La reapertura de una causa judicial contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández que ya había sido sobreseída, sigue descorriendo las puertas —nunca cerradas— de una persecución político-judicial que parecía medianamente detenida luego de que algunos de los varios procesos instaurados contra ella, se archivaran por falta de pruebas.
Aunque la coincidencia del dictamen del Tribunal Federal que decidió el martes reanalizar el caso conocido como La ruta del dinero K y la reciente elección como presidente de Javier Milei, apenas una semana antes, invita a pensar que la decisión de la corte estuviera avalada por ese hecho político, lo cierto es que el nuevo embate del sistema de justicia ya se venía gestando.
En septiembre, en el umbral de las elecciones recién celebradas, decisiones de la propia Cámara Federal de Casación Penal, último tribunal antes de la Corte Suprema, revocaron ya el sobreseimiento de otros dos casos contra la expresidenta.
En uno —HoteSur-Los Sauces— se le acusaba delavado de activos y asociación ilícita,y fue archivada por falta de pruebas en noviembre de 2021. La otra, relacionada con el atentado a la mutual israelí en Buenos Aires conocida como AMIA, en 1994, también había sido cerrada en octubre de 2021 por no hallarse delito.
De modo que este sería el tercer proceso contra ella en la que no se hallaron evidencias que la inculpen y, sin embargo, se reabre, retomando una estrategia de descalificación política que rebasa en trascendencia la posibilidad de penas carcelarias porque busca, sobre todo, lapidar la imagen de los imputados, inhabilitarlos como líderes y, «de paso», descreditar los ideales que defienden, y sus banderas.
Así se ha hecho contra Rafael Correa en Ecuador, razón por la cual el líder de la Revolución Ciudadana no puede retornar a su patria y es un perseguido en su país, lo que ha obligado al movimiento que lo apoya, en dos ocasiones, a buscar otro candidato a la presidencia.
Práctica similar se aplicó contra Lula en Brasil, quien no solo estuvo injustamente encarcelado durante casi un año sino que fue impedido por ello de acudir a los comicios de 2018, lo que dejó el camino libre a Jair Bolsonaro y provocó un cambio en los destinos de la nación con repercusiones fuera de frontera, debido a la estrategia aplicada por este de retiro de la nación de los principales foros donde participaba y tenía fuerza. Ello está siendo revertido por Luiz Inácio da Silva a su vuelta a la primera magistratura.
Ello confirma que la judicialización de la política es otro instrumento de la derecha continental, útil para hacer retroceder también los avances del progresismo en pos del mundo mejor y posible en Latinoamérica.
Cristina tampoco estaba libre de acusaciones judiciales antes de que se constataran las decisiones revisionistas en las causas citadas y en cuyo contexto, además, se desarrollaron las elecciones recientes, a las que ella rehusó participar a pesar de la aclamación de sus seguidores.
Fernández de Kirchner fue condenada en diciembre del año pasado a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida en la causa denominada Vialidad, dictamen pendiente de un recurso de la defensa ante la Corte Suprema para hacerse firme, y en el que se le señalan cargos de corrupción que ella ha negado e, igualmente, sin evidencias que la vinculen directamente con los hechos denunciados.
Al conocer la decisión del martes, Cristina remarcó que esta se produjo al unísono con el cierre del proceso instaurado contra el expresidente Mauricio Macri en el entorno del hundimiento del submarino de la Armada Ara San Juan en 2018, lo que ella comentó como confirmación de «su impunidad», y remarcó la falta de independencia del poder judicial.
El apoyo de Macri a Milei de cara a la segunda ronda en que el último fue electo sitúa ahora a su coalición, Juntos por el Cambio, en «sitios preferenciales» del gobierno que asumirá en diciembre. Y el diario local Página 12 ha hecho notar la presencia de militantes de esa alianza derechista en la organización no gubernamental Bases Republicanas que pidió la reapertura de la causa, y a la que el periódico califica de «macrista».
Como se comprueba, las decisiones de la justicia argentina tienen un alto componente político. El lawfare sobrevuela y expande nuevamente sus alas.
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