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En la farmacia y con receta médica, las drogas del siglo. Autor: Reuters Publicado: 12/02/2022 | 09:32 pm
Laurence Doud III, de 78 años, ha sido condenado el miércoles 2 de febrero de 2022 por un tribunal federal de Manhattan, Nueva York —por más que su abogado subrayó que «es un hombre bueno y honorable»—, bajo las acusaciones de conspirar para distribuir ilegalmente oxicodona y fentanilo y conspirar para defraudar a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. El próximo 29 de junio, el juez dictará sentencia que en su caso pudiera ser prisión de por vida.
Doud no es un tradicional mafioso narcotraficante. Fue durante 25 años, hasta 2017, el director ejecutivo o CEO de la empresa Rochester Drug Co-Operative —fundada en 1905, y que llegó a ser el sexto distribuidor farmacéutico de Estados Unidos, y en marzo de 2020, tras el escándalo, se declaró en bancarrota.
Doud fue en busca de mayores ganancias para la compañía y mayores bonificaciones para sí mismo, hizo caso omiso de los límites y se convirtió en proveedor de farmacias independientes con prácticas dudosas. Ahora los abogados de su defensa alegan que lo han convertido en el chivo expiatorio de la crisis de los opioides en Estados Unidos.
Este proceso muestra solo una porción de un grave problema que desde finales del siglo XX contribuye al deterioro de la sociedad estadounidense, el uso de drogas altamente adictivas que pueden adquirirse ilegalmente en las calles, como muchas otras, pero que también requieren de recetas y se distribuyen normalmente en las farmacias.
Rochester no es la única empresa involucrada en este negocio execrable llevada por la codicia. Por ejemplo, John Kapoor, fundador de Insys Therapeutics Inc., fue sentenciado en enero de 2020 a cinco años y medio de prisión por extorsión con honorarios para los médicos que aumentaron las recetas de Subsys, el medicamento para el dolor a base de opioides de esa compañía.
En julio del pasado año, tres de los mayores distribuidores de medicamentos Amerisource Bergen, Cardinal Health y McKesson, y poderosa farmacéutica Johnson & Johnson estaban a punto de lograr un acuerdo de miles de millones de dólares con el que sellarían miles de demandas por su papel en la crisis de los opioides.
Por su parte, Purdue Pharma, fabricante del opiáceo OxyContin, presentó en marzo de 2021 un plan de reconversión para hacer frente a las miles de demandas por las adicciones provocadas por el potente analgésico derivado de la heroína. La familia Sackler, propietaria del emporio, pagaría 4 280 millones de dólares para librarse de las cortes judiciales.
De qué crisis se habla
A los opioides se les llama también narcóticos, y son medicamentos que incluyen fuertes analgésicos que pueden ser recetados para reducir el dolor después de haber sufrido una lesión grave, una cirugía o en enfermedades terminales como el cáncer. Entre ellos están la oxicodona, la hidrocodona, el fentanilo y el tramadol.
El problema mayor es que son adictivos y en Estados Unidos se extendió su uso y mal uso —hasta convertirse en una epidemia— desde mediados de los años 90 del pasado siglo, y sigue en aumento su distribución y consumo. De ahí la crisis.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) revelaron que «entre 1999 y 2019, casi 500 000 personas murieron a causa de una sobredosis relacionada con algún opioide, ya sea ilegal o recetado por un médico».
Un artículo publicado en Bloomberg afirma que la epidemia de opioides podría cobrarse otros 1,2 millones de vidas en América del Norte en los próximos siete años.
El problema se incrementa porque la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado el consumo de estos medicamentos, debido a la pérdida de empleos, las discapacidades y las muertes de familiares y amigos, dijo un estudio publicado hace unos pocos días por la revista médica The Lancet.
La Comisión Stanford-Lancet sobre la Crisis de Opioides de América del Norte publicó un análisis de la situación, y entre las recomendaciones resaltan la reforma de las regulaciones respecto a las industrias productoras y distribuidoras de los opioides, para hacerlas más drásticas, el establecimiento de una prevención más fuerte del uso de sustancias adictivas, y el fomento de la salud pública.
