Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

   A esta jarra le faltaron 90 mililitros, casi medio vaso, para llegar a la medida establecida. La dependienta asegura que esto no sucede todos los días Fotos: Franklin Reyes

La canícula reverberaba en las calles habaneras y el paladar exigía algún líquido para contrarrestar los efectos del calor. La cafetería El Manzanares semejaba un oasis en la populosa esquina de Infanta y Carlos III.

Los atractivos no eran palmeras ni cocoteros, sino aquellas jarras de cerveza heladas chocando en el aire que animaban al transeúnte a detener el paso y degustarlas.

Los ardores del mediodía nos invitaron a entrar. El bullicio nos da la bienvenida a un sitio donde casi todos nos examinan con ojos extraviados.

En la unidad Centenario, aunque llenen las jarras el cliente nunca consumirá los 350 mililitros establecidos porque estas solo tienen capacidad para 300 Los encantos del lugar se limitan a rústicos atavíos, mesas y sillas que se amparan del balbuceo y las confesiones de bebedores. Algunas carcajadas y gritos pululan en el ambiente mientras los fumadores se encargan de poner un velo grisáceo al escenario.

Una camarera de andar apresurado nos hace un gesto combinando los dedos índice y del medio para señalarnos el servicio de dos «frías». Gustosos aceptamos. La expectativa se congela cuando vemos que priorizan la mesa de al lado, luego se aprestan a complacer nuestro pedido.

De pronto se interrumpen las acciones gastronómicas, un inspector integral toma las jarras servidas a la citada mesa para examinar si corresponde la norma establecida con la suministrada.

Sorpresa, y mala para los consumidores. A la jarra le faltan 90 mililitros, debe tener 350 y a cuentagotas llega a 260. La probeta certifica el delito y el lente del fotógrafo lo corrobora. Cuando la espuma desaparece vemos el ultraje, el lado oscuro de la protección al consumidor.

Las jarras con las que sirven tienen la marca de hasta dónde tiene que llegar el líquido —y yo estoy cansado de decirlo— precisa Alberto Osorio Ramos, administrador del local, quien parece enfadado por la estafa de sus subordinadas.

Las camareras se escudan alegando que casi nunca suceden hechos de este tipo. Y mientras el fotógrafo continúa acopiando evidencias del fraude, la que despacha prepara indiferente otra jarra para atacar nuevamente el bolsillo de algún usuario.

En esa unidad se expenden diariamente hasta cuatro toneles de cerveza; cada uno tiene 144 jarras. Si a cada envase le faltan 90 mililitros, quiere decir que en una jornada laboral las dependientas pueden embolsillarse hasta 222 pesos, el salario promedio de cualquier trabajador durante todo un mes.

En la epidermis de la sociedad cubana aflora un mal perceptible. Algunos servicios estatales están siendo usados para lucro personal por insensibles que alteran precios y normas de los productos, traspasando falazmente la frontera entre lo estatal y lo privado.

La protección al consumidor parece puro slogan. En la práctica esta condición está tan en desuso como las soluciones que dan algunas instituciones a las quejas y sugerencias que guardan en aquel viejo libro de la esquina del mostrador, destinado a esos fines.

Diariamente salimos a la calle a perder. Una buena parte de quienes deben brindarnos un buen servicio se concentran más en cómo herir la integridad de tu cartera que en cumplir su encomienda, coinciden varios entrevistados.

El problema va desde el simple vuelto del «camello» —que casi nunca aparece— pasando por el barbero, que de 80 centavos cobra hasta diez pesos, terminando por el cobro de 55 pesos por solo ponerle la liga a una grabadora.

Hace solo unos días un equipo de este diario se vistió de cliente y en compañía de los inspectores integrales provinciales Luis Enríquez Luis Isac y Milagros Caridad Escalona visitó diversos lugares de la capital para verificar lo que estaba sucediendo.

   Este pan con jamón lo compramos en la cafería de 12 y 21 en el Vedado. Quisimos comprobar su gramaje pero en la unidad no había pesa. Aunque es fácil apreciar la cantidad de jamón que le falta cuando lo comparamos con el pan de la derecha, el cual sí tiene el peso establecido A las 10:20 a.m. del pasado martes 19 llegamos a la cafetería Tropical, ubicada en las calles 12 y 21, en el municipio de Plaza de la Revolución. En menos de tres minutos los inspectores advirtieron varias violaciones, todas concebidas para cobrar de más.

Compramos un bocadito al precio de 3,50, que debía tener 29 gramos de jamón. Como el contenido del pan era tan diminuto pedimos al vendedor que lo pesara. No pudo ser. «Yo solo vendo, buscaré al que prepara los panes», se justificó el dependiente.

«Aquí no tenemos equipo para comprobar el peso de los alimentos. Yo voy a otra unidad y lasqueo una libra de jamón; luego la distribuyo en 16 panes y se los entrego al vendedor», manifiesta Iván Castillero, elaborador del centro donde no pudimos ver a la administradora.

