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Los estudiantes españoles exigen les sean respetados sus derechos. Autor: EFE Publicado: 21/09/2017 | 05:30 pm
MADRID, febrero 7.— Con una multitudinaria marcha, los estudiantes de la educación pública en España cerraron la huelga de 72 horas contra la reforma educativa propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy y los recortes en el sector, reportó Telesur.
En la capital, una manifestación convocada por la Plataforma por la Defensa de la Educación Pública mostró su rechazo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), conocida como la Ley Wert, en el tercer día de huelga general en los centros públicos no universitarios.
«El Sindicato de Estudiantes afirmó que en las dos primeras jornadas de protestas se registró un acompañamiento del 80 por ciento, mientras que en este tercer día de huelga alcanza el 90 por ciento, de acuerdo con lo que informaron los estudiantes», reportó la corresponsal de la multinacional desde Madrid, donde se realizó la principal movilización hacia la Puerta del Sol.
A pesar de esto, el Gobierno no se ha pronunciado sobre las reivindicaciones de los estudiantes, quienes reclaman que se frene el tratamiento de la reforma educativa y se disuelva el Gobierno, después del escándalo de corrupción que estalló esta semana.
Mientras, la ronda de conferencias sectoriales de educación, en la que las comunidades autónomas y el Ministerio analizaron la proyectada reforma educativa, acabó sin consenso, según reportó el diario El País.
Cinco autonomías (Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias) rechazaron de plano la memoria económica que acompaña a la denominada Lomce.
Las otras 12 (las gobernadas por el PP más Navarra) respaldan la propuesta de financiación aunque no de forma cerrada. Piden que los cálculos sean más finos y que se ajusten los criterios de reparto. El ejecutivo afirma que implementar la legislación costará al Estado 408 millones de euros directos en tres años, más un tope de 927 millones que deberían asumir, en principio, las autonomías. Pero otros aducen que, de la otra parte, la ley reducirá la plantilla de profesores y va a sacar a muchos estudiantes de los institutos «por la puerta trasera».
La consejera de Educación andaluza, Mar Moreno, aseguró que su comunidad ni siquiera iba a entrar a discutir una normativa que no comparte, después que se han recortado ya 4 000 millones de euros a la educación «en equidad, profesores y refuerzos».
Los estudiantes aducen que la ley pretende avanzar hacia una privatización de la educación. La protesta cuenta con el apoyo de partidos de izquierda, como Izquierda Unida, la asociación de padres y sindicatos educativos.
Se estima que por el nuevo proyecto se aplicaría un recorte de 14 000 dólares, lo que provocaría el despido masivo de profesores y cierres de centros públicos. Pero el Gobierno asegura que la norma busca resolver el abandono escolar, que asciende al 26 por ciento de los estudiantes, y «mejorar» los estándares educativos.
