Acuse de recibo
Desde calle 10 No. 17, entre 23 y 31, en el antiguo central España Republicana del municipio matancero de Perico, escribe Lázaro Rizo para denunciar lo que considera una arbitrariedad laboral, que nada tiene que ver con el rigor con que debe aplicarse la reducción de plantillas en nuestro país.
Durante nueve años Lázaro laboró como cocinero en el politécnico Fabricio Ojeda de la localidad. Cumplió sus deberes sin recibir señalamientos ni presentar ausencias. Pero el 1ro. de julio se presentaron en su hogar el Director Municipal de Educación, el jefe de Organización del Trabajo y los Salarios (OTS) en esa dirección, y el Director del politécnico, para comunicarle que quedaba disponible.
El jefe de OTS le ofertó una plaza de sereno, por escrito, y verbalmente le adicionó las de jardinero y electricista. Lázaro preguntó por qué quedaba disponible, sin que le dieran una respuesta. El de OTS le dijo que podía hacer la reclamación al Órgano de Justicia Laboral de Base (OJLB).
El 4 de julio Lázaro entregó la reclamación al presidente del OJLB. Después, fue a la CTC municipal y allí le orientaron que debía hacer otra reclamación más integral, pues quedaban algunos argumentos que él no había considerado.
Ese mismo día conversó con la secretaria general del núcleo del Partido del centro, quien desconocía la situación. Al otro día, fue a la Dirección Municipal de Educación a entregar la nueva reclamación, y el jefe de OTS le respondió «de forma desagradable y prepotente» que no tenía derecho a entregar una nueva, conociendo que el trabajador tiene cinco días hábiles para hacerlo. Al fin, pudo entregar la mencionada reclamación con más elementos el 7 de julio.
Pero aquel mismo 5 de julio, Lázaro conversó con tres integrantes del Comité de Expertos del centro, quienes le aseguraron que desconocían la decisión de declararlo disponible; y lo certificaron por escrito. «Ello presupone —según Lázaro— que la comisión no estaba trabajando, y nunca se analizó por estas personas el caso de disponibilidad».
Lázaro se entrevistó el 6 de julio con el secretario general del sindicato y con el secretario general del comité de base de la UJC, y le transmitieron que no tenían conocimiento de su situación, cuestión por la cual se lo certificaron también.
El 18 de julio se reunieron con el afectado los directores del politécnico y de Educación municipal, el jefe de OTS y los integrantes de la comisión. El jefe de OTS le comunicó que estaba disponible, y le ofreció las mismas opciones de reubicación iniciales. Adujo que «existían algunos criterios de que en ocasiones la confección del almuerzo me quedaba malo»; algo que, según él, jamás le han señalado en la evaluación ni siquiera verbalmente. También le informaron que podía realizar la reclamación pertinente.
Añade el lector que ese mismo día fue a la CTC Municipal de Perico y casualmente se entrevistó con la compañera Oria, de la CTC provincial, quien atiende Educación; y ella le señaló que, de acuerdo a los hechos narrados, con él se realizó un incorrecto procedimiento, ya que se fue insuficiente a la hora de analizar con objetividad los parámetros de la idoneidad demostrada.
Hasta el día en que Lázaro me escribiera, no le habían dado respuesta a su reclamación. A fines de julio fue a cobrar su salario y las vacaciones acumuladas, pero estas últimas no se las pagaron, y tampoco le explicaron porqué. Posteriormente, el jefe de OTS le comunicó que no le pagaba las vacaciones pues él estaba inmerso en un proceso de reclamación. Lázaro se comunicó con la CTC provincial, y le manifestaron allí que, según lo que contaba, no entendían por qué no le pagaron las vacaciones, y le confirmaron que ese proceder era una violación de la legislación laboral.
«Todo ello —concluye— evidencia que existieron diversas violaciones laborales, tanto sobre la disponibilidad como el pago de mis vacaciones; por lo cual solicito que se adopten las medidas correspondientes al nivel que sea».
Un caso más de administraciones desbocadas en sus procedimientos. Si bien la reestructuración del empleo y el desinfle de plantillas es una necesidad de nuestra economía —por demás gradual, con tino y justicia—, su aplicación debe ser cuidadosa y fundamentada, siempre con un tratamiento humano. Aquí no pueden primar las improntas y los arrestos. La arbitrariedad, esa sí que debe quedar «disponible» para siempre en nuestro país.
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