Una realidad ha sido mostrada por esa Comisión, la ineficiente o escasa regulación de las farmacéuticas que permitió «una cuadruplicación de la prescripción de opioides impulsada por las ganancias». Así no hay esperanzas de que la crisis tenga inmediata solución.
Cuando los CDC revisaron los certificados de defunción para llegar a la estimación de las muertes por sobredosis de drogas, en 2020 estimaron más de 93 000 decesos, un promedio de más de 250 muertes cada día, o aproximadamente 11 cada hora.
Compare esas cifras terríficas con los estragos que hizo la epidemia de heroína en Estados Unidos en 1970, cuando hubo cerca de 7 200 muertes por sobredosis, y en 1988, durante la epidemia del crack, se contaron alrededor de 9 000 decesos.
En el primero de esos dos hitos, el entonces presidente Richard Nixon aseguró en junio de 1971: «La adicción a las drogas es el enemigo público número uno de Estados Unidos», y declaró la conocida y totalmente perdida «guerra contra las drogas» en referencia a las sustancias ilegales. Encontraron un remplazo a la heroína, la metadona, que en definitiva es un opiáceo sintético que también se convirtió en adictivo.
En el segundo caso, el crack, la versión barata de la cocaína y también más mortífera, llevó a otro presidente de EE. UU., Ronald Reagan, a declarar su guerra al narcotráfico, un negocio de más de 100 000 millones de dólares anuales en ese país, el mayor mercado consumidor del mundo. Reagan lo llamó una «amenaza a la seguridad nacional», superior al terrorismo, y le dio pretexto para introducirse incluso con bases y tropas en América Latina.
Pero lo más abominable en esa crisis fue otro asunto: la CIA estuvo involucrada en la creación de la epidemia del crack en los barrios negros estadounidenses y las leyes federales imponen una sentencia cien veces mayor a los consumidores de crack, que a los de cocaína, por lo general blancos. ¿Podemos o no catalogarlo de genocidio?
Una relación obligada
Al recordar esos capítulos de la historia de la drogadicción en Estados Unidos y quienes se han beneficiado del negocio, llegamos nuevamente a la actual epidemia de los opiáceos, o debiéramos llamarla drogadicción endémica, como amenaza constante y regular de la que está enferma la sociedad estadounidense a lo largo del tiempo y que hace diana preferentemente en muy especiales y vulnerables segmentos de su población.
Resulta que un estudio ha encontrado que muchas tribus nativas han sido duramente golpeadas por la adicción y sobredosis de los medicamentos opiáceos, cuando en 2015 tenían la tasa per cápita más alta de sobredosis de cualquier grupo de población.
Precisamente en las demandas judiciales contra las distribuidoras y farmacéuticas están representadas más de 400 tribus y organizaciones intertribales, alrededor del 80 por ciento de los indígenas de la nación. En esos casos, los tres mayores distribuidores de medicamentos mencionados y Johnson & Johnson acordaron pagar 590 millones de dólares para resolver las reclamaciones de las tribus nativas americanas de que las compañías alimentaron una epidemia de opioides en sus comunidades.
Así fue presentado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Cleveland, Ohio, un monto pequeño en relación con los más de 40 000 millones de dólares en acuerdos, sanciones y multas impuestas a lo largo de los años a esas empresas por su papel criminal en la epidemia de opioides.
Los tiempos son especialmente sombríos en EE. UU. Casi puede definirse que su sociedad está en estado de intoxicación crónica y no son ajenos los compulsorios mecanismos capitalistas y la búsqueda de las ganancias multiplicadas a toda costa y a cualquier precio, incluso la salud física y mental de sus ciudadanos.
Este dato de 2017 dado a conocer por BBC es absoluto en la descripción de lo que allí sucede: «En dos años, la ciudad de Kermit, en Virginia Occidental, recibió casi nueve millones de píldoras opioides, según un comité del Congreso. Solo 400 personas viven en Kermit».
