Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 23 de septiembre esta sección acogió la denuncia de Ricardo Riera Espinosa, vecino de Velázquez 21, entre Infanta y San Joaquín, en el municipio capitalino del Cerro, acerca de un dilatado e irregular proceso con la adjudicación del servicio telefónico en ese territorio.

Riera precisaba que en marzo de 2007 comenzó el proceso de adjudicación de esas facilidades a los vecinos de Pilar-Atarés. Y fue en diciembre de ese mismo año que, según las listas situadas públicamente, supo Riera que a él y a otros vecinos les habían otorgado el servicio.

Pero cuando el lector me escribió, en septiembre de 2008, aún no se sabía a ciencia cierta nada al respecto, ni les habían brindado información por parte del Consejo de la Administración Municipal de por qué no se habían instalado los teléfonos.

Al respecto responde Maribel Guzmán Fabier, jefa del Departamento de Atención a la Población del Consejo de la Administración Municipal, quien señala que «el proceso de entrega de los listados con las personas que fueron beneficiadas con el servicio fue bastante dilatado, lo que provocó además demoras en la contratación en la instalación por parte de ETECSA».

Refiere que tal situación «no fue explicada en tiempo ni adecuadamente a la población por parte de la funcionaria que atendía la actividad; la responsabilidad ante esa falta de información recae lógicamente en el Gobierno municipal, por lo que ofrecemos nuestras disculpas a cuantas personas fueron perjudicadas».

Manifiesta Maribel que en la actualidad, luego de adoptarse varias decisiones tendentes a revertir la situación creada, «se observa que casi la totalidad de los beneficiados cuentan con el servicio instalado y un por ciento ínfimo se encuentra en la etapa de contratación».

Agradezco que ya vaya cerrándose tan dilatado proceso, porque fueron varias las cartas de personas beneficiadas, como Riera, que tampoco concebían por qué tanta demora y tanto silencio. Lamentablemente, no se explica en la respuesta por qué se dilató la revelación de los listados, que originó los demás encadenamientos; ni si se tomó alguna medida respecto a la funcionaria «que atendía la actividad».

Desde el edificio de 12 plantas sito en Santa Ana 753, apartamento 14, en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución, me escribe José Luis Cortés; y no precisamente El Tosco, el gran músico cubano. Y su carta revela el desconcierto de los vecinos de ese inmueble.

Resulta que desde junio de 2008 allí fueron desmontados los viejos ascensores, y en octubre de ese año quedaron instalados los nuevos, adquiridos en Rusia, como parte de un programa de sustitución de esos aparatos en los edificios altos de la capital, financiado por el Estado cubano con no pocos sacrificios.

Desde entonces los flamantes elevadores han presentado constantes problemas de funcionamiento, al punto de que UNISA, la entidad que los instaló, ha tenido que ir allí una y otra vez, pero las roturas y paralizaciones son constantes.

Refiere José Luis que los vecinos están muy confundidos y se hacen mil preguntas: Si son nuevos, ¿por qué tienen tantos problemas? ¿Es un asunto de calidad en la fabricación? ¿o hubo desperfectos técnicos en las labores de montaje? ¿Por qué vienen, aparentemente resuelven el problema y luego se paralizan otra vez?

«No se ha dado ninguna explicación a los vecinos por parte de UNISA, ni tampoco se ha tomado una decisión seria para resolver el problema definitivamente. Nuestro Estado vigila celoso cada centavo que gasta en beneficio de la sociedad, y esos equipos se compraron para satisfacer una necesidad vital, no para que ya estén rotos», manifiesta finalmente José Luis.