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El próximo domingo 26 de noviembre más de ocho millones y medio de cubanos acudirán a las urnas. Autor: Juan Moreno Publicado: 14/11/2017 | 10:26 pm
Nuestro sistema electoral es una estructura bien definida que debemos defender, entre otras razones porque tiene al pueblo como autoridad, comentó Ana Hernández Mur, fiscal jefa del Departamento de Análisis de la Fiscalía General de la República, en la conferencia inaugural del 3er. Evento Científico Nacional de ese órgano.
Los cambios que vive Cuba tendrán su reflejo en la Carta Magna, afirmó, y enfatizó en que habrá miradas diversas en diferentes cuestiones, pero la participación del pueblo está garantizada.
Habrá que prestar atención a asuntos como la participación popular en la gestión estatal, las funciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), y la autonomía de sus órganos, así como a reforzar la defensa de la ciudadanía, acotó la experta.
Igualmente, puntualizó que la democracia en Cuba es un sistema permanente que no puede reducirse solo a las elecciones, aun cuando este sea uno de sus momentos cumbres.
Prueba de ello es el actual proceso eleccionario que vive el país desde que el pasado junio el Consejo de Estado convocara a estas elecciones, que tendrán el final de su primera etapa el domingo 26 de noviembre, cuando más de ocho millones y medio de cubanos acudan a las urnas.
El próximo domingo 19 se desarrollará la prueba dinámica en todo el archipiélago, con el propósito de asegurar el éxito de los comicios. Para ello se pondrán en marcha todos los mecanismos que hacen funcionar el engranaje electoral, para determinar todo lo que pueda perfeccionarse de cara al día de los comicios.
Con la participación de alrededor de 200 delegados de todo el país, el evento de la Fiscalía reunió las ponencias ganadoras de las jornadas científicas provinciales de este órgano, que próximamente rendirá cuenta, junto al Tribunal Supremo Popular, a la Asamblea Nacional del Poder Popular. La cita culminará hoy, después de acoger un foro online en su página web sobre la función de ese órgano en la protección a los derechos ciudadanos.
