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Sede central de los Hermanos Musulmanes en El Cairo. Autor: AP Publicado: 21/09/2017 | 05:43 pm
El Gobierno de facto egipcio recrudece su guerra contra los Hermanos Musulmanes. Así, continúa avanzando en el camino equivocado, ese que no llevará al fin de la crisis política que vive la nación norteafricana desde enero de 2011, cuando comenzaron las revueltas populares que derribaron al dictador Hosni Mubarak.
Cada paso que toma el ejecutivo está enfilado a agudizar una peligrosa polarización y a desatar una campaña de odio contra cualquiera que pertenezca a una organización que a pesar de haber sobrevivido durante 80 años a proscripciones y operado en la clandestinidad, ganó las elecciones celebradas en junio de 2012.
En su cruzada contra esta poderosa fuerza política, al Gobierno no le bastó con prohibir las actividades del grupo, incautarle sus fondos, apresar a sus dirigentes o reprimir y masacrar sus militantes. Ahora, etiquetaron a la cofradía como una organización «terrorista», cuyos líderes pueden ser condenados a pena de muerte, y cualquiera que tan solo milite en ella tendrá que pagar cinco años en la cárcel.
Para justificar sus medidas antidemocráticas, el ejecutivo se escuda en atentados como el que tuvo lugar la semana pasada frente a la comisaría de policía de Mansura (norte del país) que causó la muerte a 16 personas y heridas a más de un centenar. Sin embargo, la Hermandad insiste en que no es responsable de semejante crimen, mientras que otro grupo, el yihadista Ansar Bait al Maqdis, reivindicó la autoría del hecho.
Pero los medios de comunicación y el Gobierno insisten en acusar a la cofradía musulmana. Ni siquiera esperaron a que la Fiscalía terminara sus pesquisas para continuar azuzando el odio y la animadversión, armas fundamentales en esta lucha de liquidación política.
Por ejemplo, el periódico Youm al Sabaa, por solo citar una de las voces en este gran concierto ensordecedor y con poco sentido común, llegó a decir en una de sus portadas: El pueblo quiere la ejecución de los Hermanos.
Algunos analistas aseveran que la decisión gubernamental de catalogar de terrorista a la Hermandad Musulmana es ilegal, pues los tribunales son los únicos que pueden recurrir al artículo 86 del Código Penal, y no una instancia ejecutiva, como sucedió en esta ocasión.
Las acusaciones de las autoridades contra el grupo islamista están en sintonía con las acciones de la Justicia contra el ex presidente Mohamed Mursi, depuesto el 4 de julio por un golpe de Estado, a quien culpan de terrorismo y espionaje, cargos por los que le juzgarán.
Está claro que los golpistas y quienes les apoyan no quieren dialogar con los islamistas, ni desean la participación de estas fuerzas en el proceso político. Los militares y los poderosos intereses económicos que mueven las palancas de poder en Egipto quieren extinguirlos, y para eso pueden ser pocas aún las leyes y declaraciones gubernamentales que, de paso sea dicho, no solo apuntan contra quienes le ganaron la presidencia a los seguidores del ex presidente Hosni Mubarak. Todos, principalmente quienes quieren el verdadero cambio, constituyen la diana de las disposiciones de los generales.
