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El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) podría enfrentar más juicios si la justicia logra la aprobación de nuevos procesos por parte de la Corte Suprema de Chile, que permitió su extradición por 12 casos que ya tienen sentencia. Autor: Internet Publicado: 21/09/2017 | 04:51 pm
LIMA, enero, 4.— Las expresiones de apoyo a la ratificación de la condena de 25 años de cárcel al ex presidente peruano Alberto Fujimori se multiplican en juristas y defensores de derechos humanos.
Al mismo tiempo, una encuesta del diario El Comercio recogió opiniones mayoritarias favorables a la decisión de una sala revisora de la Corte Suprema que rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Fujimori contra la sentencia original, dictada en abril de 2009.
El tribunal confirmó la condena a 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves.
Ha sido un logro importante de la justicia, apuntó Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes asesinados junto a un profesor en una de las matanzas por las que fue condenado Fujimori, como autor mediato.
El director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Miguel Jugo comentó que la ratificación dio la razón a esa y otras instituciones humanitarias que hicieron campaña por el castigo al ex gobernante (1990-2000).
La decisión judicial fue elogiada también por juristas como el ex defensor del Pueblo Jorge Santistevan y el abogado Alberto Borea, quienes desahuciaron la posibilidad de que el fallo pueda ser revisado o Fujimori sea indultado, como creen la defensa y lo seguidores del condenado.
«El derecho no acepta que frente a violaciones de los derechos humanos se utilice esta facultad de perdonar la pena. El indulto no cabe de ninguna manera», dijo Santistevan.
Para Borea, la solidez y la sentencia de la condena determina que este sea un asunto ya terminado y cosa juzgada, por lo que el reo tendrá que cumplir la carcelería, hasta 2032, aunque según otras opiniones podría reducirse a solo 18 años.
La hija del condenado, Keiko Fujimori, quien se propone liberar a su padre si fuera elegida presidenta en las elecciones de 2011, alegó que la condena es «absolutamente injusta» y que los jueces pretenden que el ex gobernante, de 71 años, muera en prisión.
Negó sin embargo que el indulto sea el único tema de su campaña electoral y alegó que el movimiento de seguidores de su padre quiere ejercer un gobierno supuestamente eficiente
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, trató de descalificar a la Corte Suprema y sostuvo que el proceso no ha terminado pues proyecta presentar un recurso de hábeas corpus contra la sentencia y hasta apelar al Tribunal Constitucional y hasta instancias internacionales.
Jugo calificó de triquiñuelas los anuncios de Nakazaki y su alegación de que subrayó que la condena es inapelable y culminó un proceso impecable en el que el reo y su abogado tuvieron plenas garantías.
El decano del Colegio de Abogados, Wálter Gutiérrez, respaldó la decisión judicial y el represenante de la parte civil en el juicio a Fujimori, Ronald Gamarra, subrayó que el fallo es definitiva y rotunda y calificó de «manotazos de ahogado» los anuncios de Nakazaki.
El diario La República comentó que el proceso ha concluido y los familiares de las víctimas han obtenido reparación moral para sus deudos; se ha hecho justicia.
En el mismo diario, sin embargo, el columnista Augusto Álvarez, tras respaldar el fallo de la Corte Suprema, anota que, si bien el indulto en casos como el de Fujimori está prohibido por la ley, todo se puede esperar.
Cita como antecedente negativo el controvertido indulto otorgado por el presidente Alan García al corrupto ex dueño de la televisora América, José Crousillat, que considera un posible ensayo de una futura medida similar para Fujimori.
