21
CARACAS.— Esta vez no hubo, como la semana anterior, conversaciones frente a decenas de cámaras y micrófonos, pero lo importante es que la segunda reunión entre el Gobierno y los representantes de la oposición se concretó con acuerdos importantes para este país en el que buena parte del mundo tiene los ojos puestos.
El más trascendental, sin dudas, es el respeto a la Constitución y la consiguiente condena a la violencia «venga de donde venga», un acápite en el cual, hasta ahora, la dirigencia opositora había jugado a las cantinfladas.
No menos significativo fue el anuncio del liderazgo de la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de estar dispuesto a reactivar el Plan Patria Segura que impulsa el Gobierno para combatir la criminalidad; y también su incorporación a las mesas de diálogo del Plan Nacional de Pacificación, nacidas a instancias del ejecutivo venezolano.
Asimismo, parece una buena señal el acuerdo de ampliar la Comisión de la Verdad, solicitada desde el principio por el presidente Nicolás Maduro. En esta no solo participarían diputados, la integrarían personalidades de ambas corrientes para exponerle al país con transparencia la realidad de los sucesos posteriores al 12 de febrero.
Por otro lado, se convino en trabajar aceleradamente para la elección de los poderes públicos que tienen plazas vacantes, como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.
«Son buenas noticias para el país. Avanza el diálogo por la paz, avanza el diálogo por la justicia sin impunidad», dijo el vicepresidente Jorge Arreaza después de las conversaciones, que contaron de nuevo con la participación de cancilleres de Unasur y del Nuncio Apostólico del Vaticano, Aldo Giordano.
Esa última referencia de Arreaza transmite un mensaje clarísimo: no habrá privilegios legales para aquellos que en el pasado cometieron desmanes y atrocidades.
Este punto ha sido una de las banderas de la MUD, la cual ha propuesto una Ley de amnistía, que incluye hasta el indulto del principal vocero de la «salida», Leopoldo López, o de «exiliados» como el ex gobernador de Zulia y ex candidato presidencial Manuel Rosales, prófugo de la justicia y actualmente en Perú.
Pero esa ley «fue rechazada», como explicó Ramón Guillermo Aveledo, secretario general de la MUD, quien dejó entrever que resultó, como la primera, una reunión con sus espinas. «Este diálogo no es fácil, no es sencillo para nadie. Lo que intentamos es construir juntos caminos de solución», señaló.
Se infiere por eso y por las declaraciones de Arreaza —quien habló de «momentos de tensión», aunque con respeto—, que uno de los asuntos más calientes fue el de Iván Simonovis, uno de los responsables de los asesinatos de Puente Llaguno y quien en abril de 2002 era el secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. La liberación, por presuntas razones humanitarias, de este comisario, condenado por crímenes de lesa humanidad, es otro de los estandartes de la derecha.
Al respecto, se acordó crear una junta médica para que revise su situación de salud, pero también escuchar a las víctimas y familiares de los caídos hace 12 años durante el derrotado golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Es que, como se ha dicho tantas veces, no puede haber paz sin justicia.
Tanto Arreaza como Aveledo expusieron una verdad como roca, que, al margen de diferencias políticas, pocos cuestionan: lo importante es que este proceso de diálogo sincero no se detenga.
