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Una ciudadanía rebelde como hace mucho no se veía en Chile. Autor: Radio La Clave Publicado: 31/10/2019 | 09:10 pm
Todavía están por terminar de abrirse en Chile «las grandes alamedas» de que habló Salvador Allende para que «el hombre libre» transitara hacia «una sociedad mejor», maniatada como ha estado la vida nacional por un sistema político que impide ese tránsito. Pero esas avenidas podrían estar ahora más cerca de despejarse.
El preámbulo han sido dos semanas agitadas en las que se vieron escenas que, salvando distancias acortadas esta vez por la fuerza de la represión, recuerdan la dictadura pinochetista.
Más de una veintena de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos no alcanzan a reflejar la saña vista contra los manifestantes, quienes por más de 15 días han copado Santiago y las ciudades de Concepción y Valparaíso, entre otras locaciones. El panorama solo se completa si se pueden apreciar imágenes colocadas por la ciudadanía en las redes sociales, donde se observan escenas impensadas como, por ejemplo, la de un carro militar, en plena noche, llevándose a un muchacho del jardín de su casa, como en una cacería... O jóvenes provistos de cascos en los que dibujaron cruces, y quienes actúan organizados como sanitarios de emergencia, levantando en camillas improvisadas a colegas heridos con perdigones. El presidente Sebastián Piñera había anunciado que el país estaba «en guerra».
El detonante fueron aumentos en los pasajes del transporte público rechazados, en primer término, por los estudiantes. Pero el explosivo que ha convertido ese estallido en bomba expansiva son las condiciones sociales onerosas de un modelo impuesto por la dictadura militar para mostrar a Chile como vitrina del neoliberalismo, con asiento en un sistema político que lo ha hecho perdurable hasta hoy, y que también está públicamente cuestionado.
El disgusto con ese modelo puede percibirse en la velocidad con que se propagaron las protestas, a las que se sumaron rápidamente otros sectores de la sociedad, y en la radicalización y profundización de sus demandas.
Por eso la cosmética medida de Piñera de cambiar el gabinete ministerial, constatada a inicios de esta semana, no podía ser entendida sino como un refresquito azucarado que la población rechazó. Tampoco detuvo las movilizaciones el levantamiento del estado de emergencia y del toque de queda, medidas con que el ejecutivo intentó disuadir a los manifestantes en un primer momento.
Lo que exigen ahora las organizaciones sociales y sindicales, cada vez con más adeptos, es una Asamblea Constituyente de la cual emerja una nueva Carta Magna.
Las reformas estructurales que ello acarrearía han sido reconocidas como posibles en un futuro por el mandatario, obligado por las circunstancias de una ciudadanía rebelde como hace mucho no se veía allí.
Pero Piñera ha sido claro. Aunque en declaraciones a la prensa, el Presidente afirmó que «no descarto ninguna solución, ninguna reforma estructural», ha antepuesto a eso un «este es el tiempo de escuchar a la gente» que «pide mejores sueldos, ingresos, pensiones, seguridad, que no suban los servicios».
La afirmación se percibe con aires de renovada demagogia y podría buscar apenas la desarticulación de las demandas de reales cambios que enarbolan los movilizados.
«Restablecer el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social» fueron los tres pasos inmediatos anunciados por el Jefe de Gobierno, quien también decidió suspender la celebración en Chile de reuniones de la APEC (Asociación Asia-Pacífico) y la COP 25 (cumbre sobre el cambio climático), previstas este mes y el que viene, respectivamente.
Sin embargo, el pedido de una nueva Constitución se extiende y permite «descubrir» a organizaciones gremiales desconocidas y de nombres elocuentes como el movimiento Litio para Chile. En un comunicado, ese ente expresó que para que ese mineral «pueda ser recuperado para el Estado y de beneficio del pueblo, tenemos que avanzar hacia una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente».
La privatización no afecta solo a este recurso natural, de tanto peso en la modernidad. El antológico cobre, nacionalizado por Salvador Allende, también está en manos de las transnacionales, y hasta elementos vitales como el agua.
Pero a la Carta Magna chilena deben agradecer las clases dominantes de Chile, además, la virtual inamovilidad del entorno político, que ha perpetuado el pinochetismo, incluso, sin el dictador.
Ninguno de los gobiernos de la llamada Concertación para la Democracia, alianza presentada hasta hace poco tiempo como alternativa a la derecha pinochetista, desarticuló esas ataduras.
Una reforma constitucional presentada por la expresidenta Michelle Bachelet al final de su segundo mandato, el año pasado, y que por eso no llegó a concretarse, dibuja las carencias de la Ley de leyes.
Entonces, el proyecto introducido ante el Congreso proponía establecer «un nuevo marco para la interpretación del texto constitucional, sobre la base del establecimiento de un Estado de Derecho democrático y social, en el cual el Estado está al servicio de las personas y que su finalidad sea el bien común», según palabras de la exmandataria.
Ello implicaba, entre otros puntos, establecer la inviolabilidad de la dignidad humana y el respeto y protección de los derechos humanos, lo que se traducía en reconocer «los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes; el derecho a la personalidad, a la participación, a la información, a la vivienda, al trabajo, o a la gratuidad en la educación». Esas son algunas de las carencias mantenidas, a las que se suma el respeto al vilipendiado pueblo mapuche, entre otras.
Ahora el debate está en el Congreso, con nuevos proyectos introducidos por una coalición emergida en 2017 y que rompió con el bipartidismo chileno: el prometedor y centroizquierdista Frente Amplio. Otros hablan en el legislativo de retomar la reforma presentada por Bachelet cinco días antes de dejar el poder, y terceros, representados por la derechista UDI, dicen que lo importante es asumir la supuesta «agenda social» de Piñera, en evidente búsqueda de tiempo para frenarlo todo.
El titular del Senado, Jaime Quintana, ha dado a conocer su convicción de que «de esta crisis no se sale solo con medidas sociales (…) La respuesta que debemos dar es una de cambio estructural, y esa no es otra que la nueva Constitución».
Algunos señalan que el debate en el Congreso será este mes de noviembre; pero entre los movilizados empieza a surgir el pedido de un plebiscito que otorgue a la reforma, o a un más radical proceso constituyente, un carácter más democrático y popular.
El asunto ya está sobre el tablero. Queda por ver si Piñera lo logra desarticular.
