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Hace ya siete décadas se reunían en Guáimaro, el 1ro. de julio de 1940, la mayoría de los constituyentistas que habían redactado y aprobado la nueva Constitución para firmarla allí, en aquel escenario histórico donde en abril de 1869 se había aprobado la primera Constitución, que marcó el nacimiento de la República en armas con sus autoridades elegidas y dotada de un marco jurídico para sus instituciones.
El hecho de que la Constitución de 1940 fuese firmada en Guáimaro y se dispusiera su entrada en vigor el 10 de octubre de ese propio año, subraya el interés de insertar el nuevo texto constitucional en la rica tradición jurídica de la nación cubana, no siempre divulgada y estudiada como merece. Su aprobación se vincula, por tanto, a dos momentos esenciales de esa tradición: los decretos aboliendo la esclavitud dictados por Céspedes en la ciudad libre de Bayamo, después del alzamiento en la Demajagua, y la Constitución de Guáimaro en abril de 1869.
Estamos rememorando, pues, el aniversario 70 de la aprobación de ese texto constitucional que tuvo un significado clave en los procesos políticos y jurídicos de las décadas del 40 y el 50 del pasado siglo.
Una de las más progresistas de su tiempo
Recordemos que como reflejo político asociado al estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, se propició un proceso de carácter pacífico en el que intervinieron todas las fuerzas políticas del país para plasmar en la Constitución de 1940, con el consenso nacional, los puntos más avanzados del pensamiento político de la época. Su texto es el resultado histórico del proceso forjado desde los tiempos de Mella y el Directorio Estudiantil y la acción revolucionaria de Antonio Guiteras.
El período que siguió a su aprobación hasta el golpe de estado de Fulgencio Batista en marzo de 1952, fue el de los llamados gobiernos auténticos con Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás, que devinieron símbolos de la corrupción, la venalidad, el latrocinio, el gangsterismo y la subordinación a la política norteamericana.
No obstante estas profundas debilidades derivadas del sistema social dominante, la Carta Magna de 1940 fue una de las más progresistas de su tiempo entre los países capitalistas. Entre las naciones del llamado Occidente, fue una de las más cercanas a un pensamiento social avanzado. Desde luego, sus medidas más progresistas nunca se cumplieron porque los gobiernos corrompidos y entreguistas lo impedían. La lucha posterior por hacerla cumplir y respetar fue el punto de partida de un proceso que nos conduciría al socialismo.
Nervio de la rebeldía nacional
La defensa de ese texto constitucional influyó, de manera decisiva, en la lucha contra la tiranía. Ello tenía su fundamento en la tradición jurídica mencionada y que se ejemplificó, de manera muy evidente, en dos momentos del período neocolonial (1902-1959). En ese período histórico, en dos ocasiones fue violentado el orden constitucional instaurándose una tiranía: la de Gerardo Machado (1927-1933), con la prórroga de poderes; y la de Fulgencio Batista (1952-1958), a partir del golpe de Estado. Ambos generaron procesos revolucionarios radicales, que tuvieron como fundamento la lucha contra el quebrantamiento de la ley. El rechazo popular a la ilegitimidad de gobiernos tiránicos está en la médula de la cultura jurídica y política cubana.
Para el 1ro. de junio de 1952 se habían convocado elecciones generales, en las cuales iba a triunfar un partido de amplia base popular. Menos de tres meses antes, el 10 de marzo de aquel año, Fulgencio Batista, con el apoyo norteamericano, derrocó al gobierno constitucional y abolió la Constitución de 1940. De esta forma, impidió la victoria popular y afianzó el dominio de Estados Unidos en el terreno económico del país.
En 1953, Fidel y los moncadistas proclamaron los principios jurídicos de la nación cubana y denunciaron a los que habían quebrantado el sistema jurídico del país. La lucha contra el régimen ilegal de Batista significó combatir a favor de la Constitución de 1940 y plantearse el tema de lo jurídico en un primer plano. Así comenzó la lucha contra la tiranía.
Fidel, en La Historia me absolverá, se apoya textualmente, para la aplicación de las medidas revolucionarias más importantes, en preceptos de la Constitución de 1940 y en especial en el que validaba la resistencia nacional frente a las violaciones de la misma.
Contiene elementos esenciales de esta cultura jurídica de la nación cubana; ningún otro documento lo expresa con mayor nitidez.
Esta Constitución y su aplicación consecuente están insertadas en la historia filosófica y social de nuestro país y forma parte, además, de la mejor y más depurada tradición cultural universal.
Lecciones de la historia
La historia nuevamente dio una lección a los reaccionarios y al imperialismo porque el rechazo del pueblo a aquel régimen tiránico generó un proceso revolucionario radical que culminó con el triunfo de la Revolución, el 1ro. de enero de 1959, con la que conquistamos la plena libertad y la independencia.
