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La Asamblea Nacional venolana inició el debate público del proyecto de ley, la semana pasada. Autor: Cortesía de la fuente Publicado: 16/05/2023 | 03:48 pm
CARACAS, mayo 16.— El proyecto de Ley para la Protección de Activos en el Extranjero era sometido a su segunda discusión este martes en la Asamblea Nacional, informó Telesur, luego de recibir el respaldo explícito del presidente Nicolás Maduro quien, la víspera, solicitó el apoyo del país a la legislación.
En uno de los segmentos de su programa audiovisual de los lunes Con Maduro más, el Jefe de Estado afirmó que la normativa surge como respuesta «a los despojos de los que ha sido víctima Venezuela por parte de los Gobiernos neoliberales de Estados Unidos y Europa».
El proyecto fue presentado ante el legislativo a inicios de este mes, luego de que en otra acción injerencista que forma parte de las medidas de asedio, Estados Unidos, mediante su Oficina de Control de Activos (OFAC), dictaminara con la promulgación del título 42, la liberación para su venta o subasta de Citgo —poderosa filial de Venezuela en EE. UU.que ya estaba incautada—, y facultara para cualquier transacción en tal sentido a la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora y cuyo mandato finalizó desde 2020, con lo que puso en sus manos la importante empresa en lo que fue calificado por Caracas como un robo a la nación.
Durante su programa, Maduro calificó de «terribles e inmorales» las acciones de EE. UU., y consideró la legislación que se debate como una acción directa, como un «mensaje» que estimó «extraordinario».
Maduro recordó que en territorio estadounidense existen más de diez mil estaciones de gasolina venezolana, más de tres refinerías y 24 terminales muy poderosas, y apuntó que durante mucho tiempo, Venezuela vendió más de 400 mil a 500 mil barriles de petróleo diarios solo a Citgo, una empresa que compraba el petróleo en Venezuela porque es venezolana.
Su incautación, que data del mandato de Donald Trump, ha significado la pérdida de 900 millones de dólares mensuales en ingresos, puntualizó.
A esos daños deben sumarse las pérdidas ocasionadas por otras medidas punitivas que han afectado la producción de Pdvsa, y el congelamiento de otros bienes venezolanos en el exterior como el oro depositado en el Banco de Londres, igualmente incautados.
En su intervención televisada, Maduro estimó que la ley será un paso en «la protección de activos en el mundo».
La nueva medida estadounidense pocos días después de la Conferencia internacional sobre Venezuela convocada por Colombia, fue considerada como una bofetada a ese encuentro, donde participaron representantes de la administración de JoeBiden y que, junto con la demanda del cronograma electoral para las presidenciales del año que viene en la nación venezolana y la celebración de elecciones «transparentes», respaldó la creación de un Fondo Social de 3 000 millones dólares con el dinero falazmente incautado al país, para resarcir los daños ocasionados a la ciudadanía por el bloqueo —acuerdo pactado ya desde noviembre por la oposición y el gobierno en su detenido diálogo— , y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
Aunque la figura de Juan Guaidó, desconocida por la propia oposición derechista y en cuyo poder se habían dejado antes los activos incautados a Venezuela, parece fuera del juego, con su apuesta a otros políticos de su camada, Washington ha demostrado que mantiene inamovible su hasta ahora fracasada estrategia para derrocar al gobierno chavista.
Según ha trascendido, el proyecto de ley que discute la Asamblea Nacional contiene dos capítulos, 11 artículos y una disposición final que establece el carácter penal de cualquier acción que vaya contra los activos de la República en el extranjero.
Entre otros postulados, la propuesta legislativa declara inexistente e ineficaz cualquier negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de enajenación o disposición realizado en torno a cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades ubicadas en el extranjero, por parte de personas que pretendan usurpar o atribuirse la representación de la República o sus entidades, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley. Ello, sin necesidad de pronunciamiento judicial.
También establece responsabilidad penal aplicable a las personas que pretendan ilegalmente disponer del patrimonio del pueblo venezolano mediante la usurpación de la representación de la República o sus entidades, y califica los hechos de despojo contra el patrimonio de la República o sus entidades como actividades de delincuencia organizada.
Por ende, los bienes de las personas que participen en estas actividades ilícitas pueden ser objeto del procedimiento de extinción de dominio, dictamina.
