La justicia llega a Bolivia

Después de la sustitución de los altos mandos militares, parecía claro que el próximo paso en Bolivia sería abrir brecha al enjuiciamiento de los protagonistas del golpe.

Buena parte de Latinoamérica ha sufrido las dictaduras militares, y sabe que sobre la impunidad es imposible reconstruir con salud social y política.

Tampoco la necesaria reconciliación de que han hablado los actuales dirigentes bolivianos, podría transitar sobre tantas heridas abiertas, ni ser atada a la condición de dejar sin juzgamiento los crímenes.

El aliento que esa actitud insuflaría a eventuales y nuevas acciones golpistas, podría resultar suicida para un ejecutivo que está de vuelta de la defenestración y del posterior intento de estigmatización frustrado por sus bases, cuando les reiteraron el respaldo mediante del voto, en octubre pasado.

Una podría preguntarse ahora si sería ético y constructivo que el sistema judicial desconociera a quienes fueron heridos, apresados o humillados por los usurpadores del poder, y hacer oídos sordos a su reclamo de justicia junto al de los parientes de los asesinados.

Transcurrieron cuatro largos meses desde que Luis Arce juramentó los nuevos cargos en todos los cuerpos del Ejército y la Policía hasta que la Fiscalía emitió, apenas el sábado, la orden de procesamiento a la expresidenta usurpadora Jeanine Áñez y a una decena de altos exfuncionarios de su ejecutivo.

Desde octubre de 2020, sin embargo, el Senado saliente había aprobado la recomendación de procesar a la exgobernante y sus colaboradores, así como a otros responsables por las matanzas de Sacaba y Senkata: solo dos masacres entre varias ocurridas durante el golpismo.

En ese lapso, recordaba un jurista, los implicados no solo evitaron concurrir, de buena fe, ante los magistrados, para hacer sus descargos.

Además, algunos como la propia Áñez se postularon en las recientes elecciones regionales y otros responsables resultaron, incluso, electos, tal cual ha ocurrido con Fernando Camacho —una de las caras más visibles de la asonada— a quien la mayoría de los votantes del departamento de Santa Cruz acaba de sufragar como su gobernador.

Ello demuestra que aunque el MAS sigue contando con mayoría en la población —como lo han evidenciado los resultados de los comicios regionales—, la violencia y el racismo también siguen teniendo seguidores… Una verdad que no puede desconocerse si se quiere salvaguardar la estabilidad.

En ese entorno es que ha tenido lugar el arresto de la exgobernanta de facto, de dos de sus exministros, y del dirigente de la llamada Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, cabecilla de un verdadero grupo paramilitar que entre sus abusos cuenta la agresión con signos vejatorios de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce: aquella mujer cuya foto dio la vuelta al orbe mientras se la paseaba como trofeo, con el cabello cortado y el rostro embarrado con pintura roja, después de haber sido golpeada por los de la Resistencia.

Otros asuntos a tomar en cuenta son que, a pesar del tiempo transcurrido, los expedientes de los acusados no están completamente conformados aún, según trascendidos, y que dos de los responsables golpistas de mayor rango —el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa—, hace rato huyeron del país mientras eran investigados, para lo cual debieron valerse de relaciones con las autoridades que se desempeñaban en Migración.

Esos constituyen antecedentes que sostienen la decisión judicial de dictar cuatro meses de prisión preventiva contra Áñez y los dos exministros arrestados, pues las autoridades estiman que también podrían intentar la fuga.

Luego de la primera comparecencia de ella, vía telefónica, el domingo, ante los representantes de la justicia, se han divulgado formalmente los cargos presentados contra todos los encartados: terrorismo, sedición y conspiración.

«Se ha respetado el debido proceso», reiteró en uno de sus cintillos la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Las voces que piden juicio, crecen… Tanto, que el gobierno debió llegar a un acuerdo con los familiares de las víctimas de la violencia golpista, a tenor del cual se ha comprometido a brindarles respaldo para su sobrevivencia material pero, también, a que los crímenes no queden impunes.

Según explicó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, además de los pedidos de ayuda, los sobrevivientes y familiares de las víctimas plantearon un «reclamo fundamental»: el pedido de justicia en el marco de la reparación integral de los daños cometidos (por el golpismo) en noviembre de 2019.

A las demandas de los parientes de los asesinados se suma el pronunciamiento, en igual sentido, de la Central Obrera Boliviana (COB), y de diversas voces del Parlamento.

«Somos el portavoz de las organizaciones sindicales —apuntó la COB el mes pasado—. Las notas y denuncias que nos llegan las estamos transmitiendo a nuestra Asamblea Legislativa como un poder del Estado», añadió respecto al pedido de acelerar los juicios.

Según ha recordado en las redes sociales el actual presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, los acusados «llevan en sus hombros» la muerte de 37 personas, más de 800 heridos y al menos 1 500 detenidos como resultado de las persecuciones durante el régimen de facto.

«El pueblo boliviano ha sufrido la violencia de los golpistas. El dolor y el luto fueron regados por el mal llamado “gobierno transitorio”, que en los hechos fue una dictadura impuesta a sangre y fuego».

La Defensoría del Pueblo considera que los delitos del golpismo son de lesa humanidad.

Ello, sin contar hechos corruptos o decisiones antidemocráticas que sostienen otros cuatro juicios de responsabilidades de los que también acaba de tomar nota la Fiscalía.

En medio de la alharaca cuestionadora de los juicios que ya empiezan a levantar voces de afuera como las de Estados Unidos y la Unión Europea —voces que quedaron en silencio durante y después de la asonada, y ahora hablan de «motivaciones políticas»—, vale la pena preguntarse si no existen razones para procesos con todas las de la ley, como los que el sistema judicial boliviano se propone.