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El presidente Evo Morales designará este miércoles de manera interina a 13 nuevas autoridades del poder judicial, según una ley aprobada antes en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, publica Prensa Latina.
Con ese paso, el mandatario completará plazas vacantes en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura, hasta que el 5 de diciembre de este año se realicen elecciones para esos cargos.
La norma, llamada corta o transitoria, facilitará retomar poco más de 10 000 procesos detenidos por la ausencia de esas autoridades.
Esa medida, a juicio de la diputada Rebeca Delgado, jefa de la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), es apenas el inicio de un vuelco estructural al poder judicial en la nación sudamericana.
Delgado precisó que el propio Consejo de la Judicatura, llamado a detectar y combatir irregularidades en el seno del sistema judicial, nunca funcionó.
También subrayó que la falta de normas para el poder judicial trajo como consecuencia las diversas acefalías, situación que la oposición respaldó desde el anterior Congreso bicameral.
En ese sentido, subrayó la importancia de la llamada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público.
Estudios oficiales señalan que la justicia boliviana está abatida por males como la corrupción, la impunidad, la retardación y el uso indiscriminado de recursos, así como la dilación de procesos.
De acuerdo con esas investigaciones, al menos 429 000 trámites se realizan bajo sospechas de pagos irregulares en busca de dictámenes favorables.
Con relación a la impunidad, en 2005 se registraron 1 634 denuncias contra funcionarios del Órgano Judicial, entre ellas 603 denuncias de casos que involucraban a jueces.
Otro de los males endémicos de la justicia boliviana es la liberación de personas acusadas de haber cometido millonarios desfalcos de dineros estatales mediante acciones de obstrucción y dilación que les dieron tiempo y espacio para huir del país.
Entre esos casos se encuentra el del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y varios de sus colaboradores, ahora prófugos en Estados Unidos, Perú y Chile, acusados aquí de genocidio, concluye el cable de PL.
