Acuse de recibo
En su casa de calle 37, entre 30 y 34, en el municipio capitalino de Playa, María Teresa Victoria Mayor se hace muchas preguntas frecuentemente acerca de los orígenes de ciertas detestables costumbres que han proliferado en los sitios públicos. Y no siempre tiene las respuestas.
Pero hace poco, y mediante mecanismos de su memoria afectiva, María Teresa descubrió cierta conexión cuando, después de largo tiempo sin asistir a teatros ni funciones públicas por razones de su vida que no se lo permitían, decidió disfrutar junto a su hermana de una presentación del humorista y actor Omar Franco en el céntrico cine Yara, de la Rampa habanera.
Ambas hermanas rieron de lo lindo con el espectáculo y olvidaron tensiones y penas cotidianas. Pero cuando concluyó la función, e iban caminando por el pasillo del Yara, María Teresa se sobrecogió: a ambos lados, el piso estaba casi alfombrado de restos de envolturas, papeles, latas de cerveza vacías y cajitas ya consumidas de ron Planchao.
De improviso, recordó la misma sensación de hastío, cuando una tarde de domingo, hace ya bastantes años, llevó al Teatro Nacional de Guiñol a su pequeña, que hoy ya tiene 27 años.
Luego de disfrutar la excelente función madre e hija, tras los aplausos a los actores y sus títeres, María Teresa sintió vergüenza ajena cuando divisó en el piso, bajo las lunetas, un verdadero despliegue de bolsas, envases de golosinas, latas de refrescos y cajitas de jugo vacías. Todo un vertedero del festín gastronómico de adultos y pequeños mientras presenciaban la función.
María Teresa sintió la misma pena recientemente en el Yara. Y de súbito, se preguntó si muchos de los espectadores del espectáculo de Omar Franco no serían aquellos niños que hace bastantes años, en el Teatro Nacional de Guiñol, vieron a sus padres lanzar al piso los envases de cuanto engulleron en una función de títeres.
Arelis Alba Cobas (Calle 9 No. 16, Puente Miel, Baracoa, Guantánamo) supone que, por elemental lógica de garantía, en muchos trámites legales y de otro tipo se le entrega al cliente un comprobante que da fe de la solicitud, los documentos entregados a tal efecto y también del pago anticipado hecho por él a la institución.
«Es constancia para el solicitante —afirma Arelis—, que muchas veces ya ha pagado el servicio en efectivo o a través de sellos. También es garantía a los efectos del incumplimiento de los términos, pérdida de la documentación y otros imponderables imputables o no a los tramitadores».
Pero eso es lo que piensa Arelis, y algo muy distinto es lo que sucede en la Oficina de Trámites de Vivienda de Baracoa, según la lectora. Para conformar el expediente de diversos trámites, el cliente debe entregar la propiedad de su vivienda, sellos y otros documentos que previamente tuvo que gestionar y pagar, como el dictamen técnico, la certificación de tasación del arquitecto de la comunidad, el certificado de numeración de edificaciones y otros. Sin embargo, no recibe ningún comprobante que acredite que solicitó dicho trámite, en qué fecha lo hizo, el término de la tramitación y los documentos entregados.
Al preguntarles sobre el particular a especialistas y directivos de la Oficina de Trámites de Vivienda, la Dirección Municipal de la Vivienda y autoridades jurídicas del territorio, le han respondido que al revisar el reglamento nacional para ese tipo de oficinas, no aparece ninguna referencia a comprobante alguno que deba entregar la entidad al cliente.
La remitente hace unas cuantas preguntas:
«¿Es legal que el usuario de un servicio no tenga garantías fiables de su solicitud y el pago anticipado, y de la entrega de importantes documentos? ¿Qué respaldo tiene el cliente en caso de que no sea tramitada su solicitud, no se cumpla el tiempo del trámite, se deterioren documentos o se extravíe el expediente? Si el trámite se realiza directamente ante una persona —como regla, sin testigos presenciales—, ¿ante quién hacer la reclamación en caso de violación o incumplimiento?»
Aclara Arelis que su preocupación no responde a situaciones hipotéticas, sino a casos concretos denunciados por la población, sobre extravíos de expedientes, pérdida de documentos, violaciones de los términos y otros, para los cuales no hay una verdadera protección al cliente, lo cual, según sus palabras, «es una flagrante violación de los derechos legales».
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