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Protestas contra el TLC frente al tribunal supremo de Elecciones. Foto: Reuters

La instrumentación de un referendo para que la ciudadanía diga la última palabra acerca del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, ha sido una salida inteligente y decorosa del gobierno de Oscar Arias ante un movimiento de protestas que, por su fuerza, tal vez habría tentado a la fuerza pública a reprimir, caldeando más los ánimos.

Pero el visto bueno del ejecutivo a una consulta exigida por los sectores sociales y políticos opuestos al tratado, podría estar escondiendo algunos gatos encerrados.

Denuncias que hacen dudar de la transparencia del proceso se incrementan en tanto se acerca el 7 de octubre, fecha definitiva para el referendo, y refuerzan los criterios de dirigentes del movimiento TLC que vieron inicialmente en la concertación rápida de la cita con las urnas, un golpe bajo.

Nadie podría asegurar desde ahora que el ejercicio del sufragio ese día será mediatizado por manejos fraudulentos, pero hay revelaciones sobre la campaña proselitista que ponen en tela de juicio la pureza del proceso.

En tanto líderes del movimiento anti-TLC han alegado que habrían necesitado más tiempo para profundizar el conocimiento y la concientización del electorado —y por eso rechazaron la convocatoria rápida—, todo indica que el engranaje de «promoción» pro-TLC está recibiendo más recursos del legalmente aceptado.

A las primeras denuncias sobre compromisos del ejecutivo con gremios de trabajadores privados a cambio de que voten por el TLC, se suman ahora revelaciones del semanario Universidad que dan cuenta de la existencia de sociedades anónimas que reciben transferencias del exterior, y distribuyen los aportes para la propaganda a favor.

Nombres repetidos en las listas de donantes y otras artimañas han logrado que el dinero real recibido por la campaña a favor del «sí», supere el tope de fondos autorizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Según el artículo, el hecho fue denunciado ante esa instancia por el Movimiento Patriótico del No y confirmada por el Partido Acción Ciudadana, en un comunicado donde lamentó que «el “sí” habría utilizado una estructura con varias sociedades anónimas a través de las cuales canalizó los fondos de la campaña, para así evadir los controles que establece el reglamento del referendo».

Al parecer, las irregularidades se esconden en los intersticios de la ley y haría falta una investigación a fondo de las autoridades para probarlas. El magistrado del TSE, Luis Antonio Sobrado, respondió que ese órgano no puede saber quiénes son las personas (donantes) o su nacionalidad.

Por su parte, el ex presidente Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) estimó en entrevista concedida al semanario que nunca antes el país había visto surgir un aparato de poder y de propaganda tan descomunal como el que enfrenta hoy el pueblo de Costa Rica y aseguró que las instituciones encargadas de garantizar el equilibrio de poderes han pasado a ser parte del engranaje de ese aparato.

No pocos líderes sociales han advertido que la batalla en juego excede el mismo y trascendental hecho de que Costa Rica quede atada o no a Estados Unidos por el injusto convenio, y valoran el ineludible carácter político que el «no» podría significar para el ya decadente neoliberalismo, y la cuestionada política latinoamericana del Presidente de los Estados Unidos.