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La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Autor: Tomado de Internet Publicado: 06/12/2022 | 07:53 pm
No logra ocultar su carácter político la sentencia que pretende encarcelar por seis años a Cristina Fernández de Kirchner, e inhabilitarla para ocupar cargos públicos de por vida.
Aunque el caso se ha ventilado durante tres largos años en el ámbito judicial, el propósito de la causa Vialidad, mediante la cual se le ha declarado culpable del supuesto delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», no puede disimular su real cariz, que atañe a toda la nación.
Con razón, los miles de argentinos que se movilizaron este martes en apoyo a CFK luego de conocerse oficialmente el fallo, han denunciado esta jugada como un «golpe de Estado» y un «atentado a la democracia».
No solo le confiere ese carácter al proceso, el hecho de que se ha condenado a la Vicepresidenta del país —es la primera vez que se enjuicia en Argentina a una personalidad con ese rango—, lo que representa una peligrosa estocada contra la estabilidad y, por tanto, contra la gobernabilidad.
Lo peor es que se trata de un proceso amañado —otra causa parecida contra Cristina, Los Sauces, ya fue juzgada y sobreseída en el departamento de Santa Cruz, donde supuestamente ocurrieron los hechos— que se enfila contra una de las figuras políticas más capaces, y más admiradas y queridas dentro del progresismo argentino, con todas las posibilidades para ser la candidata del gubernamental Frente de Todos (FdT) en las cercanas elecciones presidenciales del año que viene.
No se trata solo de carisma, sino del prestigio ganado por ella luego de dos periodos en la presidencia durante los cuales profundizó el alcance del modelo antihegemónico, antineoliberal, nacionalista y de justicia social iniciado por su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Períodos durante los cuales Argentina se zafó de las ataduras de los organismos financieros internacionales que la habían hundido en el hueco de una crisis multidimensional, y pudo transitar su propio camino.
Aunque no hay nada oficial, la posibilidad de que ella encabece la fórmula presidencial del Frente de Todos en los comicios que vienen ha sido manejada y respaldada por miembros de esa alianza y, seguro, por la inmensa mayoría de esa gran parte del pueblo que la respalda.
Dentro del espectro progresista ella goza de gran credibilidad y apoyo para aspirar a la presidencia y enfrentar a la derecha, en medio de la torcedura de brazo que, ya antes de asumir, significó para el actual gobierno del FdT, la deuda pactada por el derechista exmandatario Mauricio Macri con el FMI: una cadena que de alguna manera ha maniatado las aspiraciones con que el ejecutivo de Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada.
Fue Cristina Fernández la primera política de la izquierda latinoamericana que denunció el lawfare: la judicialización de la política enfilada contra varios de sus colegas de la región y es ella, ahora, su víctima más reciente, aunque los argumentos legales de la fiscalía se conocerán en marzo, momento en que procederán los alegatos de la defensa y se entrará en la parte definitoria del proceso. Entonces se dirá la última palabra. Otros 12 funcionarios entre los que se encuentran varios exministros, han sido enrolados con ella en esta farsa.
Contra Cristina se ha implementado la misma maniobra político-judicial que se tejió contra Lula en Brasil —derrotada ya, afortunadamente— así como contra el ecuatoriano Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas; es el mismo montaje que se quiso hacer valer contra Evo durante el golpe de Estado en Bolivia…
Además, la componenda tiene su fuerte componente de exacerbación del odio mediante la manipulación mediática. A ello debe «agradecerse» el fallido atentado para asesinarla, el primero de septiembre.
El transcurso del juicio demuestra que se está ante una farsa montada por un sistema judicial en función de los intereses políticos de la derecha local y, obviamente, continental.
No se ha probado ninguna de las acusaciones que pretendían demostrar que las obras constructivas aprobadas en Santa Cruz entre 2003 y 2015 —años que abarcaron los mandatos de Néstor y Cristina— respondieron a contratos fraudulentos para beneficiar al empresario Lázaro Báez.
Por el contrario, un resumen publicado por el diario argentino Página 12 que recoge las derrotas más sonadas de la fiscalía durante el juicio recoge, entre otras pruebas, que «todas las rutas licitadas se construyeron y la construcción fue de buena calidad; no se pagó nada que no se hubiera construido (…); todas las obras fueron votadas en los presupuestos de cada año en el Congreso Nacional. Fue falso que había obras que no estaban en el presupuesto».
Según el rotativo, hasta los testigos de los fiscales declararon en su contra.
Con toda razón, la ministra de Ambiente de Buenos Aires, Daniela Vilar, ha advertido que este «pelotón de fusilamiento» —como ha llamado Cristina a los hacedores del remiendo judicial— excede en su alcance a la Vicepresidenta. «Con su condena pretenden condenar un proyecto de país».
De eso se trata.
