Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Protección urgente y personalizada

Las personas jubiladas y los núcleos vulnerables son mirados con una lupa especial en la Tarea Ordenamiento. Se ratifica que nadie quedará desamparado

 

Autores:

Juan Morales Agüero
Mileyda Menéndez Dávila
Yahily Hernández Porto
Luis Raúl Vázquez Muñoz
Nelson Rodríguez Roque
Sailys Uria López

Desde mediados de diciembre pasado, el rostro de Desiderio Cisneros parece rejuvenecido. Y no es cuestión de cirugías ni de cosméticos. «Es mi pensión, ¡mi pensión!», profiere muerto de la risa este jubilado del Comercio mientras cuenta los billetes recién cobrados y aumentados. «Ahora podré pasar mucho mejor lo que me queda de vida».

Como él, más de 70 000 tuneros disfrutan ya del incremento establecido por el proceso de ordenamiento que se lleva a cabo en Cuba. Y, como él también, se regocijan por su aplicación. Cierto: esto no resolverá todos sus problemas. Pero, sin duda alguna, devendrá paliativo y acicate para enfrentarlos.

La camagüeyana Manuela Vernon Sánchez, de 65 años, vecina del barrio El Inglesito, fue favorecida con una prestación temporal de 2 060 pesos: «Me emocioné, y aún lloro cada vez que pienso que no se olvidaron de nosotros», dijo a Juventud Rebelde.

Juana Rosa Alfonso Zayas, del poblado avileño de Júcaro, se retiró con 240 pesos tras 25 años de trabajo como operadora de artes de pesca. El año pasado subió a 300 pesos y ahora llega a 1 528: «Por suerte mi hija me ayuda, y veo bien el respeto a los medicamentos por el tarjetón porque soy diabética, hipertensa y padezco de tiroides. En lo demás, hay que esperar a ver cómo se mueven los precios y cómo nos adaptamos».

Similares estados de opinión percibimos en personas jubiladas y pensionadas durante un sondeo en seis provincias. Sin obviar su gratitud, la mayoría lidiaba aún con el vaivén del mercado en esta primera ola del reacomodo socioeconómico.

Amparo millonario

Cuando se observa el impacto de las nuevas medidas en el grupo poblacional de más edad y en el de los infantes, la diversidad de situaciones a manejar es abrumadora. Pero las direcciones provinciales y municipales de Trabajo y Seguridad Social (TSS) no pueden darse el lujo de sucumbir al mareo o la espera.

Es su deber recibir a cada persona que pida ayuda estatal, revisar el caso exhaustivamente y dar al menos una explicación a quienes no toca recibirla. Y es su deber también hacer una búsqueda proactiva de opciones para cada núcleo insolvente, labor en la que los equipos de trabajo social ponen toda su sensibilidad y conocimiento del terreno.

Así lo ratificó a Juventud Rebelde Yaniris Hernández Vento, directora provincial de TSS en Camagüey, donde se abrieron más de 120 sedes en consejos populares para acercar su labor al principal escenario de actuación, lo que permite humanizar el trabajo y constatar el tratamiento dado a cada familia.

Estas sedes se ubican en barrios distantes de las cabeceras municipales y su labor es integral: gestionan la oferta de empleos para la comunidad y orientan a las familias a partir de conocer la situación socioeconómica de cada una.

Hernández Vento informó a este diario que en la provincia agramontina unos 1 086 núcleos, con más de 6 000 personas, ya solicitaron ayuda estatal: «Cada caso ha sido evaluado en los consejos de dirección municipales, facultados para conceder o denegar la ayuda. Se han aprobado 822 núcleos, más del 70 por ciento, y actualmente están en proceso de evaluación 126».

Las principales causantes para que una familia se declare vulnerable han resultado las madres con tres o más hijos, las cuidadoras de hijos con discapacidad, los hijos cuidadores de padres desvalidos y adultos mayores en compañía de otro anciano o con menores bajo su responsabilidad.

Cuba garantiza mensualmente 1 700 000 pensiones de la Seguridad Social a familias cuya condición económica y sociocultural es precaria. Por tanto, el presupuesto destinado al amparo de esos núcleos es también millonario.

