La participación popular en el desarrollo local de un municipio es fundamental. De ello depende, en gran medida, el crecimiento sostenible y equitativo deseado en el contexto actual, con tantas limitaciones y carencias.
Pero ese asunto debe dejar de ser un «llamado», para convertirse realmente en un estilo de vida, porque somos nosotros, el pueblo, los que conocemos mejor las necesidades y oportunidades en cada comunidad.
Para tener éxito en ese empeño, los ciudadanos necesitan estar informados y ser parte activa, no objetos, de este proceso de participación de cara al desarrollo, tan necesario hoy en cada territorio del país. Y han de ser siempre parte de decisiones colectivas bien consensuadas, que tengan en cuenta las diferentes perspectivas y aseguren el beneficio de todos.
Eso, además de fomentar el sentido de pertenencia y empoderamiento, consolida un ambiente de construcción e identidad que, a la postre, serán puntales en el cuidado y la sostenibilidad de cada obra, proyecto o acción realizada.
Las vías para hacerlo son varias: reuniones comunitarias, encuestas, consultas públicas y eventos donde las personas puedan expresar sus ideas y propuestas, recibir y ofrecer información clara y accesible sobre los proyectos y planes de desarrollo local, sin imposiciones ni intrusismo.
Y esa participación popular en el escenario comunitario no solo implica a vecinos, organizaciones políticas y de masas del barrio, sino también a empresas y entidades ubicadas en cada demarcación. Es importante convocarlos, y sumarlos a conciencia ya es una ganancia, aunque, por norma, es su deber aportar a la localidad donde radican.
Entre las ventajas de la participación popular se destaca una mayor legitimidad y aceptación de las decisiones, pues, toda vez que el ciudadano se involucra en los procesos de desarrollo local, es lógico que las necesidades más sentidas estén representadas en las acciones a realizar.
De igual modo, la calidad de las decisiones mejora a partir de tener en cuenta diferentes perspectivas y conocimientos, mayor compromiso, transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades locales, obligadas a justificar y explicar sus acciones, previamente consensuadas.
Por otro lado, no hacerlo bien genera decisiones sesgadas o excluyentes, con las cuales el tiempo requerido para una acción se dilata y pudieran incrementarse los conflictos ante la aplicación de determinados proyectos.
Entonces, si la participación popular en el desarrollo municipal —con sus luces y sombras— es fundamental para lograr un crecimiento sostenible y equitativo, y, además, es una indicación certera de las máximas autoridades del país, es hora de dejar los «llamados» y pasar, desde la humilde opinión de este reportero, a pedir cuentas ante la inacción y la inobservancia de tan elemental directiva.
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