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Además del acoso cotidiano que padecen los prisioneros palestinos, ahora se cierne la amenaza de ejecuciones sumarias que impulsa el régimen sionista. Autor: Wafa Publicado: 19/11/2025 | 11:16 pm
El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, espera la aprobación de una ley que permita la ejecución de prisioneros palestinos antes de las próximas elecciones nacionales, como parte de los acuerdos de coalición entre el Likud y su partido Otzma Yehudit.
La fracción de los extremistas sionistas, partidarios de la limpieza étnica y la expulsión de toda la población árabe —musulmana o cristiana— del histórico territorio palestino, pretende convertir la controversial «ley de ejecución» en un instrumento de legalización del genocidio que se prosigue ejecuntando en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental.
Las ejecuciones extrajudiciales de hombres, mujeres y niños siguen ocurriendo día tras día, con cualquier pretexto. Se trata de una práctica deliberada de matar sin culpa, sin tener que rendir cuentas, gracias a la complicidad o el apoyo abierto de los Gobiernos de Estados
Unidos y unos 30 países aliados incondicionales, que suministran armas de todo tipo y calibre.
En el fondo del debate de esta «ley de ejecución» se esconde la intención de reducir o eliminar las condenas a «cadena perpetua» que se imponen en juicios amañados, sin protección jurídica, para los infractores de las leyes de la ocupación, la justificada resistencia armada, o la presunción de «actos terroristas».
Este miércoles, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento israelí debatió un
proyecto de ley para imponer la pena de muerte a los palestinos condenados por terrorismo y propone la «inyección letal» como método.
El proyecto de ley, impulsado por la diputada Limor Son Har Melech, del partido de extrema derecha Otzma Yehudit (Poder Judío), superó su primera lectura la semana pasada.
Ahora el Comité de Seguridad Nacional lo está preparando para su segunda y tercera lectura, antes de que pueda convertirse en ley en Israel.
El presidente del comité, diputado Tzvika Foghel —también del partido Otzma Yehudit— publicó los principios rectores del proyecto de ley.
Foghel declaró que la pena de muerte garantizará «que no haya más moneda de cambio ni más acuerdos pagados con sangre judía», en alusión a los intercambios de prisioneros con Hamás.
El partido Poder Judío, liderado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, se opuso al reciente acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel, que condujo a la liberación de casi 2 000 prisioneros y detenidos palestinos.
El proyecto de ley establece que «cualquier persona que asesine a un judío únicamente por ser judío, incluidos los planificadores o los coordinadores, será castigada únicamente con la pena de muerte».
«La pena será impuesta por mayoría ordinaria, sin discrecionalidad judicial, sin posibilidad de apelar el tipo de castigo, sin posibilidad de conmutar la sentencia mediante un “acuerdo” o mediante un indulto», establece el proyecto de ley.
Además, «para evitar cualquier posibilidad de evadir la ejecución de la sentencia», el proyecto de ley determina que las ejecuciones, que se realizarán mediante «inyección letal», deberán llevarse a cabo dentro de los 90 días siguientes a la sentencia.
Durante el debate parlamentario, se produjeron acalorados enfrentamientos entre los legisladores de Otzma Yehudit, incluido Ben Gvir, y los diputados de izquierda, que fueron expulsados.
«Un Estado no puede ser gobernado según sentimientos de venganza», dijo el diputado Gilad Kariv del partido de centroizquierda Demócratas antes de ser expulsado de la sesión.
La Asociación por los Derechos Civiles en Israel agregó que «el proyecto de ley designa la pena de muerte solo para los palestinos» y que «no puede ser visto aisladamente de la conducta y las políticas generales hacia los prisioneros y detenidos palestinos desde el inicio de la guerra».
Según un informe publicado esta semana por Médicos por los Derechos Humanos de Israel, al menos 98 detenidos palestinos han muerto en centros de detención israelíes desde octubre de 2023, y es probable que la cifra real sea mucho mayor.
El odio racial, el supremacismo, apenas se esconde en una ley solo para los sometidos, encerrados en aldeas o poblados sitiados, rodeados por muros y alambradas, vigilados por colonos armados.
Cualquier pretexto es bueno para ir estrangulando la presencia de la población nativa de la histórica Palestina.