No obstante, el concepto de que nadie quedará desamparado no significa derrochar recursos con mirada paternalista u otorgar pensiones vitalicias, puesto que la situación puede cambiar, y el núcleo rebasar lo que ocasiona su vulnerabilidad.

Por eso se verifica lo declarado por quien pide ayuda, y si hay alguien en ese núcleo que está en condiciones de trabajar y aportar a la economía hogareña, la primera opción es ofertarle un empleo:

«Todo no es color de rosa, y lamentablemente hay quien miente, por eso es necesario el vínculo estrecho con los núcleos y evaluarlos en el entorno de su comunidad», ratifica Maidelvis Zunzunegui Lazo, jefa de la Unidad de Trabajadores Sociales en la dirección municipal camagüeyana de TSS.

Si se comprueba que realmente no hay nadie en capacidad de trabajar o brindar ayuda familiar, el consejo de dirección de cada municipio acuerda el tipo de asistencia y el monto en dinero, su destino y período por el cual se garantizará.

En esta primera fase del ordenamiento, se mantuvieron las prestaciones aprobadas antes con carácter excepcional, y se ajustó la cuantía a la cantidad de personas a proteger, dijo recientemente en la Mesa Redonda la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera.

Posteriormente se realizarán los análisis pertinentes de otros ingresos que reciban esos núcleos y se ajustará la ayuda a partir de la escala aprobada. La prestación mínima garantiza 1 260 pesos a personas solas (60 por ciento de un salario mínimo), 2 060 si son dos, 2 860 si son tres, 3 660 si son cuatro y 4 460 si conviven cinco o más personas insolventes.

Similar cuidado se tiene hoy con los subsidios otorgados por los Gobiernos municipales para gastos que las familias no pueden asumir; por ejemplo, cuando la condición de salud de una persona exige estar todo el tiempo en una habitación climatizada y se le subsidia el pago de la electricidad.

Maternidad protegida

A las madres protegidas se refirió también la Ministra en el citado espacio televisivo. Según informó, después de 2009 se han identificado 734 madres que reciben prestaciones de la Asistencia Social por dedicarse al cuidado exclusivo de sus hijos ante situaciones excepcionales, y se benefician hoy con el reconocimiento de esos años de servicio para su jubilación.

 

A tono con la Tarea Ordenamiento se transforman los beneficios monetarios por concepto de maternidad durante el primer año de aplicación de este proceso.

Para velar por la maternidad segura se valoraron otras situaciones. La primera es la de trabajadoras con licencias de maternidad o con certificados médicos obstétricos, cuyas prestaciones a corto plazo se adecuaron según el porcentaje que la ley define del nuevo salario que esa ayuda sustituye.

Si se trata de madres que no se han incorporado a trabajar por no tener quien cuide de su bebé, y no tienen otro familiar que corra con los gastos, las direcciones de TSS tienen la misión de ayudarles a gestionar el círculo infantil y ofrecerles un empleo para que puedan mantener a su familia.

Además, se prevé incrementar las prestaciones excepcionales para núcleos donde sí hay ingresos, pero no son suficientes para cubrir la canasta básica de todos sus integrantes, ayuda que se evaluará en un plazo de seis meses.

Tal es el caso de la holguinera Yeneidis Rojas, con quien conversamos a la salida de una bodega de la calle Mártires, en la Ciudad de los Parques, cuando recogía los mandados de ocho personas: tres adultos y cinco niños.

«Mi hermana y yo somos maestras en un seminternado y mi mamá cuida ancianos. Veremos cómo nos va con el salario… Al menos se mantiene la dieta subsidiada para dos de mis niñas, de bajo peso, y mi hermana está tranquila porque su niño más pequeño seguirá recibiendo la leche de igual forma.

«Como yo mantengo a mis tres hijas, una trabajadora social me visitó y aseguró que plantearía mi situación para que se nos ayude con la canasta básica», comentó confiada.

Cuando visitamos a la camagüeyana Bárbara Luz Martínez Castillo en su vivienda de la calle Rosario, ella abrazó a sus hijos de diez, siete y cuatro años en medio de una escena donde la humildad no menguaba el amor.

«No tenía nada, y ahora me darán una pensión de más de 3 000 pesos por tres meses. Mi trabajadora social me indicó todo lo que debo hacer para peritarme y que esa ayuda se extienda, porque estoy en edad laboral, pero padezco de varias enfermedades y dos de mis hijos también», manifestó esta madre de 32 años.