En esa misma unidad los verificadores midieron un vaso de refresco con la probeta y de los 232 mililitros que debía tener, la comprobación arrojó que tampoco se cumplía lo requerido.

«El problema es que estos vasos hechos con botella no son idóneos para esta función, por eso está prohibido trabajar con ellos. Es que no todos están cortados a la misma altura, por eso hay algunos que aunque los llenes no llegan a la medida», explica la inspectora Milagros Caridad.

«Trabajamos con muchas necesidades. Yo llevo varios meses aquí y nunca han dado ni insumos para trabajar. Casi todo lo que hay en esa unidad para prestar servicio lo hemos traído nosotros, desde los vasos hasta las espumaderas», se queja el elaborador.

Las investigaciones continuaron descubriendo grietas en la calidad de los servicios gastronómicos. El equipo solo cruzó la calle para percatarse. En este caso fue en el comedor comunitario ubicado también en 12 y 21, el cual presta ayuda a personas con problemas sociales.

El testimonio de Violeta Guzmán fue conmovedor: «Aquí me dan poca comida y con mala calidad. No le echan especias, no sabe casi a nada. Es cierto que la compro a bajo precio, pero luego tengo que ir al agro a comprar condimentos y hacerle una buena sazón en la casa para que mi hijo que está enfermo pueda comérsela. No ahorro nada de dinero, y el objetivo de la Revolución es ayudarnos».

Como sucedió en la mayoría de las entidades visitadas, no estaba tampoco el administrador, violando así un decreto del Ministerio de Comercio Interior que les prohíbe salir del centro en horario laboral.

La unidad no contaba con pesas ni manera alguna de comprobar que los beneficiados recibieran la cantidad de comida establecida, pues ni el mismo cocinero sabía qué gramaje —en el caso del arroz— debía servir.

Fue deprimente observar las condiciones en que se freían las papas rellenas; pudimos comprobar in situ las condiciones de aquel aceite, que ponían el producto negro como carbón. Es que se fríe y refríe en el mismo ¿aceite? hasta que se gaste en el caldero, no importa que sus componentes se deterioren y al final se vuelvan dañinos a la salud.

Los instrumentos de medición también nos alarmaron, al ver un pequeño cucharón con el que se servía el espagueti; es muy fácil cerciorarse por qué los usuarios se quejan de la cantidad ofrecida.

El Centenario, sito en la calle Infanta, fue la próxima cafetería que recorrimos. Parecía responder a las exigencias gastronómicas. Los clientes complacidos degustaban la cerveza, que en su criterio «era una de las mejores de la zona», pero... todo lo que brilla no es oro.

Una vez más sometimos las cervezas que compramos al examen de la probeta. Estuvimos esperanzados en descubrir un servicio sin problemas, porque aquellas jarras estaban a punto de desbordarse.

Craso error, ni llenos hasta el tope aquellos recipientes contaban con la medida establecida. A todas les faltaban 50 mililitros, y por ello indagamos con su administradora, Mercedes Suaso, sobre el origen de los envases.

«Compramos estas jarras porque no nos dan otras y tenemos que vender. Está prohibido suministrar cerveza en vasos, por ello las compramos desde hace cuatro meses y ningún superior objetó al respecto. Ahora, como los inspectores nos señalan el error, las retiraremos».

La venta diaria en esta unidad es de tres toneles. Si a cada jarra le faltaron 50 mililitros, se apropiaron de 17 280 pesos aproximadamente durante los cuatro meses que se vendió la cerveza en estas jarras.

«Hace como un mes mi reloj se detuvo. Las pilas se rindieron después de varios meses. Imagina que cada vez que tengo que cambiarlas me cuesta unos 25 pesos con los particulares, porque por el Estado también te sale en igual precio», expresa Kenia Santos, vecina de La Habana Vieja.

Quisimos comprobar su planteamiento en la relojería ubicada al lado de El Centenario, pero el listado de precios no estaba visible al cliente en ninguna parte, lo que constituye una violación de las normas, según confirmación de los inspectores que nos acompañaron.

Cuando preguntamos a uno de los relojeros por la lista de precios, nos respondió que estaba en manos de la administradora, quien tampoco se encontraba en su centro de trabajo. De esta forma el cliente está expuesto a las exigencias de precio regidas por los relojeros.

A varias cuadras de allí, en el taller de relojería El Universal, comprobamos que los operarios cobran 20 pesos por cada pila que sustituyen, cuando en realidad ese servicio cuesta 15,50, explicaron los inspectores.

Estas cuatro unidades de queso deberían pesar cuatro libras, pero como indica la flecha faltan unos cuantos gramos. En la cafetería perteneciente a la cadena de restaurantes de lujo El Biki, en Infanta y San Lázaro, pesamos varias libras de queso y ninguna llegaba a la norma establecida. Los trabajadores del local insistieron en que la pesa tenía problemas, por lo que buscaron otra... Al final ninguna les dio la cuenta.

También en esta unidad la botella de ron Bocoy, que siempre se vende por el precio de 57 pesos, tenía un valor en tablilla de 60 pesos.

