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Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República de Cuba Autor: Maykel Espinosa Rodríguez Publicado: 14/12/2022 | 11:22 pm
Después de un intenso y amplio proceso de consulta popular y a nivel institucional, durante el 10mo. Período Ordinario de Sesiones de la 9na. Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular los diputados aprobaron este miércoles la Ley de la Fiscalía General de la República de Cuba.
Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República de Cuba, precisó que la nueva norma contiene modificaciones recogidas en la Constitución, visibiliza a la Fiscalía como unidad orgánica indivisible, con independencia funcional y, además, identifica los principios rectores de defensa del Estado socialista de Derecho y justicia social, la supremacía constitucional, la legalidad, la unidad y jerarquía, la objetividad, la transparencia y accesibilidad, la celeridad y calidad, así como la profesionalidad, la responsabilidad y la ética.
Sustentada en la necesidad de actualizar la vigente Ley 83 de 1997, a partir de la aprobación de la Constitución de 2019, se introducen cambios necesarios en este cuerpo legal con el objetivo de desarrollar los preceptos constitucionales que corresponden a la Fiscalía.
Más del 70 por ciento de las propuestas hechas en cientos de comentarios se tomaron en cuenta para redactar esta ley, finalmente organizada en seis títulos y 17 capítulos, con 121 artículos.
«Reconoce el cargo de fiscal consultante, y para ello pueden designarse fiscales en activo y jubilados para contribuir en el asesoramiento, la docencia, la investigación e innovación. También refuerza garantías del proceso en el régimen disciplinario de los fiscales, mayor diversidad de medidas aplicables ante infracciones de la disciplina, durante el ejercicio del trabajo o en ocasión de este, y contempla la responsabilidad patrimonial del órgano con cargo a su presupuesto, cuando directivos, fiscales y trabajadores que aseguran la gestión de la Fiscalía causen daños o perjuicios a las personas por la omisión indebida en el ejercicio de sus funciones».
Añadió Peña Ojeda que esta ley regula la práctica institucional en materia de aplicación y desarrollo de la ciencia, la innovación, el uso de las tecnologías de información y comunicación, las telecomunicaciones y, sobre todo, respalda procesos de superación y capacitación de posgrado que realiza la Escuela Nacional de la Fiscalía General de la República.
«Se le concede, además, a la comunicación social un enfoque estratégico para salvaguardar el Estado socialista de Derecho y justicia social, y contribuir a elevar la cultura jurídica del pueblo y la preparación del público interno».
La nueva ley aprobada incluye gestión documental y archivística, sistema de gestión de la calidad; contiene patrimonio de la Fiscalía y remite su protección a la ley específica sobre la materia e incorpora las relaciones de trabajo con órganos, organismos, instituciones, entidades y organizaciones, promoviendo la cooperación y el intercambio con fiscalías, procuradurías generales, ministerios públicos, organizaciones jurídicas extranjeras y para la asistencia jurídica internacional.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, al presentar el dictamen, recordó que la Fiscalía tiene su fuente originaria en la concepción leninista, al verla como un órgano requerido por el poder revolucionario, al cual no pudieran acceder los Gobiernos locales y que facilitara la influencia y aplicación de los mandatos del Gobierno central y que fuera, además, centinela permanente que denunciara cualquier violación de la ley.
Resaltó la novedad de adicionar a sus funciones la referida al control de la investigación penal en nombre del Estado, lo cual debe garantizar el apego a la ley en esos procesos; y su subordinación al Presidente de la República por la independencia para su labor que ello implica.