La coordinadora de TSS en el Consejo Popular Centro, Mairelys Gómez Illarreti (16 años de experiencia) precisó la esencia de lo que demanda el país para identificar y proteger a familias vulnerables como la de Bárbara Luz: «Hay que contar con todos los elementos y documentos probatorios. Cada caso exige de una evaluación profunda, diferenciada, y verificar la situación con la comunidad y la familia», insiste.

Claridad caso a caso

Hasta el reparto Lotería, en el consejo popular camagüeyano La Belén, llegamos para conocer a personas protegidas en el nuevo proceso, como Norma de los Ángeles Porro Adán, de 69 años de edad, quien vive sola en su hogar de Calle Principal.

«Estoy enferma con Párkinson, y mi único hijo, por mucho que quiera, no puede estar todo el tiempo a mi lado, pues no solo vive lejos, sino que mantiene a una familia numerosa. Una vecina y la trabajadora social Bárbara Isaac me ayudaron a pedir ayuda económica y en menos de tres días me la otorgaron.

«No pensé que funcionara tan rápido: primero me dieron un cheque de 500 pesos para la canasta básica y ahora una prestación de 1 200 pesos mensuales, que se evaluará todos los años. Cuando fui a esa gestión, en la oficina había varias personas, y a todos nos atendieron con esmero», aseguró Norma.  

Esther Vargas Ledón, jubilada artemiseña, cuenta su caso: «Yo cobraba 300 pesos. Por lo que leímos en la Gaceta Oficial, esperaba 1 528, pero me pagaron solo 1 070 pesos. A mi hija le explicaron en el banco que era porque yo me había acogido a la chequera de mi difunto esposo y me tocaba el 70 por ciento».

Como esta abuela hay muchas, asegura Cristina Valdés Reyes, jefa de Seguridad Social en la dirección provincial de TSS en Artemisa. La Ley de Seguridad social prevé la opción por la pensión que resulte más beneficiosa, por lo que las viudas solas que se acogieron a la pensión del esposo fallecido por ser de mayor cuantía, ahora pueden optar por la pensión que adquirieron como jubiladas, siempre que el fallecimiento del causante se haya producido antes de enero de 2009. Si el fallecimiento del causante generó derecho a pensión para más de un beneficiario o más de un patrimonio, no podrá realizarse la opción.

En el mes que se ejecute la opción, la viuda recibirá un pago inicial por la diferencia del importe dejado de cobrar a partir de enero de 2021, además de su nuevo importe incrementado, como resultado de la implementación de la Tarea Ordenamiento.

Estrategias a lo cortico

En los accesos al Correo Central de la capital tunera, un grupo de jubilados aguarda por sus turnos para cobrar en una ventanilla. El monto de la Seguridad Social que les da ahora cobertura asciende a más de 112 millones de pesos. Conversan y polemizan entre ellos. Algunos acceden a dialogar con JR.

«El incremento de las pensiones fue una buena medida, pues la anterior apenas alcanzaba para enfrentar el costo de la vida —dice Francisco Fuentes, un veterano transportista—. A partir de ahora le corresponde al Estado controlar los precios, porque si se disparan, seguiríamos en las mismas».

Migdalia Amaro, vecina de la Villa Roja, recibió sin problemas su primera chequera. «Ahora cobro más que nunca antes. ¡Ni en mis tiempos de trabajadora recibí tanto salario! El tema está en el rendimiento de ese pago… Me paso el día sacando cuentas, pues no me sé los nuevos precios, y creo que es normal.

«Siempre este tipo de cambios generan incertidumbres, por eso llevo todo a punta de lápiz: En lo que va de mes he gastado 388.50 pesos entre mandados, tomate, maní y una bolsa de leche; y ya dejé apartados los 31 pesos del pan».

Esta señora de 77 años, retirada hace 23 primaveras, vive sola. Anteriormente por el concepto de electricidad gastaba entre 30 y 50 pesos, y ahora, para similar consumo, deberá destinar unos 180 CUP: «Estoy anotándolo todo en una libretica, para ver a final de mes en qué gasté el dinero; aunque mis hijos me ayudan y eso representa un alivio».

Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, al cierre de diciembre en Artemisa había 63 589 jubilados, y 60 849 de ellos ya habían cobrado el 5 de enero. En esas edades, asimilar los cambios suele ser más difícil y toca a la familia apoyarlos. A fin de cuentas, aprender a administrarnos es la letra común de estos días para todas las familias.

Cuando Juventud Rebelde preguntó a la avileña Estela Suárez Tumpeiro, jubilada hace 28 años del Minint, confesó que todavía no tenía claro de cuánto sería su nueva jubilación porque no ha ido a ver el saldo de la tarjeta magnética. Para ella esto de sacar dinero cuando pueda o le haga falta es una opción maravillosa, y más ahora.

En cuanto al balance entre el ingreso y la canasta familiar, aconseja «esperar a que esto se organice más», porque ahora todo luce exagerado. Muchas personas de su generación cobran en los cajeros automáticos, y aunque al principio les costó dominar la tecnología, ahora están más tranquilas porque no necesitan andar con tanto dinero a la vez en la calle.

Entre los que aguardan por su turno en un cajero tunero hay un colega, Raúl Estrada Zamora, quien perteneció a la plantilla de Radio Victoria. Se jubiló con 685 pesos luego de 46 años de trabajo. Con el incremento actual percibe 2 219 pesos.

«Este aumento llegó en el momento preciso. Ya acumulábamos una carga de estrés muy grande. El Estado nos tuvo en cuenta porque sabe que somos un sector vulnerable, que cuando estaba en activo le aportó mucho al país. Lo que cobré alcanzará para adquirir los alimentos y sufragar servicios fundamentales, amén de otros gastos, siempre y cuando se controle a esos oportunistas que recurren a precios abusivos y especulativos».

Como Estrada, otros entrevistados apuntan que la desventaja de los cajeros automáticos es que hay pocos fuera de la capital tunera, si se compara con la cantidad de tarjetas en manos de la población.

«Ya lo decía (Marino) Murillo: la Tarea Ordenamiento no va a resolverlo todo de un golpe», insiste el mayabequense Alfaro Díaz. «Yo me quité el lío de las colas desplazando el día de sacar dinero y administrándolo bien. A mi edad no necesito comprarme ropa, y no fumo ni bebo en demasía, por mi salud, y porque trabajé mucho para jubilarme, ¿cómo malgastarlo en algo tan dañino?».

Caridad Veitía es un ama de casa habanera que heredó la pensión de su madre, a quien cuidó siempre. Para ella el éxito está en el ahorro: «Muchos se quejan de la factura eléctrica, pero dejan luces encendidas o tienen dos refrigeradores. Los que dependemos de una chequera debemos ser los primeros en ahorrar corriente, por el país y por nosotros».

En Centro Habana conversamos con Onelio García, quien narra divertido cómo su suegra pidió independizar su economía, algo que la anterior chequera no le permitía. «Ya sacó sus cuentas y está más holgada. Me da gracia ver que ahora es más celosa con el gasto de agua, acumula su ropa para planchar y cocina solo lo que comerán ella y su mascota, sin derroche… ¡Ah! Y sembró orégano, ajo porro y cebollino para mantener “el sabor de la vida” sin depender de los revendedores». 

El joven Mario González, residente en Alamar, cuenta que su madre recibió ayuda muchos años porque cuidaba de una anciana y tres hijos: «Mi tía falleció y nosotros crecimos. Cuando le retiraron la ayuda hizo resistencia porque estaba habituada, pero luego empezó a trabajar de asistente en un hospital y está mucho más tranquila. Ya no depende del dinero ajeno para respaldar sus gastos, incluso bromea porque ahora es ella quien contribuye con sus impuestos a pagar la asistencia social que reciben otras familias», reflexiona el joven.

 

Obligación legal y moral

Según la Ley 105 de Seguridad Social, los hijos, padres o nietos son familiares obligados a cubrir las necesidades básicas de las personas que no pueden trabajar.

Si existen circunstancias morales o económicas que justifiquen su negativa a dar amparo, es su derecho iniciar un proceso legal que los exima de esa carga. En ningún caso es motivo lícito para incumplir con la manutención las desavenencias entre los padres de un menor o que el pariente joven se declare insolvente porque no quiere trabajar.

 

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