Acuse de recibo
Preocupa la insensibilidad con que ciertos funcionarios asumen la política estatal para proteger a los más desvalidos. Al final, lo que es una medida solidaria, cuando se soslaya injustificadamente se vuelve como un bumerán y propicia falta de credibilidad.
Ese fue el caso de Rafaela del Carmen Martín Hernández, una jubilada por enfermedad con artritis reumatoide, fibrosis pulmonar, diabetes mellitus y padecimientos de la tiroides, con escasos recursos económicos y dos hijos que mantener: uno en el servicio militar y otro estudiante.
Residente en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, ella contaba el pasado 17 de febrero que el 7 de junio de 2013 solicitó subsidio para reparar su casa, bajo placa que se filtra y se le han caído trozos. Con paredes rajadas y la escalera desbaratada.
A los 15 días la visitó el arquitecto de la comunidad, y dos días después la trabajadora social. Ahí comenzó lo que denominó el calvario…
Reiteradamente ella visitó a la funcionaria que atendía subsidios en la Dirección Municipal de la Vivienda. «Siempre era un cuento diferente —afirmaba—; buscaba mi nombre en la computadora y me decía: —No, todavía no se ha aprobado… Cuando casi llevaba dos años de espera, le pregunté el porqué de la demora, y me dio una respuesta nada convincente: que la arquitecta no había entregado el informe técnico».
Así, le decía: Ven mañana, ven la semana que viene. Pero nunca podía hablar con la funcionaria. Le decían que estaba ocupada.
Fue a ver a la funcionaria que atiende Subsidios en el Gobierno municipal, la cual la buscaba en la computadora, y no aparecía. Entonces le decía que hasta que Vivienda no pasara su expediente no podían hacer nada.
Refería Rafaela que cambiaron a las personas que atendían subsidios, y allá fue una vez más: en los expedientes había uno con su nombre, pero era una copia; no sabían dónde estaba el original. La nueva funcionaria le respondió que se responsabilizaba con los expedientes solicitados a partir de que comenzara allí. De lo anterior nada sabía…
Al respecto, el 10 de mayo respondió Darién Real Suárez, vicepresidente en funciones de Construcción y Vivienda del Consejo de la Administración Municipal (CAM) en San Miguel del Padrón, que en 2015 ese órgano evaluó 405 solicitudes de subsidios, en su mayoría de 2013, de las cuales se aprobaron 259, y se denegaron 146. Así se ejecutó el total del financiamiento aprobado: 10 281 933 pesos. Y al cierre de 2015, precisa, quedaban 1 861 expedientes pendientes.
En cuanto a Rafaela, una de las solicitantes en 2013, se localizó el expediente. Se comprobó que al momento de la solicitud y hasta la fecha, ella ostenta título de arrendataria de su inmueble. Ello motivó que su caso fuese archivado, pues entonces los arrendatarios y usufructuarios no eran beneficiados con subsidios.
Pero por negligencia e irresponsabilidad de los funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda, añade, Rafaela no fue notificada con una respuesta al respecto. Y posteriormente, a raíz del Acuerdo 48 del Consejo de la Administración Provincial (CAP), se reconsideró subsidiar a arrendatarios y usufructuarios, «etapa en la que pudo haberse orientado a este y otros casos en similares condiciones la modificación y el procedimiento a seguir». (Más claro ni el agua).
Apunta que a raíz de lo publicado el Departamento Técnico de la Dirección Municipal de la Vivienda y la Sección de Trabajadores Sociales de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social reevaluaron el caso, merecedor del subsidio, y se le ofrecieron disculpas a Rafaela.
Con tal motivo, Darién, junto a las directoras municipales de Vivienda y Trabajo, la visitó. Se valoró la propuesta de sustitución de la cubierta por una ligera de fibrocemento, a partir de lo establecido por el mismo Acuerdo 48 del CAP: a los titulares de arrendamiento o usufructo se les garantiza hasta un monto de 11 000 pesos.
Al final, confiesa que «las personas responsables de no haberle notificado en aquella fecha y convocarla cuando salió la nueva regulación, no están vinculadas actualmente al Sistema de la Vivienda, por movimientos producidos en este período».
Agradezco la respuesta. Y pregunto hasta cuándo habrá irresponsables dejando estelas de daños a su paso. ¿Dónde estarán hoy, atendiendo o desatendiendo a quién, esos insensibles que olvidaron a unos cubanos necesitados? Lo otro es que las direcciones de la Vivienda y de Trabajo en el Municipio, y hasta el propio Consejo de la Administración Municipal, estaban en el deber de controlar la marcha de algo tan sensible como la solicitud de subsidios, a raíz del Acuerdo 48, que abrió las posibilidades.