Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Un tanque de ácido clorhídrico estuvo diez años agrediendo a la comunidad del reparto Julio Antonio Mella, Bartolomé Masó, en Granma. Lo reflejamos el pasado 13 de febrero, por la denuncia de Yolanda Pérez, residente allí.

Ella aseguraba que llevaban los diez años quejándose en asambleas de rendición de cuentas por lo «ácida» que resultaba la convivencia con el depósito: perdieron techos de viviendas, y se destaparon afecciones de asma bronquial y patologías en la piel de varios residentes.

Decía más: los daños habían sido comprobados por la Dirección Municipal de Salud, Higiene y Epidemiología, el Gobierno municipal y la Empresa Comercializadora del Ministerio del Azúcar (MINAZ) en Granma, esta última la propietaria del dichoso tanque. Pero todo seguía igual.

Ahora responde Mario Pavón, jefe de la Oficina de Atención a la Población del Grupo Empresarial Agroindustrial del MINAZ en Granma, quien manifiesta que, con motivo de la queja publicada, se celebró una reunión el pasado 5 de marzo en la Empresa Azucarera Bartolomé Masó, en la cual participaron el director general de la misma, el director general de la Empresa Comercializadora del MINAZ en Granma, y el propio Pavón.

Como el tanque pertenece a la Empresa Comercializadora del MINAZ en Granma, allí el director general expuso que a principios de febrero pasado, atendiendo a reiteradas quejas de la población, una comisión del Partido en el municipio le exigió respuesta.

Y se acordó sellar con una junta de goma la tapa superior del tanque, para evitar escapes de gases, y al mismo tiempo hacer un sistema de respiradero o escape de gases para la tierra y no para la atmósfera, de manera que se evite el impacto en la población aledaña.

Se decidió cortar el suministro de ácido clorhídrico a ese tanque, y solo utilizar el que queda en el mismo en las limpiezas del ingenio, hasta quedar en cero. Entonces, se trasladará el recipiente para otro sitio con mayor seguridad.

Acordaron inspeccionar el resto de los tanques en los centrales granmenses, para evitar situaciones similares. «Con las medidas adoptadas —concluye— quedan solucionados los problemas que se presentaron en este caso».

Se agradece la solución, pero cualquier lector se estará preguntando lo mismo que este redactor: ¿Por qué ahora? Durante los diez años que los vecinos protestaban por el tanque, ¿no pudo atenderse con la misma acometividad? ¿Por qué antes no y ahora sí? Más allá del tanque, uno se cuestiona el porqué desconocen una demanda de la población continuadamente, y un buen día, espoleados ya sea por una publicación o por indicaciones superiores, en una reunión deciden resolver. Ácidas morosidades: queman y horadan la confianza ciudadana.

El pasado 31 de enero inserté la denuncia de Rolando Díaz, del apartamento 31 del Edificio 695, en el barrio capitalino de Alamar: los vecinos del inmueble llevan más de 12 años luchando para que reparen, o les ayuden a salvar las escaleras del deterioro galopante que presentan. Hay prioridades inevitables, pero de no reparar a tiempo lo que aún tiene solución, un día ellos también figurarán en la lista de los sin casa. Esa es la esencia de su carta.

Al respecto, responde Ivette Pérez Vuelta, directora de la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV) de Ciudad de La Habana, quien reconoce el acelerado deterioro de los edificios en esa barriada, y aclara que el país, con sus limitaciones, intenta con el nuevo Programa Constructivo atender, en la medida de sus posibilidades, la mayor cantidad de acciones emergentes «que ayuden a minimizar el deterioro galopante de una infraestructura que careció de un planificado mantenimiento».

Pero precisa que los planes de conservación y rehabilitación priorizan en mayor escala las acciones de impermeabilización. «Y se ha establecido un aparte al tema de las escaleras y los tanques de abasto a sustituir. Es La Habana del Este el territorio donde hoy se concentrarán en mayor medida esas acciones, por el cúmulo de edificios que presenta».

Refiere que incluyen lo relativo a las escaleras, incluso en la preparación de moldes para nervios. Y el Instituto Nacional de la Vivienda trabaja en garantizar gradualmente recursos y tecnología para salvar lo acumulado.

En cuanto al edificio en cuestión, comprobaron que ha recibido acciones de impermeabilización, pero lo crítico es la escalera. No obstante, significa que tras los huracanes, hay limitaciones en el balance de recursos que impiden avanzar más en acciones de rehabilitación. Aun así, en escaleras y sustitución de tanques, están identificados problemas y prioridades. «Es un problema inmenso que iremos atajando. Hoy son muy modestas las cifras que garantizamos, pero existe la confianza de que iniciamos para no parar», concluye Ivette.

Bien, al menos lo que pueda acometerse por ahora, que se haga con orden y justicia. Y con calidad.

La otra mirada

Neuris Bárzaga (Calle Séptima número 23 A, El Jobo, Sagua de Tánamo, Holguín) escribe con dolor, porque su hijo de 11 años es un caso muy delicado, que requiere otra mirada.

El pequeño padece una glomerulopatía crónica severa, con tratamiento de Prednisona, Enalapril, Meclizine y otros medicamentos. Debido a la Prednisona, sus poros se dilatan, y lo hacen vulnerable a cualquier infección.

Por prescripción médica, eliminaron del hogar todo tipo de animales, pero de nada ha servido, pues viven en una comunidad bastante hacinada, en una vivienda dividida, en una parte pequeña de un solo cuarto inacabado. Y los vecinos crían cerdos, perros y aves en ese pequeño espacio que el niño está obligado a compartir. Por orientación médica debe permanecer en una habitación para él solo, y con adecuadas condiciones higiénicas.

La enfermedad fue diagnosticada en diciembre de 2007, y se les orientó entregar el certificado médico al delegado del Poder Popular y a los trabajadores sociales para que les ayudaran a mejorar la vivienda. Se les anotó en una lista, en la cual supuestamente ocuparían el número 1, para los materiales de construcción que entrarían en el 2008.

Pero la delegada del Poder Popular  no ha podido darle seguimiento al caso. «Luego vinieron los huracanes y la situación de los materiales se puso más difícil —apunta Neuris—, pero mi hijo está a un paso de una insuficiencia renal sin retroceso».

Dice que acudió al Sistema de Prevención y Atención Social, y lo atendieron como un caso más: lo remitieron al presidente del Consejo Popular. Y este le dice: «El niño no aparece en ningún listado... No se están dando ese tipo de reparaciones... Vamos a ver en qué te ayudamos».

Neuris reflexiona: «Puede estar seguro que si yo pudiera resolver por cuenta propia, ya tuviera mi cabeza tranquila sobre la almohada en las noches, y no la aflicción de ver a mi hijo cada vez peor, sin poder hacer nada».