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La UE predica valores que no respeta, dice el europarlamentario Giusto Catania. Foto: AFP Si se barre el polvo debajo de una alfombra, tal vez nadie lo note. Pero lo que sí no se puede ocultar en ese sitio es un yunque. Saltaría demasiado a la vista, ¿no?...

En España, un pesado hierro está volviendo a provocar tropiezos en el umbral. Se trata de los tan mentados —y documentados— vuelos ilegales de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana. Para los despistados, no estoy hablando de aviones que acarreaban rábanos y zanahorias, sino una dolorosa carga de seres humanos, atados con cadenas y encapuchados, cuyo destino era la ilegal base estadounidense de Guantánamo, así como otros sitios de este mundo donde, lejos del alcance de la ley, se pudiera «estimular» a los cautivos a «cooperar».

Ahora vuelve a los medios informativos un «secreto»: que el jefe del gobierno español en 2002, el derechista José María Aznar, dio el «SÍ» a una propuesta norteamericana para que las aeronaves con presuntos terroristas, cazados en Afganistán y en otros lugares, surcaran los cielos españoles o utilizaran bases militares en el país ibérico para aterrizar y aprovisionarse durante esos traslados.

Lo que está removiendo ahora este pantanoso asunto es un documento, el «Informe 3329-02», publicado por el diario El País el 30 de noviembre. En ese texto, del 11 de enero de 2002, el ex director de Política Exterior para América del Norte, Miguel Aguirre de Cárcer, asentaba la autorización aznarista al uso de aeropuertos españoles para el traslado de prisioneros talibanes y de Al Qaeda hacia el campamento de detención establecido por los estadounidenses en el territorio usurpado en el oriente cubano.

Por supuesto, «papelito habla», y el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional española, solicitó una copia, así como la comparecencia de Aguirre de Cárcer. Este acudió ante él el 17 de diciembre para confirmar que altas «instancias políticas» habían otorgado el permiso a esas escalas aéreas.

Lo curioso de todo esto es el revolico que se armó para dar con el dichoso informe. El ministro de Asuntos Exteriores del actual gobierno socialista, Miguel Ángel Moratinos, primeramente dijo que el texto no estaba donde debía estar, o sea, en los archivos de su Ministerio. Y tenía razón, porque donde se encontró una copia fue en el Comité Permanente Hispano-Norteamericano, dependencia del Ministerio de Defensa. El cómo y el cuándo se perdió el original de la Cancillería es cosa que preocupa y que habrá que averiguar, y quizá alguien deba responder por ello. Claramente, hubo una voluntad de ocultamiento. Si eso no es delito que merezca ser investigado...

De momento, Moratinos ha asegurado que, en efecto, el ex presidente del gobierno José María Aznar «autorizó escalas» en España de aviones estadounidenses que realizaban vuelos clandestinos hacia la base de Guantánamo, aunque... no llegaron a concretarse. ¡Y esto es lo extraño!

Al comparecer ante el Congreso de los Diputados el 10 de diciembre, el jefe de la diplomacia española aseguró que 11 vuelos estadounidenses procedentes o con destino a Guantánamo habían aterrizado en el país entre enero de 2002 (en tiempos de Aznar) y noviembre de 2006, pero que ninguno de esos aviones trasladaba prisioneros. Según una amalgama de datos del Ministerio de Defensa, las aeronaves que sí llevaban detenidos de la CIA no presentaron averías que las hicieran aterrizar, ergo, no tocaron suelo español.

Casi se justifica el «hágase» que ordenó don José María a la operación: «La decisión adoptada por el gobierno Aznar a mediados de enero de 2002, de permitir la escala en caso de emergencia de vuelos que transportaban prisioneros talibanes o de Al Qaeda a Guantánamo, se enmarca en el apoyo a la Operación Libertad Duradera tras los atentados del 11 de septiembre de 2001». Y añade la Cancillería un punto: la invocación del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, por el cual, si un Estado miembro es agredido, todos los demás deben acudir en su socorro.

Este «auxilio» resultó ser muy lamentable, no solo para España, sino para toda la Unión Europea, pues raro fue el país que salió libre de culpa tras darle una mano a la administración Bush en sus deplorables métodos «antiterroristas». Según un informe del Parlamento Europeo de enero de 2007, elaborado a partir de los resultados obtenidos por una Comisión Temporal que investigó el tema, fueron 1 245 los vuelos relacionados con traslados de prisioneros hacia lugares donde la tortura pudiera aplicarse sin mayores miramientos, y se comprobó el triste granito de arena aportado por muchos gobiernos.

Y como la prensa no descansa, el yunque sigue haciendo tropezar de vez en cuando...

Giusto Catania es miembro del Parlamento Europeo por el grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, y estuvo en Cuba el pasado año junto a una delegación de su corriente política. Como integrante que fue de la Comisión Temporal de 46 europarlamentarios, pudo conocer a algunos de quienes estuvieron en las garras de la CIA.

