Acuse de recibo
Aún anda en el candelero el caso de Pedro Vega, chapeador de áreas verdes de Servicios Comunales en el municipio camagueyano de Guáimaro, reseñado el pasado 12 de julio bajo el título Chapear bajito.
Con una digna obra de más de 25 años en el sector, Pedro denunciaba que el 20 de enero de 2011, estando él ausente por enfermedad, Sucel Martínez, jefa de Recursos Humanos de la entidad, midió las áreas para ajustar la labor de cada quien, sin previo aviso y sin reunir a los trabajadores para escuchar sus criterios y sugerencias. Los obreros le sugirieron que delimitara el área de Pedro, para cuando se incorporara. Y ella dijo que, por jefa, quitaba y ponía.
Señalaba Pedro que, al incorporarse, la Jefa de Zona le negó el derecho a firmar la tarjeta de entrada y salida durante marzo, mes que no le fue pagado.
Él se dirigió al director municipal de Comunales, al secretario general de la CTC en Guáimaro; y a la secretaria general del Sindicato de la Administración Pública a nivel municipal, entre otros. Todos le orientaron que reclamara al órgano de justicia laboral de base (OJLB). Así lo hizo el 31 de marzo pasado. Y cuando me escribió, aún no tenía respuesta alguna.
El pasado 10 de agosto Norberto Antonio Fernández, quien era subdirector provincial de Servicios Comunales, respondía aquí que él fungía como director en funciones de esa entidad en Guáimaro, en sustitución de Ernesto Fernández, a quien se le aplicó la medida cautelar por 30 días, hasta que el Consejo de la Administración Municipal tomara el acuerdo definitivo.
También reseñaba el análisis crítico hecho en reunión con el Consejo de Dirección de Comunales en Guáimaro, y otras medidas tomadas por la desatención al reclamo de Pedro: se demovió de su cargo por un año al subdirector municipal de Comunales, y se separó definitivamente del suyo a Sucel Martínez, la jefa de Recursos Humanos; entre otras demociones y amonestaciones de diferentes funcionarios.
Ahora responde también Carmen Rosa López, miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, que una investigación hecha en el terreno por Claritza Reyes, miembro del Secretariado Nacional del Sindicato de la Administración Pública, arrojó otras violaciones no menos graves en esa entidad de Comunales, que entorpecían el normal desarrollo del trabajo.
Se confirmó que el sistema de pago aplicado no fue discutido con los trabajadores, y que la jefa de Recursos Humanos delimitó las áreas sin previa consulta con ellos, que son en definitiva el ente fundamental. Además, no se le pagó a Pedro el mes de marzo, el cual laboró aunque no en su área. Fue en julio que se hizo, de manera retroactiva. Y se detectó que la nómina no era confeccionada por un técnico.
Se reveló que la jefa de Zona de Comunales atiende cinco zonas, distantes unas de otras; lo que impide que se puedan comprobar realmente las áreas, para luego llevar a cabo la evaluación mensual de los trabajadores.
Señala que al trabajador le asisten todos los derechos en el asunto, respuesta que se le dio personalmente por parte del Sindicato Nacional, en presencia de los comités provincial y municipal.
Se acordó también una revisión de los sistemas de pago de Comunales tanto en Guáimaro como en el resto de los territorios, de manera que coadyuven a que el trabajador gane por lo que hace y no se violen sus derechos.
Y se solicitó al Secretariado del Comité Provincial del Sindicato de la Administración Pública, que aplique la medida disciplinaria correspondiente a Daymí Prendes, secretaria general del Comité Municipal del Sindicato en Guáimaro, por no prestar la atención que el caso requería.
Agradezco la investigación del movimiento sindical, que arrojó más elementos de peso. Sí, porque detrás de una arbitrariedad, hay malas hierbas que chapear bajito, y raíces enfermas y profundas por arrancar de cuajo.
Y saludo el compromiso hecho con esta columna por Carmen Rosa López, miembro del Secretariado Nacional de la CTC, de que esa organización está dispuesta a investigar desde su óptica casos laborales similares, y respondernos.
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