Acuse de recibo
Con el sudor del campesino no se juega, ni con la comida del pueblo. Por eso avergüenza que a estas alturas, cuando la producción de alimentos es prioridad y tarea estratégica de la nación, haya quienes la entorpezcan o desestimulen.
Desde calle 26 de Julio No. 109, en Jiguaní, provincia de Granma, el productor Miguel Rey Diéguez, integrante de la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Genaro Zaldívar, planta su árbol de protesta en el surco de esta columna.
Cuenta él que en octubre de 2010 vendió a dicha cooperativa 24,5 quintales de maíz, a 170 pesos el quintal. Y cuando fue a cobrar, «la junta directiva que se encontraba en funciones se quedó con el dinero; la presidenta de la CCS alegó que la Económica lo había cogido».
Asegura el remitente que en similar situación se encuentran otros campesinos, como Juan Reyes, a quien le deben el importe de 31 quintales de maíz. A otro cooperativista no le han pagado unos chivos.
Asegura Miguel que ha realizado numerosas gestiones para cobrar el dinero, pero todas han sido infructuosas. Lo más preocupante es que tal situación es de conocimiento de la ANAP municipal y la Delegación Municipal de la Agricultura.
Según supieron, el caso fue puesto en manos de Fiscalía. Les indicaron que contrataran un abogado. Y cuando acudieron al Bufete, precisa, les informaron que el servicio tenía un valor de 415 pesos, aunque la gestión no diera el resultado esperado.
Añade el campesino que la dirección de la CCS fue cambiada y presentada la nueva directiva ante los cooperativistas, sin la presencia siquiera de funcionarios de la ANAP que, dicho sea de paso, tampoco ha dado ninguna respuesta al asunto.
«Confío en que esta vía sirva una vez más para resolver los problemas que nos aquejan a los campesinos que todavía nos empeñamos en contribuir a la alimentación del pueblo, pero que no podemos permitir que nuestros derechos se pisoteen».
El pasado 7 de febrero, Anacilda Fuentes contaba que a su hermano Juan Enrique, impedido físico con retraso mental y residente en Niquero con su mamá, nunca se le hizo carné de identidad. En la oficina correspondiente les planteaban que la identificación del mismo transitaba por el número de carné de identidad de la madre.
En Trabajo y Seguridad Social del territorio se le aprobó a su hermano una chequera de beneficiario de la Asistencia Social, pero no se la acababan de dar porque él no poseía carné de identidad.
Solicitaron el carné de identidad de Juan Enrique, y el abogado del Bufete Colectivo les explicó que habían elevado el caso al Tribunal, por lo cual había que esperar el veredicto. Toda la documentación fue a Bayamo. Pero mientras llegaba el fallo judicial, ya sumaban tres meses y no se había podido cobrar la chequera.
Al respecto, responde el coronel Juan López Acevedo, jefe de la Dirección de Identificación y Registro del Ministerio del Interior, que «en cuanto al planteamiento de que la identificación del incapacitado transitaba por el número de identidad de la madre, ese fue un procedimiento que tuvo vigencia hasta el año 2003, fecha en que se modificó, por considerarse que las personas con esas características tienen derecho a poseer su propio documento, siempre que exista el pronunciamiento legal de un tribunal que certifique su estado, y reconozca al tutor, según lo dispone la Ley».
En lo que concierne a la Oficina del Carné de Identidad, manifiesta que «no era posible buscar una salida intermedia, pues ese documento es el único en el país, jurídicamente refrendado, que establece la identidad del ciudadano, cuya expedición y entrega en estos casos requiere de un mínimo de requisitos legales (Auto Declaratorio de Incapacidad y Legalización del Tutor)».
Refiere que los representantes de Identificación y Registros en Granma han realizado gestiones con las instituciones correspondientes para ayudar mientras tanto a la madre del incapacitado, la cual planteó no tener quejas sobre el proceder de la Unidad Municipal del Carné de Identidad de Niquero.
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