Acuse de recibo
María Julia Moreno (Avenida 17 No. 1708, El Copey, Madruga, La Habana) es una mujer sensible. Lamenta que en Cuba aún no exista una Ley de Protección de Animales, que preserve a esas criaturas del maltrato por parte de los humanos, los únicos racionales de este reino de la vida.
Ella observa cómo han proliferado esas brutalidades en ciertas personas. Y lo ejemplifica en la manera en que se hace la recogida de los perros callejeros. Ha presenciado la brutalidad con que trabajadores de Zoonosis realizan esa operación en nombre del «saneamiento»:
Ante los ojos de los transeúntes, incluidos los niños, agarran los canes por la cola, les dan dos o tres vueltas para coger fuerza, y los lanzan dentro del vehículo.
La lectora ni mucho menos niega la necesidad de las recogidas de perros callejeros que, abandonados por sus amos, son vectores de enfermedades. Pero cree que la solución de exterminarlos, y de esa manera violenta, no puede ser la victoria de la razón y el corazón.
Precisa esta defensora de los animales que debía asumirse este asunto de manera preventiva. Lo primero es que en cada localidad debía hacerse un censo de los perros en domicilios, y con ello exigirse a sus dueños la obligatoriedad de responsabilizarse con sus mascotas.
También se adhiere a quienes, en esta misma columna, han defendido la importancia de las campañas de esterilización para contener la proliferación de perros callejeros. Y defiende que, sobre todas las cosas, se erijan normas jurídicas que obliguen a los ciudadanos y a la sociedad toda, a respetar la vida y la integridad de los animales.
De un plumazo, alguien te borra de una lista de pacientes solicitantes. Entonces ya no cuentas. Naufragas en el mar de los olvidos, como le sucedió a Mercedes Verdes (Calle 47 No. 3415, Reparto 26 de Julio, Nueva Gerona, Isla de la Juventud).
Cuenta la lectora que desde 2007 solicitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado el servicio hidráulico y sanitario. A un año del trámite y sin respuesta alguna, se personó en las oficinas de la entidad y ¡Oh, sorpresa!: ya su nombre estaba borrado de la lista. Aparecía como trabajo terminado.
Reconocieron que fue un «error» de la empresa. Le prometieron que la visitarían, pero a los 15 días nadie había tocado a su puerta. Entonces repitió su visita, y ya el trato fue irritante.
Mercedes acudió a Atención a la Población del Gobierno municipal, y la funcionaria, llamada Esperanza, le dio esperanzas a la solicitante, por el interés que tomó en su caso. Hizo varias llamadas solicitando se diera respuesta y atención.
Pero de entonces a acá han transcurrido dos años. Y sin respuesta.
En la carta de Mercedes asoma otra preocupación: el estatus actual de su vivienda y la apreciación que sobre el mismo pueda haber en el territorio. La casa tiene licencia de construcción desde 1992, pertenece a aquellas que se ha levantado con esfuerzo propio y aún permanece inconclusa.
Sin embargo, un día, recuerda, fue a comprar los azulejos que le correspondían por su expediente, y ya no aparecía en la lista. El técnico de Vivienda le informó que el inmueble aparecía en el grupo de las que habían dado como «terminadas».
Luego de quejarse ante Vivienda municipal, fue un técnico a su casa e hizo la revisión de los documentos. «Hoy sigo esperando por estos compañeros».
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