Acuse de recibo
Más de 30 años lleva el tunero Jorge Luis Rodríguez Estrada (calle Sabino Pupo No.8, municipio de Manatí) trabajando en la salud cubana. Por eso, entre otras cosas, no comprende las dificultades que ha debido enfrentar desde que sufriera un accidente de trabajo el 21 de agosto de 2010.
Cuenta Jorge Luis que ese día tuvo un desprendimiento de retina mientras laboraba como paramédico integral. Fue operado el 13 de septiembre del mismo año y ahí comenzó la odisea. Lo declararon «disponible» estando con certificado médico, supuestamente amparados en una resolución (35/10, del MTSS) que, según afirma el lector, ya estaba derogada, pues la vigente era la 34/11.
Ante la inoperancia del Órgano de Justicia Laboral (OJL) correspondiente, «se dispone que un OJL de la Agricultura realizara la vista que declara con lugar la reclamación el 8 de julio de 2014, y dispone resarcir mi afectación económica y la reincorporación a mi puesto laboral; sentencia cumplida parcialmente, al pagarme seis meses retroactivos, pero sin ubicación laboral», rememora el tunero.
«Dos meses después —añade— una Comisión de Recursos Humanos de Salud propone un cambio de labor, amparándose en un ¿certificado? que emitió una Comisión de Peritaje Médico sin mi presencia (?!), y que yo por supuesto desconocía y no acepté».
Luego de ser evaluado nuevamente, este vez sí de manera presencial, por otro equipo médico, «se determina que estaba completamente recuperado y que podía trabajar como paramédico, labor que en estos momentos realizo en el aeropuerto de Las Tunas, y que agradezco a la honestidad y valentía del actual director de Salud provincial», sostiene el remitente.
Sin embargo, apunta, todavía la sentencia del OJL, posteriormente impugnada por la Fiscalía en Las Tunas, sigue sin cumplirse en su totalidad. Y el trabajador demanda que le sea resarcido completamente el tiempo que estuvo sin trabajar por decisiones que él considera injustas.
En cualquier caso, más allá de la pertinencia legal del reclamo, y de lo que al respecto puedan aclarar los órganos judiciales, hay procedimientos erróneos, cuestiones no fundamentadas, sobre las que debería ahondarse en este caso. Para no ir más lejos: ¿cómo es posible que se declare disponible a un trabajador mientras posee certificado de salud? ¿Quién o quiénes son responsables por ello?
Cuando el espirituano Lázaro Yoel Rodríguez Guerra (calle 11na. No. 8, CAI Obdulio Morales, Yaguajay) supo que el dispositivo que iba a comprar no tenía garantía, pensó que se trataba literalmente de eso: sin garantía, pero no sin la mínima calidad. Sin embargo, la realidad se encargaría de escarmentarlo muy pronto...
La historia, narra el remitente, comienza «con la adquisición de una unidad de moto AEX 100 motociclo marca Viper, en la agencia Caibarién perteneciente a SASA, la cual adquirí al precio de 683,66 CUC el pasado 15 de mayo».
Ese mismo día, compraron allí unidades similares un total de 20 personas, refiere el lector, cinco de ellos del municipio de Yaguajay. Hoy, según ha sabido él, la mayoría de aquellos clientes no pueden utilizar sus motores, pues han presentado roturas en diferentes mecanismos.
«Aun cuando sabíamos que no tenía garantía el producto, confiamos en que al menos tuviera un período de vida útil.... Al cabo de un mes de uso se han roto casi sin posibilidades de solución y aun sin poder realizar los trámites ante la dirección de tránsito para legalizar dichas unidades de la moto», expresa.
¿Cómo se entiende que una entidad venda, al elevado precio de casi 700 CUC, dispositivos sin la calidad básica elemental? ¿No era más honesto y respetuoso con los clientes retirar de la oferta las unidades? ¿Quién responde por tamaño atropello?
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