Acuse de recibo
Cada vez que llega a esta sección la denuncia de un campesino que ha vendido el fruto de su trabajo al Estado, y pasan los meses sin que se le pague, uno se pregunta hasta cuándo les permitirán a esos funcionarios que siembren la desconfianza y el desestímulo en los productores de nuestros campos.
Esta vez es Rafael Leyva Ramírez, residente en Calle 7 no. 24, entre Paquito González y Mayarí, Mella, Santiago de Cuba. Él es usufructuario de tierra y productor de carne de cerdo con una paciencia increíble.
Desde septiembre y octubre de 2018, Rafael vendió 318 cabezas de cerdo (preceba) a la Empresa Porcina, por un importe de 539 960,78 pesos. Y el 5 de junio pasado, cuando me escribió, aún no le habían pagado, a pesar de que ha ido a conciliar.
El productor se dirigió a la Porcina provincial el día señalado para la atención a la población, y como no pudo hablar con el Director, en su lugar le atendió el económico, quien le explicó que solo podía pagarle la mitad del dinero por ahora.
Le orientó también a Rafael que debía crear una cuenta fija en el Banco para que le pudieran depositar dicho dinero. Así, el campesino ha ido constantemente al Banco a consultar si ya estaba el depósito. Y el pasado 3 de junio le comunicaron que a la Empresa Porcina provincial le cancelaron la cuenta, porque tiene deudas de un crédito del mes de mayo.
«¿Cuánto tiempo tiene la Empresa de Porcino para pagar cuando compra», pregunta Rafael. ¿Acaso ellos no saben que se necesita dinero para comida, ropa, pagar el fluido eléctrico y las medicinas, o piensan que el que trabaja no necesita su pago?
«Tengo una hija becada en Santiago que necesita dinero para sus gastos, pero además ese convenio es familiar: están uno de mis hermanos y mi hijo mayor. La crianza porcina es el sustento de mi familia, he sido productor de carne de cerdo por muchos años y ahora no he podido comenzar otro convenio porque necesito el dinero», concluye.
Iriobys Téllez Torres (Calle 21 no. 5, entre 38 y Goicuría, Reparto Fernando Betancourt, Las Tunas) es un padre que sufre por su hija, una niña de 12 años que padece una doble lesión aórtica con insuficiencia considerable. La válvula que conecta con la vena aorta no funciona bien, y con el tiempo habrá que sustituirla. Está pendiente de cirugía.
La familia vive en apenas una habitación pequeña con baño y cocina, en malas condiciones, frente a un corral de puercos y caballos.
A Iriobys le fue aprobado un subsidio para construir su nueva vivienda el 30 de julio de 2018. En septiembre de ese año él pagó 1 950 pesos del propio dinero del subsidio por el terreno. Y desde entonces aguarda por la inscripción del mismo, para comenzar las acciones constructivas, incluidos licencia de construcción, proyecto y ejecución de obra.
«Son incontables las veces que he acudido a la Dirección de Planificación Física de Las Tunas, hablando con el Director, quien llevaba el caso hasta hace poco. Desde septiembre voy todas las semanas, y el Director me dice que debo esperar un mes; cuando se cumple el mes y vuelvo a preguntar, me dice que no están las inscripciones, que debo esperar un mes más».
Es muy difícil para el padre seguir en la incertidumbre y sin una información convincente:
«Temo que se venza el subsidio sin haber dado siquiera el primer paso en la gestión de mi vivienda; y teniendo Planificación Física la constancia de que yo era uno de los diez casos priorizados, haciendo el número uno en la lista.
«Acudo a ustedes, a ver si alguien se sensibiliza con la salud de mi hija, que se atiende en el cardiocentro infantil William Soler, en La Habana. Le reitero mi desesperación ante este problema que tanto me agobia. Creo que haciéndolo público es como único se va a solucionar», manifiesta finalmente.
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