Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Yumurí Díaz Pérez me escribe desde Calle Tercera sin número, en Palmarito de Cauto, municipio Mella, en la provincia de Santiago de Cuba. Y lo hace para narrar lo que ella denomina como «mi triste y desesperada historia».

Refiere que un día se decidió construir en su localidad una instalación de uso social, en un terreno frente a su domicilio. Y como la vivienda de Yumurí estaba en pésimas condiciones, el Gobierno local mandó a demolerla para construirle en su lugar una casa de bajo costo.

Ella se albergó en el hogar de una compañera, hasta que un día ya tuvo que salir de allí. Fue a Vivienda municipal y planteó su situación. «A mucho rogar me asignaron unos bloques y cemento para que hiciera un cuarto en el mismo terreno hasta tanto se construyera la vivienda prometida.

Asegura que cuando reclaman por la conclusión de los trabajos les dicen que la brigada hubo que trasladarla a otras obras más importantes.

El cuarto temporal de la lectora tiene piso de tierra y está en bajada. Cuando llueve, el agua penetra y lo inunda todo. En esas condiciones ella vive allí con su mamá y sus dos hijas. Con una lógica aplastante, la angustiada mujer pregunta: «¿Por qué entonces no me dejaron en mi pequeña casita hasta que tuvieran las condiciones para ayudarme?».

Las autoridades locales hicieron un compromiso con esa ciudadana. Y los compromisos deben cumplirse en tiempo y forma. Mucho más en algo tan serio: el techo de alguien.

Un caso similar es el que relata Luis Gustavo González, profesor de la Universidad de Granma, y vecino de calle 16ta., módulo 5to., entre 11 y 13, reparto Guiteras, en la ciudad de Bayamo.

Cuenta que luego de vivir albergados muchos años, a un grupo de profesores de la Universidad de Granma, entre los cuales estaba él, se le asignaron en 1999 viviendas en el reparto Micro V de esa ciudad.

Increíblemente, a los dos años de construidas hubo que demoler cuatro de las casas por el deterioro que presentaban. Y en 2003, los moradores de las ocho restantes, ya en estado crítico, iniciaron trámites en la Dirección de Vivienda y el Gobierno. El inventario de las desgracias es amplio: el piso se ha levantado y las paredes se han separado, además de perder el repello. Las columnas se han hundido...

Se nombró entonces una comisión, la cual los visitó y dictaminó la demolición de las mismas. Pero lo más penoso es que todavía continúan esperando. Y se cruzan muchos rumores en torno al destino de sus hogares: que si van a demoler, o a reparar; que si les van a asignar materiales...

Para colmo, ninguna autoridad se ha reunido con estas familias para abordar el delicado caso.

«¿Quién paga esto?», pregunta Luis Gustavo. «¿Qué economía se da el lujo de hacer casas para dos años de duración? ¿Quién controla la calidad de las empresas que han construido esas casas?».

Con sobrado fundamento, ese profesor solicita que los saquen de la incertidumbre en que están viviendo y de las molestias que les han causado.

Me escribe también Virgen María Ryan, de Crombet 563 en San Luis, Santiago de Cuba: En 1999, como parte de un proyecto cubano-español para construir 50 viviendas en su zona, fue demolida la casa de la remitente, que era de mampostería y con cuatro habitaciones.

Virgen no estaba muy de acuerdo, pero le argumentaron que había que hacerlo, porque su vivienda desarmonizaría con el conjunto. Y fue cuando, luego de la demolición, le hicieron un cuartico con piso de tierra y forrado de zinc. Parecía que iba a ser algo provisional, pero aún la mujer sigue viviendo en esas condiciones, con un hijo enfermo.

Ha clamado porque cumplan con ella como ella cumplió; ha visto a las autoridades del territorio: Gobierno, Inversiones de la Vivienda. Y le venden los materiales, a más de que le dicen que su caso pasó a «movimiento popular». Es decir: tiene que construirla ella por sus propios medios. ¿Por qué?, pregunta Virgen.