La Revolución, en su desarrollo, rebasó el marco de la Constitución de 1940, pero ella ha constituido siempre una de nuestras sagradas memorias. Expresa el pensamiento político cubano de la década del 40 logrado por consenso público y formalizado por la Asamblea Constituyente, en la que estuvieron presentes tanto figuras de la derecha como una destacada representación de los comunistas y de las fuerzas revolucionarias provenientes de la lucha contra Machado.
Como representantes de un pensamiento conservador burgués sobresalen Emilio Núñez Portuondo, Carlos Márquez Sterling, José Manuel Cortina o Alfredo Hornedo, entre otros, y en el campo de las fuerzas revolucionarias y progresistas habría que mencionar a Blas Roca, Eduardo Chibás, Salvador García Agüero y Juan Marinello.
Durante el proceso de aprobación del texto constitucional se mantuvieron movilizaciones de obreros convocados por la organización de los trabajadores, liderada por Lázaro Peña, en torno del Capitolio, que jugó un importante papel como elemento de presión durante los debates. Como ha señalado el siempre recordado profesor Julio Fernández Bulté, la Constitución del 40 fue la primera en América Latina en establecer los derechos económicos y sociales junto a los civiles y políticos. Reconoció el derecho de los obreros a la huelga, declaró el trabajo como un derecho inalienable del hombre, proscribió la discriminación racial por motivo de sexo o color, estableció la protección especial a la familia y a la igualdad de la mujer, se pronunció por la educación general y gratuita, por la salud pública al alcance de todos.
Aunque es incuestionable el carácter avanzado del texto constitucional aprobado en 1940, sin embargo, el sistema económico y político dominante en el país hacía imposible llevar a la práctica las disposiciones más revolucionarias contenidas en la Constitución de la República. Para citar una de ellas, que resulta clave, disponía la abolición del latifundio. Esto, obviamente, no pudo instrumentarse: el sistema vigente lo impedía. Fue solo la Revolución triunfante el 1ro. de enero de 1959 la que logró hacerlo.
La vida demostró que el obstáculo del latifundio en manos de los círculos más reaccionarios del país y de los grandes consorcios norteamericanos nos obligó a chocar concretamente con el imperialismo.
Tras el triunfo revolucionario, la primera y fundamental legislación fue la Reforma Agraria y, por tanto, la extinción del latifundio. Se generó a partir de entonces un acelerado proceso de radicalización revolucionaria y fueron proclamadas otras medidas nacionalizadoras, pero fue la ley agraria lo que en definitiva determinó el curso de la Revolución y originó, en última instancia, que Estados Unidos comenzara a concretar su acción, incluso armada en Girón, contra la Revolución.
Consagrar jurídicamente los derechos del pueblo
Como la Revolución triunfante en 1959 fue producto de una insurrección armada popular, hay quienes pretenden escamotear el hecho de que ella se llevó a cabo con apego a la tradición jurídica nacional cubana y que posee alcance latinoamericano y universal.
Si se quieren entender los nuevos caminos de Cuba, nuestra América y el mundo para salvarnos del holocausto universal que nos amenaza, invito a los juristas y a los hombres y mujeres de más alta sensibilidad cultural a tomar en cuenta que en Cuba la Revolución triunfó por la vía de la insurrección armada a partir de que el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 quebrantó el orden jurídico y abolió la Constitución de 1940, una de las más avanzadas del mundo de hace 70 años.
En nuestros días, los procesos que han tenido lugar en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, para dotar a esos países de textos constitucionales que plasmaran las aspiraciones populares y el golpe de Estado en Honduras, ponen de manifiesto dramáticamente, una vez más, la enorme importancia de la juridicidad en la vida política de las naciones. Históricamente, han sido siempre la contrarrevolución y las clases reaccionarias de América Latina las que se han colocado al margen de la legalidad y, sin embargo, han pretendido presentarse, cínicamente, con las banderas del derecho. De ahí la importancia de asumir en este continente la defensa de una tradición jurídica que consagre los derechos del pueblo y de sus instituciones.
No hay tarea política más importante e inmediata en nuestros días que asumir la defensa de la ética y el derecho. Ella se
vincula directamente con las acciones que es necesario desplegar para hacer frente a los colosales desafíos que hoy tiene ante sí la nación cubana, inserta en un mundo en el que las desigualdades, las violaciones del derecho internacional, el peligro de guerra nuclear, las agresiones y la destrucción sistemática del medio ambiente amenazan con poner fin a la vida de nuestra especie y de las demás especies en el planeta Tierra. Es una bandera con la que podemos sumarnos al gran movimiento convocado por Fidel a favor de la paz y para detener la maquinaria de guerra en marcha que podría desatar una confrontación de incalculables consecuencias y conducirnos a la destrucción de toda la obra acumulada por el hombre a través de su dilatada historia.
