El transporte ha quedado semiparalizado en París, con solo un 15 por ciento de los ómnibus en funcionamiento, e igualmente el 20 por ciento de las líneas del metro, mientras que ha habido cortes ocasionales en el suministro eléctrico y ha disminuido la generación.
¿Cuál es el motivo de este pulso entre el gobierno y los sindicatos? Pues la decisión del gabinete del primer ministro François Fillon de terminar con los regímenes especiales de jubilación, un esquema mediante el cual los empleados de ciertos sectores públicos (la minería, la energía, el transporte, entre otros) pueden retirarse a los 50 o 55 años, tras cotizar 37,5 años, y con sus sueldos completos. El objetivo sería equipararlos con el resto de los trabajadores (en especial los de empresas privadas), que cotizan durante 40 años y se van a casa a los 65 años.
A simple vista, la intención del gobierno, que persigue sanear las cuentas públicas (el déficit es de 12 000 millones de euros) y aumentar la competitividad de Francia, se presenta como plausible. ¿Qué hay de malo en hacer que todos colmen la misma medida? ¿Por qué privilegios para unos y reglas estrictas para otros?
Las encuestas incluso avalan la «popularidad» de esta disposición. Un sondeo publicado en Le Figaro refiere que el 68 por ciento de los franceses «desaprueba» el reclamo sindical, y el 71 por ciento espera que el presidente no ceda. La mayoría está de acuerdo con que todos los empleados coticen lo mismo, durante el mismo tiempo.
Así pues, vox populi, vox Dei, como decían los antiguos para significar la validez de algo que era aceptado por la mayoría. Solo que no siempre en la historia la mayoría, por simplemente serlo, tuvo razón.
Otra visión del problema me la ofrece Patricio Arenas, amigo de Cuba y encargado de Servicio Social en la alcaldía parisina de Sevran: «Como sabes, hay trabajos y trabajos. Los mineros, los obreros de la siderurgia, los que están muriendo a causa de la contaminación con el amianto, entre otros, han realizado una labor pesada toda su vida, peligrosa, por lo que no puede aplicársele a todo el mundo el mismo sistema. Claro, “Sarko” aprovecha demagógicamente esto para decir que es injusto “que no todos tengan los mismos derechos” y con ello logra en cierta medida poner a los trabajadores en contradicción».
En otro punto engarza este argumento con el criterio de la Confederación General del Trabajo, que convoca al paro: «¿Terminar con el régimen especial de pensiones? —pregunta Patricio. ¡No! El objetivo central de “Sarko” es acabar con el sistema de pensiones. Eliminar no solo los regímenes especiales, sino todo el sistema, para aplicar otro “a la americana”. Es contra esto que los trabajadores y los estudiantes se movilizan».
Para el primer ministro Fillon, tal reforma es «innegociable». Ser tan categórico pudiera resultarle contraproducente, pues si la huelga se extendiera y la medida tuviera que ser retirada o modificada, le supondría un alto costo político. Ya le pasó al ex primer ministro Alain Juppé, al presentar una incómoda reforma del Estado de Bienestar, y duró menos que un merengue a la puerta de un colegio (1995-1997).
Ahora, empresas, sindicatos y gobierno se han dado un mes para negociar. ¿Reducir el déficit? Sí, sería saludable. Quizá muchos manifestantes lo entenderían. Pero el temor de que Sarkozy, con el mismo método de imponer sin dialogar, apunte hacia otras conquistas de las luchas sociales, es lo que exaspera y provoca que se salga a la calle.
En un mes, las líneas rojas pueden atenuarse...
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