Acuse de recibo
Las incongruencias no deben aceptarse tranquilamente. Por eso nos escribe desde la punta de Cuba la licenciada en Enfermería Yamilé Barrios Martínez (El Cupey (s/n), Maisí, Guantánamo). Yamilé es madre de dos niños y sufre la desgracia de que el menor de ellos padece de la enfermedad celiaca, lo cual implica intolerancia a la proteína de la leche.
Yamilé y su familia han visto por los medios de difusión masiva reportajes en los cuales se habla de la elaboración de productos alimenticios para estos niños, entre los que se encuentran embutidos, dulce en almíbar, dulce de maicena, caramelos, galletas y sirope. Sin embargo, la dieta que llega a su pequeño comprende únicamente «maicena, pasta corta, harina de maíz, frijoles y arroz».
De acuerdo con la información de que dispone la mamá, en otras regiones del país se recibe un surtido mayor de estos alimentos, de ahí que en su carta se interese por conocer qué razones impiden hacer llegar una mayor variedad de ellos a los cuatro niños que padecen esta enfermedad y residen en el municipio de Maisí. ¿A qué obedece esto?
Igualmente le preocupa a la mamá «que si esta enfermedad es de por vida, ¿por qué a los 18 años les quitan la dieta?».
Yamilé Barrios espera respuestas que la esclarezcan al respecto.
Al dolor por la pérdida de su hermano, el 20 de junio de 2007, Estela Castilla Tamayo (bloque L-25, apto. 10, distrito José Martí, Santiago de Cuba) suma otro de esos sinsentidos que pueden perfectamente evitarse. Ocurre que su hermano era propietario de una finca urbana, de cuyo valor debía pagarse a su hijo menor, tras la muerte del papá, un 50 por ciento.
Ello —explica Estela— está respaldado por la Resolución 226 del 9 de marzo de 2011, del Ministro de la Agricultura. «A pesar de las gestiones hechas con Agricultura en el territorio, todavía no se cumple con lo dispuesto por el Ministro; no han respetado los derechos del menor y más cuando la madre quedó disponible después de 30 años de trabajo, cosa que también comuniqué a Agricultura». Ante la ausencia de respuestas, narra, «me dirigí nuevamente a la Fiscalía Municipal, a la ANAP (la carta no especifica a qué nivel), y nada», refiere la tía del pequeño.
A esta difícil situación hay que agregar que tras la muerte del dueño de la tierra esta se halla ocupada «de forma ilegal por un vecino que es propietario de una finca colindante con la de mi fallecido hermano», señala la remitente. Ella ha solicitado de forma verbal y escrita la extracción de este sujeto de allí y todo ha sido en vano.
«Han transcurrido los años y a nadie le ha preocupado la suerte del menor. Me pregunto: ¿quién hará justicia? ¿Quién hará cumplir lo dispuesto (…) que ha quedado como Resolución sin valor alguno? ¿Quién podrá reparar el daño que han causado a este menor?», pregunta la santiaguera.
Aprovecho que un caso de hoy tiene que ver con terminología legal para apuntar algo que ya hemos dicho en la sección. Hay quienes, en aras de hacer «más elevada», «bien escrita» o acaso «entendible» la misiva que nos envían, la llenan (o piden a terceros que se las llenen) de vocablos jurídicos, a veces mal empleados. Y lejos de aclarar, lo que terminan es oscureciendo totalmente el asunto que se cuenta. Por favor, lo más recomendable siempre es hacer el cuento. De principio a fin, como si lo estuviera narrando uno a un familiar o amigo, con los detalles imprescindibles y sin tanto embrollo. Nada mejor que entendernos «en buen cubano».
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