Acuse de recibo
Algo ineludible como el cocinar con hornilla eléctrica, se ha convertido en un dolor de cabeza para Raúl Vázquez Santiago, quien vive en calle 4ta, No. 25, altos, entre A y B, en el reparto Ceferino Fernández, de la ciudad de Pinar del Río. Y lo cuenta en un estado de desesperación, por el bajo voltaje del servicio eléctrico en su zona, que se agudiza en las horas pico de la tarde-noche.
Entonces —precisa— deben prescindir del alumbrado en casi todo el hogar. Y aún así, el uso de la hornilla eléctrica ocasiona que disminuya más el voltaje. La cocción de los alimentos se torna demorada y sin la calidad necesaria, al mismo tiempo que se dispara el consumo eléctrico.
La situación, que padecen también otros vecinos, fue denunciada por Raúl en la reunión con el delegado del Poder Popular. En la posterior rendición de cuentas del mismo, la respuesta fue que la Oficoda había indicado censar en la bodega los casos con ese problema, para venderles keroseno.
Raúl fue a ver al administrador de la bodega donde compra y este le dijo que el procedimiento no era así. La nueva indicación era que la Organización Básica Eléctrica (OBE) debía emitir un dictamen que certificara el bajo voltaje. Y con ese documento, él debía dirigirse a la Oficoda.
El consumidor fue a la OBE y se entrevistó con quien atiende esos casos. El funcionario le dijo que era nuevo en el cargo y debía documentarse. Que volviera pasada una semana, aunque de todas formas le tomó los datos y le explicó que programaría la visita de algún inspector, para verificar in situ el problema.
Pero no se personó inspector alguno. Raúl acudió de nuevo, unos días después de lo convenido, y el funcionario le expuso que no tenía respuesta; que volviera poco después, y para entonces ya la iba a tener y enviaría la inspección.
El cliente volvió y el funcionario entonces habló por teléfono con alguien, y le dijo a Raúl que debía dirigirse al jefe de la OBE. Así lo hizo y este último le manifestó desconocer el procedimiento. Indicó a un empleado tomarle los datos a Raúl, y le dio a este un número telefónico para llamar, con vistas a recibir la ansiada respuesta.
«Realicé varias llamadas —afirma— y nunca me comuniqué con el compañero, solo con su secretaria. Así me encuentro hasta este momento».
Según averiguó el remitente, el problema es que esas viviendas se encuentran situadas al final del circuito eléctrico y reciben menos corriente porque no se ha instalado en esa área un transformador.
«Sé de la situación económica del país, y lo complicada que puede resultar una inversión, pero me parece que lo que atravesamos, más que con la entrega de keroseno, se pudiera resolver con la instalación del transformador que potencie nuestro circuito», concluye Raúl.
El 15 de diciembre, Jorge Luis Martell detectó un salidero del gas licuado y problemas serios en el regulador, en su casa, en calle 158, No. 8708, entre 87 y 89, La Lisa, en La Habana. Y al siguiente día los reportó.
«Me tomé la tarea de llamar en varias ocasiones a distintas personas de la Empresa de Gas Licuado —señala—, y no me ofrecen una respuesta razonable, sabiendo que tengo una niña de solo tres años de edad con fiebre y una familia que alimentar. Gracias a los vecinos, que nos han ayudado».
Argumenta el cliente que él tiene un contrato legal con la Empresa de Gas Licuado, que establece un plazo de hasta 72 horas para las reparaciones. El 19 de diciembre, cuando él escribió a Acuse, ya llevaba 120 horas sin solución.
Ese mismo día llamó a la Jefa del Departamento de Reparaciones, y la respuesta fue que debía esperar, pues tienen un solo transporte.
«Me pregunto —señala Jorge Luis— cómo podemos solucionar estas deficiencias tan serias con el gas licuado, tan peligroso, y tan necesario para elaborar los alimentos».
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