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REDACCIÓN CENTRAL DE JR, junio 2.— Las denuncias crecen sobre los excesos de la represión desatada por los golpistas de Roberto Micheletti, por la policía y el ejército que han tomado todos los edificios gubernamentales, persiguen a las autoridades legítimas y a los dirigentes de los movimientos sociales y sindicales, detienen arbitrariamente a los manifestantes, les lanzan gases lacrimógenos, los golpean, los detienen.
Este jueves, como decía en una comunicación telefónica con la cadena multinacional TeleSur el periodista sanpedrano Edgardo Castro, «la capital industrial del país, hoy se ha convertido en la capital de la represión, de las bombas lacrimógenas. El ejército está como loco, están disparando, capturando y golpeando a todo el que encuentran a su paso, es una barbarie lo que está ocurriendo hoy en San Pedro Sula», denunciaba.
«Estamos en manos de gorilas», aseguraba el periodista, quien revelaba también que cerca de 15 abogados del pueblo habían llegado a la posta policial de Río Blanco y a otras donde tenían a más de 160 detenidos, entre ellos algunos maestros que tenían fracturas de brazos u otras heridas, también dirigentes comunales. «Hay una represión salvaje y son un solo nudo el aparato represivo y los empresarios», enfatizaba.
El alcalde Rodolfo Faría fue detenido y está desaparecido, en su lugar han impuesto a un sobrino de Micheletti, William Franklin Hall, un corrupto sirvengüenza.
Y al mismo tiempo, el cerco a la información se refuerza. Imágenes mostradas por TeleSur: jóvenes llevados en detención, un fotógrafo de algún medio de prensa no identificado, la discusión de una periodista que micrófono y celular en mano intentaba demostrarles que ella estaba haciendo su trabajo, mientras otro uniformado intentaba ocultar la escena poniendo su mano frente al lente de un camarógrafo.
Mientras tanto, los maestros llaman a la huelga general a pesar de que se han roto las garantías constitucionales y se están secuestrando a los dirigentes hondureños, como atestiguaba un dirigente social identificado solo como Juan, quien aseveraba que al menos hay un muerto en la represión desatada durante horas en San Pedro Sula, pero del que desconocen su identidad, como también de las muchas personas heridas, que hasta en algunos hospitales se les niega asistencia médica.
Estamos buscando lugares estratégicos para pasar la noche y no ser detenidos y poder actuar el día en que regrese nuestro Presidente Zelaya, afirmaba.
Igual denuncia hace Ángel Vargas: «el ejército, las fuerzas armadas, nos quieren apresar. Hay orden de captura en libre para quienes se opongan al gobierno de Micheletti. El aeropuerto está militarizado. No hay respeto ni a niños, mujeres o ancianos; abusan, los maltratan físicamente...»
Sin embargo, no importa que la policía avance por las calles llenas de gases lacrimógenos, los sanpedranos siguen en pie de lucha, «esta lucha acaba de empezar; esta lucha apenas comienza», dice Juan.
Los jóvenes queman neumáticos, tiran piedras a las fuerzas policiacas, resisten, aunque intentan dispersarlos. Honduras es para los hondureños y vamos a defendernos, dicen.
En un sitio web, puede escucharse a Bertha Cáceres, dirigente nacional de COPINH (indígenas) y a Miriam Miranda, dirigente nacional de OFRANE (el pueblo negro garífuna) cuando hacen el llamado a la huelga general en Honduras, a la movilización por todos los medios hacia la capital. Urge su difusión, dicen.
Y es que el Congreso Nacional, co-auspiciante del golpe, aprobó el 1ro. de julio el decreto de Micheletti de suspender las garantías constitucionales, específicamente los derechos establecidos en los artículos 71, 78, 79, 81 y 99 de la Constitución de la República.
El artículo 71 establece que ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de 72 horas sin ser puesta a la orden de la autoridad competente para su juzgamiento.
La violación a este derecho individual violenta el principio de legalidad porque dejaría «indefinido el tiempo de detención de un ciudadano o ciudadana». Esta acción ha sido calificada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos «como una violación gravísima, no solo a la legislación vigente sino ante la comunidad internacional».
Por otra parte, añade la organización, el artículo 78 sostiene que se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.
«En este aspecto, la suspensión de esta garantía debería ser bajo ciertos parámetros, pero el decreto aprobado por el legislativo, mediante iniciativa del presidente de facto Roberto Micheletti, limitaría la libertad de reunión pacífica, sin armas y la manifestación pública.
Aspectos que no están contemplados en la Constitución como facultad del Consejo de Ministros ni del presidente de la República, ni está tampoco contemplado dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos», agregan.
Así Micheletti «garantiza la tranquilidad y la seguridad ciudadana»: no pueden circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. ¿Y qué decir del derecho a la vida, el respeto a la integridad física, a la libertad y la seguridad personal?, ahora suspendidos con el secuestro que han hecho del artículo 71, y que también violenta el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Según denunció Marvin Ponce, diputado del partido Unificación Democrática, las fuerzas de seguridad han golpeado a 422 personas, han detenido a 700 y hay un número indeterminado que siguen presos. Hay órdenes de captura y asesinato...
Esto no es una democracia, esto es una guerra impuesta por el señor Micheletti, afirmaba con energía Norma Vázquez, otra manifestante en San Pedro Sula, y somos miles desde hace días contra el golpe, recalcaba, y debe saberse porque tienen a la prensa amordazada.
Entre los muchos letreros que cubren los muros de las ciudades hondureñas, uno lo dice todo: ¡Fuera golpistas. Morazán vive!
