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Más que una alianza circunstancial, el acercamiento entre la Conaie y Revolución Ciudadana marcará la agenda futura del movimiento de izquierda ecuatoriano. Autor: El Universo Publicado: 13/03/2025 | 10:14 pm
Hay muchos motivos para que el progresismo latinoamericano salude la decisión finalmente adoptada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (la Conaie) de apoyar la candidatura de Luisa González con vista al balotaje del 13 de abril, para elegir la presidencia.
Los cinco puntos porcentuales obtenidos por su líder Leónidas Iza, aspirante por su brazo político, Pashakutik, en la primera vuelta, pueden pasar automáticamente o no, a la representante de Revolución Ciudadana; pueden terminar por definir para ella, o no, la presidencia; pero tanto como por la mera coyuntura electoral que ha empujado el paso, este resulta trascendente porque marca el primer acto unitario entre dos fuerzas definitorias, por su peso y beligerancia, para el progresismo de Ecuador y, por tanto, de la región.
La vuelta de Revolución Ciudadana a la primera magistratura significaría un fortalecimiento de los esfuerzos integracionistas que representantes de la derecha en el poder en algunos países latinoamericanos, han ralentizado en los años recientes.
En el ámbito interno, detener el paso a la derecha neoliberal representada por el presidente Daniel Noboa, aspirante a la reelección, es casi de sobrevivencia.
Dos decisiones suyas desesperadas y, por tanto, mal pensadas —incluso desde el punto de vista «electorero»— han expuesto en los días recientes lo que le seguirá esperando al país si él se mantiene al mando. Ambas debieron terminar de persuadir a la Conaie de la necesidad de unirse a Revolución Ciudadana para intentar cortarle el paso.
Aunque al final se frustró por la falta de un pago urgente exigido por Noboa, la anunciada venta a un consorcio privado extranjero del campo petrolero de Sacha, uno de los más productivos del país y parte, por ende, del patrimonio nacional, movilizó a los sectores campesinos e indígenas y alertó a la nación acerca del entreguismo que caracterizará su programa de gobierno, si es relecto.
La otra medida no venderá la explotación de las riquezas del país, pero sí la seguridad de la ciudadanía. En un intento suicida de mostrar que hace algo por detener la galopante violencia, Noboa ha dado a conocer en las redes sociales un acuerdo con el fundador de Blackwater del que no ha dado detalles, pero que significará la presencia de un ejército de mercenarios extranjeros en tierra ecuatoriana, para combatir a los grupos delincuenciales ligados al narcotráfico.
Conocer qué es Blackwater, asusta. Esa fuerza mercenaria salió a la luz en 2004, cuando se descubrió la presencia de sus efectivos entre los marines que mataban civiles a diestra y siniestra en Irak, durante la segunda «guerra contra el terrorismo» desatada por George W. Bush en Medio Oriente. Luego se supo que era un batallón prohijado por sucesivas administraciones de Estados Unidos para sus acciones intervencionistas, aunque la carta de presentación de Blackwater sea la de «un cuerpo de seguridad privado».
Además de amenazar la integridad de una población civil que seguro no imagina qué será convivir en las calles con hombres fuertemente armados que hablan otras lenguas, la medida exhibe la incapacidad del mandatario para resolver un mal que obviamente no ha podido solucionar porque su estrategia se ha basado durante sus escasos 18 meses de mandato en reprimir, sin examinar las causas sociales de que prolifere el mal.
Pudiera hasta considerarse que con ambas decisiones, Noboa ha ayudado al importante paso de la confederación indígena, alertada además por el intento del mandatario de proceder a una reforma constitucional que supuestamente persigue abrir otra vez las puertas a la presencia de bases militares extranjeras, prohibidas por la Carta Magna actual, que se aprobó en 2008 durante el segundo mandato de Rafael Correa. Además, los sectores rurales temen que con la reforma, les sean arrebatados los derechos ganados.
Tal es el contexto del respaldo a González, consensuado durante la celebración de la Asamblea Popular Plurinacional, instancia que reúne a decenas de organizaciones, movimientos y colectivos, lo que otorga mayor relevancia a su acuerdo.
El paso, además, valida como un ejercicio útil al esfuerzo unitario denominado «de las izquierdas», que reunió el año pasado a algunos de estos movimientos. Entonces no pudieron concretar una candidatura única; pero aquel debate, y el consenso alcanzado para un eventual programa de gobierno de signo progresista, está en la base de la decisión ahora adoptada.
Luisa González, quien, como representante del correísmo ha trabajado en la forja de la imprescindible unidad, saludó el anuncio, acompañado de planteamientos que deberán ser atendidos sin falta, para que se mantenga la confianza y la unidad no se malogre. Entre los más importantes, la negativa a la minería a cielo abierto, así como su añeja preocupación porque la explotación minera no dañe los asientos de sus poblaciones ni las bondades que brinda la Madre Tierra. Será preciso establecer y defender el diálogo.
Conservar la alianza circunstancial ahora lograda será la garantía de otras victorias si, pese a todo, el progresismo ecuatoriano no logra en abril la presidencia. El propósito no es para beneficio de una fuerza política determinada; se trata del bien del pueblo de Ecuador.
