.

«Entendemos que se debió prever una solución antes de tomar medida tan drástica, a fin de no dejarnos en la calle sin ninguna alternativa.

«En nombre de los 73 integrantes del club, hemos solicitado una solución ante las distintas autoridades del municipio, y no ha existido respuesta positiva hasta el momento», concluye Andrés.

 Vía libre a los ilegales

Luis Bravo Fariñas (Calle 9, entre A y B, Alta Habana, La Habana) cuenta que hace unos meses, se creó  en los alrededores del Hospital Nacional Enrique Cabrera, en ese barrio, un parque con el servicio de conexión wifi.

Entonces, unos trabajadores por cuenta propia vinculados a la actividad de Etecsa, como agentes de telecomunicaciones, abrieron un quiosco aledaño para la venta de tarjetas y otros servicios, con un alto grado de profesionalidad.

Y ahora, señala, resulta que el Gobierno de Boyeros mandó a cerrar el quiosco, bajo el argumento de que su presencia no se justifica.

«Ahora sí los ilegales tienen el campo libre para sus tropelías, vendiendo tarjetas a sobreprecio y ofertando el Connectify a sobreprecio también.

«Creo que urge un llamado al Gobierno de Boyeros al respecto. Yo uso el wifi muy a menudo y me molesta que me ataquen con propuestas ilegales. Además, ahora no tengo a quien preguntar cuando tengo una duda», concluye Luis.

 

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