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Las protestas en Chile comenzaron hace cinco meses para exigirle al Gobierno una educación de calidad y ya se han extendido a otros sectores de la población descontentos con la gestión gubernamental. Autor: Demotix Images Publicado: 21/09/2017 | 05:13 pm
SANTIAGO DE CHILE, octubre 3.— Dirigentes estudiantiles y parlamentarios opositores cuestionaron un proyecto de ley del Gobierno chileno que podría llevar a prisión a jóvenes manifestantes que participen en tomas de colegios u otros actos de protesta.
A juicio del vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), Giorgio Jackson, se trata de un despropósito mayor porque, como norma, las ocupaciones de las instalaciones docentes son demostraciones pacíficas en las que participan de forma conjunta estudiantes, profesores y funcionarios, reportó PL.
Es una mirada bastante superficial del tema, declaró Jackson, quien insistió en lo desmedido de intentar penalizar con sanciones de hasta tres años de cárcel a los manifestantes.
Concordó con el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile el también vocero de CONFECH y presidente estudiantil de la Universidad de Valparaíso, Sebastián Farfán. Se trata, opinó este último, de una medida orientada a desmovilizar la protesta social en Chile e improcedente, además, cuando faltaban apenas horas para comenzar la mesa de diálogo sobre gratuidad de la enseñanza con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, prevista para el miércoles.
Es un proyecto que daña la confianza y perjudica el diálogo, reiteró Farfán.
Por su parte, el abogado chileno Patricio Zapata señaló que el proyecto de ley del Gobierno que busca tipificar el saqueo y sancionar las tomas es una «improvisación más» del ejecutivo.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, al presentar el domingo la cuestionada norma, declaró que «la lucha contra la delincuencia y frente a los que atentan contra el orden público va a ser más eficaz y los castigos van a ser más duros y más rigurosos».
Quien pretenda atentar «contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos, o contra la propiedad pública y privada, se va a encontrar con una legislación dura y firme», apuntó.
Mientras, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) de Chile ratificó la realización de otro paro este mes y por espacio de una semana, en rechazo a la privatización del sector.
Carolina Espinoza, presidenta del gremio, cifró en 95 por ciento la adhesión de los trabajadores al paro de 72 horas de la semana pasada, y advirtió que ante la indiferencia que ha mantenido el Gobierno frente a sus demandas, proseguirán la radicalización de sus protestas, por tiempo indefinido.
Los sindicalistas de la atención primera de salud en Chile reclaman mayor inyección financiera a los hospitales públicos, consultorios y postas rurales, así como un incentivo al retiro que favorezca a todos los profesionales, técnicos y administrativos.
