Sin fórmulas exactas, y mucho menos con la seguridad de que la práctica calque la validez del papel, las 176 transformaciones económicas y sociales, aún con olor a cascarón, apuestan por liberalizar y descentralizar parcialmente la economía cubana. Llegan en uno de los contextos más asfixiantes de la historia de esta nación. Por tanto, todo lo que se haga para aligerarlas y que, por supuesto, se sostenga en organización, optimización de procesos y legalización de rutinas, deberá recoger una mejor cosecha que la actual.
Sobre todo porque, además, este país atraviesa uno de los momentos de mayor presión estadounidense debido al bloqueo petrolero que comenzó en enero último y a una nueva oleada de sanciones secundarias a sectores clave de la economía desde mayo último. Con fuerza desmedida han reforzado sus intenciones de aniquilar las conquistas de más de seis décadas. Por tanto, apuntalar desde dentro, urge convertirse en frase de orden para evitar mayores fisuras por donde puedan cumplir sus aspiraciones.
Convencidos de esa realidad y de que ya no vivimos tiempos de esperar con paciencia que entren los recursos por la «canalita», como haría el pichón con el pico abierto, toca gestionar, buscar alternativas y motivar a quienes pueden darles «vida» a entidades, siempre bajo la guía cercana del Estado para evitar cabezas de caballo.
Consciente de que se trata de una urgencia nacional, el sector del comercio interior se distingue como uno de los de mayores transformaciones. Como se estipula, ya está en Gaceta Oficial su nueva política junto a otras normas, la cual actualiza el marco jurídico para las actividades mayoristas y minoristas, simplifica la emisión de licencias comerciales e incorpora regulaciones de obligatorio cumplimiento para todos los actores económicos. Este reordenamiento responde a una necesidad acumulada y, por supuesto, tiene los pies afincados en el actual contexto.
Entre las muchas transformaciones se ha insistido en la licitación de locales, tema que no es novedoso porque en la Resolución 48, publicada en la Gaceta Oficial No. 31, de 2021, se fijan los pasos para realizarla en establecimientos estatales pertenecientes a las entidades del comercio, la gastronomía y los servicios de subordinación local y de las entidades nacionales del sistema de Comercio para su gestión por formas no estatales. Sin embargo, ha tenido una aplicación escasa.
Quizá las más recientes actualizaciones, según las particularidades del contexto, a fin de recobrar a un mayor número de edificaciones en desuso o sin explotar en toda su capacidad —prioridad ante la significativa cifra de construcciones que gritan por su mal estado tras años de inoperancia—, fomenten el interés por acceder a la gestión de esos espacios tanto por empresas estatales, trabajadores por cuenta propia o micro, pequeñas y medianas empresas.
Entre sus adecuaciones, se incorpora el comercio electrónico como modalidad que no existía. Es un requisito técnico y formal para hacer actividad de comercio el empleo y la garantía de los canales de pago virtuales. Que su incumplimiento en la práctica es una verdad de Perogrullo, son otros cinco pesos.
Quien licite, firma contrato con ese acápite como principal. Le corresponde entonces chequear, controlar y seguir de cerca su cumplimiento a la entidad estatal que negoció. Igualmente sucede con la aprobación de los precios de la actividad o productos que se comercializarán. Si bien el cooperante es quien hace las fichas de costo según los gastos, los aprueba o no con el margen comercial el dueño de la edificación.
En la práctica espirituana, en los pocos ejemplos de entidades del sector del comercio licitados ya, ha sido imposible poner en manos de los clientes productos con precios que agujereen con menos fuerza los bolsillos. Precisamente, con la inauguración de El Mercado —primera bodega con acciones cooperadas en Cabaiguán, en alianza entre la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía y un productor de avanzada de ese territorio— también se escucharon las opiniones encontradas de quienes fueron a adquirir algunos de sus productos. La libra de frijol negro a 400 pesos y la de malanga a 200 no dista mucho de lo que se puede comprar a revendedores en cualquier esquina de esta provincia.
Si bien las transformaciones en el sector del Comercio procuran proteger a los consumidores de prácticas desleales como el acaparamiento y la especulación, la teoría y la práctica han demostrado que solo será posible cuando exista un mercado nacional con producciones abundantes y variadas. Y pudiera demorar un poco esto.
La ausencia de un mercado mayorista para quien licite, y la libertad de no contar con precios topados, sino bajo la ley de oferta y demanda —o lo que es lo mismo, de la selva—, exigirá de un estricto control por parte de los dueños de las entidades.
Si bien el llamado urgente es a generar ingresos, los desafíos en el actual contexto son inmensos. Lo viven en carne propia en los más de 355 locales arrendados del sector del Comercio y la treintena de establecimientos de venta de mercancías bajo modalidades de cooperada o arrendamiento en Sancti Spíritus. Mas es aquí y ahora. Solo las alianzas podrán cumplir con el ordenamiento jurídico en la práctica, simplificar los procedimientos para los actores económicos y, al mismo tiempo, reforzar las garantías y derechos de los consumidores, quienes no pueden continuar siendo los más afectados por el desabastecimiento, las ilegalidades y los precios estratosféricos.