Por correo electrónico, Catania accedió a responder desde Bruselas algunas interrogantes de JR acerca del tema de su investigación.

—¿Qué han significado los vuelos de la CIA para la Unión Europea en materia de derechos humanos?

—El fenómeno de los vuelos de prisioneros puso a la UE —y a sus gobiernos— en una posición muy complicada, porque minó su credibilidad como defensora de los derechos humanos. La completa ilegalidad de tales prácticas, implementadas con total falta de escrutinio a cualquier nivel democrático, demostró que la UE predica al mundo valores que, en algunos casos, ella no respeta dentro de sus propias fronteras.

«Además, la clasificación de varios documentos como «secreto de Estado», cuando los tribunales comenzaban sus pesquisas, fue un mensaje incluso peor en ese sentido.

«Considero importante para la credibilidad internacional de la UE que no aplique dobles raseros. No debe haber disparidad entre lo que el bloque sermonea al mundo y lo que hace dentro de sus límites geográficos. En realidad, el asunto de los vuelos de prisioneros, así como otros tópicos (los derechos civiles para algunas minorías, incluidos los inmigrantes, y la protección de los derechos humanos cuando se implementan políticas de seguridad), muestran que la Unión Europea está practicando un doble estándar en la protección de los derechos humanos».

—Sé que ha conversado con algunos de los ex prisioneros de la CIA y el Pentágono. ¿Cuáles fueron los principales daños que sufrieron?

—Sí, en mi trabajo para la Comisión Temporal he hablado con varios prisioneros y familiares de detenidos: con el sudanés Masaad Omer Behari, residente en Austria; con Maher Arar, ciudadano canadiense; con el alemán Khaled el Masri y con su compatriota de origen turco Murat Kurnaz. Se añade a esta lista el británico-zambiano Martin Mugamba, con quien me encontré en Londres el 4 de octubre de 2006.

«Cada una de estas personas reportó los diferentes tipos de maltrato que tuvieron que sufrir, lo que sin duda fue tortura, psicológica y física. Ello incluía la detención en condiciones de absoluta incomunicación, sin posibilidad de ver a nadie, fuera un abogado o un familiar. Tales tratos se les infligieron para sacarles «información», o para que admitieran estar involucrados en actos terroristas».

—¿Qué se puede esperar de las denuncias formuladas por estos ciudadanos ante el Parlamento Europeo?

—Después de la adopción del informe final del Parlamento Europeo sobre el tema, no hubo un real seguimiento a la cuestión. El Legislativo estableció un grupo de trabajo sobre el asunto, que debía reunirse para decidir qué continuidad debía dársele, pero, hablando con honestidad, hay una falta de voluntad política de parte de los grupos parlamentarios de derecha. Somos, pues, bastante pesimistas sobre los próximos pasos.

La ausencia de disposición para darle continuidad al tema, se añade como desastroso ingrediente a la falta de cooperación original que mostraron algunos funcionarios de gobiernos europeos ante el pedido de colaboración que les formuló la Comisión Temporal.

Una ojeada al informe al que aludía Catania, daría para dejar al lector patidifuso y pluscuamperfecto al leer los nombres y sus pretextos. Javier Solana, Alto Representante de Política Exterior de la UE, declinó conversar con la Comisión por entender que algunas conclusiones preliminares eran «injustas y erróneas», mientras que el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, dijo simplemente que no tenía intenciones de reunirse.

Por el estilo, aunque más corteses —«tengo una agenda apretada»—, fueron las respuestas de la entonces ministra de Exteriores británica, Margaret Beckett; la de su homólogo sueco Carl Bildt, y la del ministro de Defensa de Polonia, Radoslaw Sikorski, hoy canciller.

Esto es exclusivamente en cuanto atañe a Europa, porque no es difícil adivinar que, entre los políticos de EE.UU. convocados por la Comisión, primó el «no voy», lo mismo del senador republicano John McCain, que de su par demócrata John Kerry; de Condoleezza Rice y de su antecesor en la Secretaría de Estado, Colin Powell. «A nosotros, ¿qué?».

Pese a toda esa indiferencia hacia la ley y el derecho, el informe del Parlamento Europeo pudo salir adelante y desnudar las hipocresías filantrópicas de unos cuantos. Sin embargo, es de esperar que, como la madeja de violaciones y complicidades fue tan extensa, cada cierto tiempo continúe saltando la liebre. Es ahora el caso español. Mañana, quién sabe.

Aunque no basta con que se aclaren las cosas. Es necesario cerciorarse de que no se repitan. Y para ello, vendría bien un poco de justicia. Así como el ex presidente serbio Slobodan Milosevic fue llevado ante una corte penal internacional para responder por sus acciones en Kosovo, ¿irá José María a dar cuentas ante los jueces, por tantos torturados que pasaron por España? ¿Acaso irá su sustituto al frente del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien alega desconocer todo acerca de esos vuelos —que por cierto, fueron más de 90—, aunque era la mano derecha de su antiguo jefe?

Allá los ilusos, y los que crean que solo hay polvo bajo la abultada alfombra...