El alto el fuego permanente proclamado por el grupo separatista vasco ETA desde el 24 de marzo, arriba a sus nueve meses y al fin de año rodeado de un silencio que no significa necesariamente calma. Más parece el efecto de que no hay nada que anunciar. O quizá nada particularmente grato.
La organización, surgida en 1959, intentó desde ese entonces independizar Navarra, el País Vasco español y su similar francés, y fundar una entidad denominada Euskal Herria. El empleo de las armas para lograr esa meta se saldó con la muerte de 851 personas hasta mayo de 2003, y desató la guerra sucia del gobierno de Felipe González contra el grupo. Una catedral de violencia que no llevó ni a la escisión de las tierras vascas, ni al fin de ETA.
Tal vez por entender esto, los separatistas armados afirmaron en marzo su deseo de «impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden», y «la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas». Más explícitamente: que callen las pistolas y hablen las lenguas.
Así, el proceso para el fin del conflicto vasco debía tomar dos rumbos: una mesa entre todas las fuerzas políticas vascas (incluidos los independentistas de izquierda del partido Batasuna, hoy ilegalizado), y contactos directos entre el gobierno y ETA, para debatir su desarme y el acercamiento al País Vasco de sus miembros presos en cárceles dispersas por toda la geografía española.
Hasta hoy, sin embargo, no hay fuegos artificiales que acompañen la marcha del asunto. De un lado, el gobierno dice que no conversa hasta que no cese la violencia callejera —entre los hechos que más lo alarman, está el robo de 350 pistolas en Vauvert, sur de Francia, que la policía gala ha achacado a ETA—, y le pide una y otra vez a Batasuna que se legalice para poder sentarse a debatir.
Desde la otra acera, insisten en que la Ley de Partidos, «aznarmente» concebida en 2002, es discriminatoria, y que una mesa con todas las fuerzas políticas es posible con independencia de que unas se adecuen a la mencionada legislación y otras no, y que simplemente basta con representar la variedad de criterios de la sociedad vasca.
De igual modo, también sacan su libretica de apuntes, y denuncian que en estos nueve meses las autoridades españolas efectuaron 98 detenciones, además de que seis presos vascos tienen que ser liberados por problemas de salud, y hasta ahora no lo han sido, y que otros 573 siguen diseminados por penales lejanos.
Flechas para acá, lanzas para allá. Y de los «primeros resultados de los contactos» que el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, anunció para septiembre, ni sombra. Solo alguna que otra indiscreción periodística.
La última de estas la aportaron dos diarios vascos, que informaron de un encuentro secreto entre representantes del gobierno y ETA en un país europeo, presumiblemente Suiza. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, convocó a una rueda de prensa para salirle al paso al rumor... aunque quien no las debe, no las teme. Si era un cuento de caminos, ¿valía la pena comparecer, cuando la única evidencia era un «presumiblemente Suiza»?
Han transcurrido nueve meses. A estas alturas, quizá los españoles estén esperando algo más sustancioso que el desmentido de un rumor...
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