Acuse de recibo
«¿Qué vuelta con el vuelto?», dije una vez aquí, interpretando callejeramente la inquietud de muchos cubanos. Y nadie respondió entonces. Por eso ahora persisto, suscribiendo la carta de Marcos Pérez, vecino de Avenida 51, número 33804, Arroyo Arenas, municipio capitalino de La Lisa; sobre la escasez de moneda fraccionaria, que está afectando el bolsillo ciudadano.
Marcos dice que el síndrome de la falta de cambio, tan común en los ómnibus urbanos, ahora está extendiéndose a otros sectores como el comercio, la gastronomía y hasta muchas farmacias. Ya es común aducir que no hay vuelto. Y para colmo, últimamente hay sitios donde ni siquiera tienen billetes de baja denominación.
El fenómeno se agrava porque, como bien él refiere, últimamente en los pagos de salarios y en el de los pensionados en los bancos, predominan los billetes de 50 pesos.
Sería importante que el Banco Central de Cuba, por esta vía, respondiera a Marcos y a tantos compatriotas que sufren el problema. ¿Es un asunto de emisión monetaria o de comodidad de las entidades pagadoras y cobradoras? ¿No habrá también, en algunos sectores comercializadores y de servicios a los ciudadanos, «escaseces» artificiales de menudo y billetes de baja denominación, para «luchar» los «dineritos» que el cliente deja ya por impotencia?
La segunda carta la envía el director de ASTRO, Juan R. Blanco, en respuesta a tres demandas reflejadas en esta sección el pasado 26 de agosto. Y a todas las declara «con razón».
La primera es de María de la Caridad Lima, quien el pasado 12 de agosto viajó en la ruta La Habana-Los Arabos, y al llegar a su destino, la localidad matancera de Perico, no aparecían sus maletines. La pasajera había despachado el equipaje en la Estación Central, en la capital. Pero el despachador erró al apuntar el destino en los comprobantes, y los maletines fueron a dar a Cienfuegos.
Por coordinación a tiempo, ella pudo recuperar su equipaje. Y al despachador de la terminal capitalina, se le aplicó un descuento del 15 por ciento del salario de un mes.
El segundo caso es el de Arsenio Ortiz, residente en la capital: el pasado 16 de julio abordó, en la terminal de La Coubre, un ómnibus hasta Sancti Spíritus. Y en Matanzas hubo diez minutos de parada. Él consultó al chofer si podía dejar sus pertenencias a bordo para apearse, y aquel le dijo que sí. Bajó a tomarse un refresco, y la guagua se fue sin él.
Precisa Blanco que se investigó el hecho, y constataron que el boleto adquirido en La Coubre, de la empresa Viajero, «tenía una serie de alteraciones que debieron haber sido detectadas por la tripulación antes y durante el viaje, lo que hubiera impedido la comisión de una cadena de hechos que condujeron a la afectación al pasajero».
Comunica también que el cliente no pudo reconocer al tripulante en cuestión, y ASTRO se decidió por aplicar como sanción el descuento de un 15 por ciento de un salario mensual a toda la tripulación del ómnibus; y trasladar a la Empresa Viajero el caso, por la emisión de un boleto alterado, para que aplique las medidas correspondientes.
A Arsenio se le reiteraron las disculpas y se decidió indemnizarlo con 500 pesos.
La tercera reclamación es de José Cordero, de la capital, quien relataba que el pasado 18 de agosto, cuando su hija arribó a la Terminal de Ómnibus Nacionales, procedente de Batabanó, descubrió que su maleta no aparecía. En la oficina de Viajeros allí, le dijeron que a los equipajes de esa ruta no les ponen sellos para garantizar su identificación. Al final, apareció la maleta, y Cordero cuestionaba por qué en esa ruta no aplican el mismo sistema de tiques o sellos, para evitar tales situaciones.
Señala Blanco que se visitó al demandante y se le dieron todas las explicaciones, en cuanto a que el Ministerio de Transporte determinó que se proceda a ello por la entidad que administra la Terminal de Batabanó.
Agradezco a ASTRO que responda —como no lo ha hecho Viajeros—, no sin antes apuntar que en los tres casos de hoy subyacen problemas de disciplina y organizativos, que requieren un control sistemático, más allá de las socorridas sanciones administrativas, que no siempre erradican el mal de raíz.
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