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Foto: Getty Images La machacona amenaza de los golpistas de que el retorno a Tegucigalpa de Manuel Zelaya lo llevaría directo a la cárcel, ha mostrado mejor la confabulación de poderes que pisotean esa Constitución de la que dicen ser guardianes. Y resulta, también, la carta con que los usurpadores pretenden impedir la exigida restitución incondicional del mandatario.

El incumplido propósito de los golpistas de convencer al mundo de que la asonada es «legal» hizo trabajar al Ministerio Público a marcha forzada en busca del reconocimiento que no tienen, mientras, también infructuosamente, los militares han interpuesto la violencia para acallar la voz de las masas.

A la represión con las bayonetas se unen los expedientes abiertos para juzgar a todo el que haya respaldado el retorno del Presidente constitucional de Honduras.

Poco más de una semana media desde que estallaran las ya visibles tensiones entre un Presidente defensor del mandato popular que le dieron más de 400 000 firmas solicitantes de la consulta para la Cuarta Urna, y los poderes legislativo y judicial, en manos de esa alta burguesía representada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Asociación Nacional de Industriales y la de Ganaderos.

A pesar de que Zelaya actuaba amparado por la Ley de Participación Ciudadana —primera aprobada durante su mandato— y a tenor del artículo cuatro de la propia Carta Magna actual —donde se declara que la consulta al pueblo es legal—, la farsa se ha montado bajo la mentira de que el Jefe de Estado faltaba a la Constitución y que asestaría, después de la consulta, un golpe bajo al Congreso convocando a una Constituyente y destituyendo a la actual legislatura.

De tal modo, un enfrentamiento político como el que se está dirimiendo pretende presentarse, y «resolverse», bajo el prisma de un técnico problema judicial.

Muy «oportunamente», a poco de que llegara a Honduras el titular de la OEA, José Miguel Insulza, y a punto de expirar el plazo dado por la organización continental para que devuelva a su lugar las cosas, las autoridades de facto dieron a conocer el jueves, en «cadena nacional de radio y televisión», la cronología de supuestas «irregularidades» cometidas por Zelaya a partir de la presunta inconstitucionalidad de la encuesta.

Al manipulado dictamen inicial se suma una larga retahíla de fallos jurídicos hasta concluir que el 25 de junio de 2009, el Fiscal General de la República habría presentado ante la Corte Suprema de Justicia «un requerimiento», y solicitado la orden de captura contra Zelaya. De tal forma se sigue justificando que los militares solo «cumplieron» sus órdenes.

Aunque al principio los periódicos de la oligarquía hondureña hablaron de 17 cargos contra él, el documento «apenas» lo acusa por delinquir contra la forma de gobierno, por abuso de autoridad, usurpación de funciones, y ¡traición a la patria!

El legajo parece conformado a posteriori y corriendo, una vez fracasada la estratagema de la carta falsa de renuncia, «certificada» por una firma que los golpistas ni siquiera se esforzaron en imitar. Fue una jugada fallida, porque a esas horas del domingo en que el usurpador Roberto Micheletti juraba de manera espuria como presidente provisional, Zelaya desmentía su dimisión desde el aeropuerto de Costa Rica, donde los militares lo depositaron, todavía en ropa de dormir y sacado a punta de fusil de la cama.

¿Por qué no fueron presentados los supuestos expedientes judiciales contra Zelaya desde el primer día?

Tempranamente, el Presidente había denunciado que los «papeles» decretando ilegal la consulta apenas habían sido suscritos, en su momento, por un fiscal de primera instancia que, además, nunca se llegó a identificar.

También ha emergido a destiempo la existencia de una Comisión Política que se habría conformado para juntar las causas contra el mandatario constitucional y que, según voces autorizadas hondureñas, no habría terminado a tiempo su «trabajo» para el día 25, fecha al parecer señalada en principio para el golpe.

Tres días después, al amanecer del domingo, tal vez la impaciencia o la soberbia de los sectores más duros del entramado hondureño desencadenaron los hechos, luego del desafío a esos poderes que significó el rescate por el pueblo y Zelaya de las urnas, confiscadas de manera ilegal por el Ministerio Público. O, finalmente, manos no identificadas pero seguro conocidas, terminaron por abrir la jaula de los gorilas, como graficara ante la OEA el embajador venezolano, Roy Chaderton.

Son esos los «argumentos» con que los confabulados poder judicial y legislativo de Honduras, en alianza con el ejército, desafían el clamor de su pueblo y el mandato de la comunidad internacional, y con los cuales han retado el ultimátum de la OEA y la presencia en Tegucigalpa de su titular Insulza.

Pocas horas antes y a pesar de su deseo de gobernar al menos por seis meses, Micheletti había declarado que accedería, en última instancia, al adelanto de las elecciones fijadas para noviembre.

Sin embargo, no hace falta ser jurista para saber que son ellos los violadores de la Constitución, lo que los incapacita para presentar condiciones.

A la ilegalidad que resulta del propio secuestro y la expulsión de Zelaya por medio de la acción del ejército —en tal caso, el cuerpo llamado a cumplir «la orden» era la policía— se suma la manera en que los golpistas se han mantenido en el Palacio de Gobierno después.

Los arrestos ilegales, la violencia contra los manifestantes pacíficos, la censura mediática y la vigencia y extensión del virtual estado de sitio, están pisoteando una decena de sus normas. ¿Y esas irregularidades, no se van a castigar?

En el fondo, queda claro que a lo que en verdad los poderosos temían era a la expresión del pueblo. La animadversión contra la encuesta tiene trasfondos que van más allá del declarado temor del Congreso a que se llamara a una Constituyente que no era, como se sabe, el objeto de la consulta; solo se pretendía preguntar a la ciudadanía si quería votar por ella en noviembre.

Son otros los verdaderos «delitos» por los que se quiere pasar cuenta al Presidente: esa participación ciudadana con que ha intentado transformar la democracia hondureña —amarrada por artículos que declaran inamovible la actual Constitución—, y la manera en que actuó para dar un poco más de justicia social a su gente. Medidas como el aumento del salario mínimo a los trabajadores han incomodado a la alta burguesía local y al propio Partido Liberal al que pertenece Zelaya.

La temprana declaración de los usurpadores de que examinarán la presencia de Honduras dentro del ALBA, también explicita motivos del lado de esas manos ocultas que sacaron a los gorilas del encierro.

Con ello amenazan la estabilidad de una región dominada hasta hace apenas dos décadas por las dictaduras militares que entronizaron la desaparición y la muerte. Su deseo sería que Honduras signifique la vuelta a la página de integración y soberanía a que ya América Latina no va a renunciar.