Acuse de recibo
Los problemas de calidad en las inversiones, tan señalados por el Gobierno cubano, tienen rostros. El 23 de marzo de 2012, contaba aquí el doctor Pedro Soto Monduy que, tras cumplir misión médica en la hermana Venezuela, se le otorgó en 2009 un apartamento en el Edificio 12, del Microdistrito 5, reparto Hermanos Cruz de la ciudad de Pinar del Río.
Apenas Soto estrenó la casa, ya presentaba filtraciones. Comenzó a reclamar a la brigada que construyó el edificio. Y tuvo que esperar bastante, para que la misma realizara reparaciones menores, que no solucionaron el problema.
Las filtraciones invadieron todo el edificio, y en enero de 2010 los vecinos comenzaron sus gestiones. Transcurrió un año y nada se resolvía. En enero de 2011 volvieron a la carga. Ya en marzo de ese año se reparó una parte del edificio, en la cual no figuraba el apartamento de Soto. Y concluyeron «la reparación» el 9 de mayo de 2011, con la promesa de que la brigada retornaría a completar el trabajo, promesa que nunca se cumplió.
Entonces, Soto y su esposa encararon el asunto. Y en el Grupo Empresarial de la Construcción en Pinar del Río, Waldo Fuentes, quien atendía el programa de viviendas de médicos colaboradores, al fin los atendió luego de siete intentos fallidos. Les dijo que «ese problema no tenía que ver con él, sino con Vivienda», según Soto.
A mucha insistencia, Waldo visitó el apartamento, comprobó el desastre y los remitió a la Dirección Provincial de la Vivienda. Pero la entonces Directora no pudo atenderlos. Fueron remitidos a Oscar Yumar, director de la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV). Este los visitó el 5 de diciembre de 2011 con el Subdirector de Inversiones y la Jurídica de la UPIV.
A los dos meses, el Subdirector de Inversiones les aseguró que desde el 5 de diciembre había dado los recursos para solucionar el asunto, y no sabía qué había sucedido.
Ante tanto irrespeto, la esposa de Soto fue el 20 de marzo de 2012 a la UPIV, y Yumar ya no era Director de esa entidad, sino de la Vivienda Provincial. Le orientaron ir a esta última. Cansado, Soto me escribió: «Estamos en un laberinto sin salida y no sabemos qué hacer».
Al respecto, responde Mariano Cruz, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP) de Pinar del Río, que la comisión investigadora comprobó las deficiencias constructivas que presenta el apartamento. Y señala que existe reclamación de la UPIV, con fecha 30 de septiembre de 2011, a la Empresa de Servicios Ingenieros, «por las irregularidades y falta de calidad en la ejecución de estas viviendas. Y posterior a ello, demanda ante el Tribunal Provincial Popular a la misma entidad, con la cual tiene contratado el servicio de certificación de calidad de obra».
Precisa que «se reconoció por el funcionario del Micons Waldo Fuentes, y por Oscar Yumar Alfonso, director de la UPIV en aquella fecha, que conocieron de la queja de Pedro Soto Monduy y su esposa Bertha Vivian Gil Figueroa, el primero de ellos en octubre de 2011, cuando visitó el inmueble y le informó a los propietarios que correspondía a la UPIV definir el financiamiento para realizar las acciones previstas para solucionar los problemas presentes. Oscar Yumar la atendió el 3 de diciembre de 2011 y la visitó el 5 del propio mes con José Luis, evaluando el asunto con la empresa constructora. Faltó control y seguimiento del caso por ambas entidades».
Afirma que «lo comprobado en el caso es un ejemplo de las dificultades que hoy están presentes en el proceso inversionista. La falta de calidad en la terminación de las obras es un asunto no resuelto, el cual requiere mayor control y exigencia de los inversionistas y las propias empresas constructoras».
Y apunta que «la Comisión de Cuadros del CAP analizó la responsabilidad individual de los dos funcionarios, el Director Provincial de la Vivienda y Director de la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda, aplicando las medidas disciplinarias correspondientes. De igual manera se procedió por la Comisión de Cuadros del Grupo Empresarial de la Construcción en Pinar del Río, con los responsables de las deficiencias comprobadas».
Concluye informando que la empresa constructora asumirá la solución de los problemas de terminación de ese edificio. Y uno se pregunta, después de tantos olvidos, peloteos y maltratos, y de los respectivos daños a la economía nacional, cuáles habrán sido «las medidas disciplinarias correspondientes» y cómo se pagará la angustia de los afectados. No tengo más espacio. Háganse sus propios juicios.