Después de tanto andar por estos establecimientos, el equipo de JR continuó la investigación sobre ruedas; optamos por los taxis estatales pensando que habría que pagar menos, pero nos equivocamos.

A las 5:00 p.m. le hicimos seña al carro con matrícula HSL 660 frente al Palacio Central de Computación, ubicado en Centro Habana.

 Este chofer cobró diez pesos por una carrera desde el parque La Fraternidad hasta Cuatro Caminos, cuando el taxímetro marcó 2.36 pesos. —¿Pasa por Carlos III, chofe?—Sí, monta.—Solo tengo cinco pesos.—¿En fula?—¡No!, ¿cómo en fula, si voy hasta ahí mismo?—Cierra, no voy para allá.

Diez minutos antes paró en el mismo lugar el taxi HVX 655. Uno de los integrantes del equipo de trabajo montó supuestamente hasta Belascoaín. En el trayecto le preguntó el precio y el conductor contestó que le diera lo que quisiera, el carro no tenía taxímetro.

Mientras, otro del equipo se trasladaba desde el Capitolio hacia el mercado de Cuatro Caminos por un valor de diez pesos en el taxi con matrícula HSU 138. Este sí poseía el contador y la cifra marcada describía un valor de dos pesos con 36 centavos por tal recorrido.

Otra de las deficiencias de este servicio apuntó a que los taxis no te llevan hacia donde uno desee sino a donde el chofer le convenga, casi siempre en tiradas cortas y en lugares donde haya gran demanda.

Por último llegamos al taller de servicios La Llama I, sito en la calle Monte. Arribamos con el pretexto de arreglar un par de zapatos, para darle una costura a toda la suela.

«Ese trabajo te cuesta 25 pesos, dice sin rodeos el zapatero... Bueno si no estás de acuerdo ve para la esquina, que allí hay un particular para que veas cuánto te va a cobrar. ¿Tú no sabes que esta botella de pegamento yo la compré en 150 pesos y este rollo de hilo me salió en 50 más?».

«Aquí no me dan nada para trabajar. Tengo que conseguirlo todo por fuera, ¿y cómo recupero ese dinero que invierto? Además, diariamente entrego 30 pesos al administrador de aquí, imagínese», continúa el zapatero.

Mientras hablaba, uno de los integrantes del equipo se percata de que en una pared ubicada frente al operario había un listado de precios con grandes letras, que indicaba que la costura a mano costaba solo siete pesos con 50 centavos.

Al identificarnos como periodistas e inspectores, el zapatero trató de enmendar su error; dijo que cosería el calzado por el precio estatal. Solicitamos hablar con el administrador, pero no estaba. La muchacha que nos atendió, de nombre Tahimí, se negó a darnos el apellido y manifestó que el reparador de calzado no tenía obligación de pagar 30 pesos diariamente.

«El zapatero no está autorizado a cobrarle a nadie 25 pesos por arreglar un par de zapatos. Haya o no materiales, tiene que regirse por el listado estatal de precios. Nosotros le damos hilo y otros recursos siempre que se pueda, y es incierto que está obligado a pagarle a la empresa 30 pesos diariamemte», afirma Santiago Malagón, subdirector de la unidad básica de servicios de la Empresa Provincial de Transporte.

«El problema del aumento de los precios estatales y las alteraciones en las normas de productos nos agobia desde hace mucho tiempo. No se resolverá solo con inspectores, talonarios y multas», expresa Isabel Hanze, directora provincial de Inspección Integral en la capital, uno de los territorios del país donde se reportan mayores deficiencias.

«Para mejorar la situación es necesario, además, que la población tenga más cultura sobre este asunto. Cada cliente debe conocer sus derechos para así poder exigirles a quienes tratan de vulnerarlos. Desde las edades infantiles deberíamos enseñarles a nuestros niños sus derechos y deberes como consumidores», afirma Isabel.

Urge el fortalecimiento de la conciencia general en contra de estas ilegalidades, bajo el principio de que en nuestra sociedad los servicios estatales son para beneficio de la población. Corresponde, en primer lugar, a las administraciones velar porque se cumplan las disposiciones establecidas y que estén garantizadas las condiciones laborales mínimas para el desempeño de estos servicios con la calidad requerida. Nunca habrá justificación para robar o maltratar al pueblo.

La impunidad de estos hechos apunta no solo contra la economía nacional y el nivel de vida y de satisfacción de los ciudadanos, sino también contra los principios morales que la Revolución siempre ha defendido.

Hasta agosto del presente año los inspectores integrales capitalinos realizaron 22 692 verificaciones y en 11 692 centros encontraron violaciones de precios y alteraciones en la norma de los productos. El 52 por ciento de los centros examinados tuvo problemas, afirma la Directora provincial de Inspección Integral en la capital.

Las entidades con más problemas fueron los mercados agropecuarios, donde el 68 por ciento de los inspeccionados presentaron dificultades. Les siguieron centros de gastronomía popular, comedores obreros, unidades de servicios, panaderías y farmacias, corroboró la Directora.