Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Supongamos el siguiente escenario: un contingente de cascos azules de la ONU desembarca en la costa de Gran Canaria y comienza a efectuar arrestos de inmigrantes indocumentados, generalmente jóvenes africanos muy pobremente vestidos y sedientos. Mientras, en Nueva York, el Consejo de Seguridad debate una resolución para imponer sanciones a los países de donde parten los cayucos con semejante carga.

Las autoridades de esa comunidad autónoma española están inmensamente agradecidas al organismo internacional. El problema ha quedado solucionado, aunque… «allá en el horizonte aparece uno. No: dos. ¿No serán tres…?». En efecto, ahí están de nuevo las embarcaciones miserables, rumbo a las aseadas playas que atraen cada año a 12 millones de turistas. «¡Pero así no se puede seguir!».

Volvamos ahora a la realidad. No hay tropas de la ONU en Gran Canaria. Pero podría haberlas, pues el presidente del gobierno autonómico, Adán Martín, ha pedido la intervención de esa instancia para frenar la imparable oleada de inmigrantes subsaharianos que está llegando desde la primavera a ese archipiélago, más cercano a África que a la «madre patria».

Más de 18 000 africanos han arribado ilegalmente a Canarias en lo que va de año. Para los turistas del norte, que llegan a las islas por vías muy diferentes, se trata de un verdadero espectáculo: «¿Cuándo llegan?», preguntaba un inglés, con bermuda y gafas, a un reportero de la AFP, en el puerto de Los Cristianos en Tenerife. «¿De dónde vienen?», pregunta otra pareja de cierta edad. «Esto a veces es un auténtico circo», se lamenta el coordinador de la Cruz Roja, Austin Taylor, en alusión a los turistas presentes detrás de las barreras colocadas por la policía para evitar que invadan la zona donde se atiende a los inmigrantes.

Incluso la tripulación de los barcos que transportan a los visitantes norteamericanos y europeos aprovechan las llegadas de africanos como «atracción», con explicaciones y todo. «Lo mismo te dicen: “Miren a un lado para ver la playa, que a la derecha para ver un cayuco con inmigrantes”», narra Taylor.

Sin embargo, a las autoridades canarias y al gobierno central el tema no les causa especial alegría. El presidente Adán Martín ha afirmado que las islas están en «alerta roja», sin mayores posibilidades de atención a los recién llegados, y ha expresado que este es «el mayor problema de fondo al que se enfrenta hoy día no solo Canarias, sino España y la Unión Europea. A la frontera exterior europea se le está abriendo un agujero por la zona de Canarias y hay que esforzarse en taparlo».

Retomando la frase: existe un agujero que se debe taponear. Aunque para muchos canarios, gallegos, extremeños, catalanes y de otras nacionalidades españolas, fue una suerte hallar tantos agujeros al descubierto de este lado del océano…

Un reportaje del 16 de julio de 2001 en el diario español El País, cita la historia del velero La Elvira, que zarpó de Las Palmas el 25 de mayo de 1949, con 106 personas a bordo, y arribó a las costas venezolanas 36 días más tarde.

«Los sin papeles detenidos, entre los que había diez mujeres y una niña de cuatro años, se hallaban en condiciones lamentables: famélicos, sucios y con las ropas hechas jirones. La bodega del barco, que solo mide 19 metros de eslora, parecía un vomitorio y despedía un hedor insoportable».

«La mayoría —prosigue el texto— eran campesinos de Gran Canaria que ganaban 20 pesetas por trabajar de sol a sol y que habían tenido que vender sus cabras para pagar las 4 000 pesetas del billete, una pequeña fortuna para la época. En el pasaje también había 15 tinerfeños, 10 palmeros, cinco cubanos hijos de isleños y 15 peninsulares de Murcia, Madrid, Almería, León, Orense, Asturias, Cuenca, Cádiz, Navarra y Baleares, un canario nacido en Filadelfia (EE.UU.) y una española venida al mundo en Auxerre (Francia)».

El destino inmediato de esta gente humilde, que huía del atraso económico de la España franquista, fue limpiar surcos y abonar cañaverales en un central azucarero del estado de Yaracuy. Y no fueron pocos los que siguieron sus derroteros. Se calcula que, entre 1951 y 1958, más de 60 000 canarios se establecieron en Venezuela.

Por fortuna para ellos, había hoyos abiertos…

Eso es precisamente lo que esperan las decenas de miles de indocumentados que, bien en pateras a través del Estrecho de Gibraltar, bien saltando sobre las cercas de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, enclavadas en el norte de África, bien en los cayucos de Canarias, arriesgan la vida por si, conservándola, pueden ofrecerle un mejor futuro.

Varios son los puntos de salida. Mauritania y Senegal han estado entre los más señalados. Durante la travesía, la fragilidad de las embarcaciones y el exceso de pasajeros, provocan frecuentes tragedias, al punto que se estima que el 40 por ciento de los viajes no alcanzan su destino.

Sin embargo, a veces la desmemoria afecta, y sale más fácil apartar la mirada de la desesperación de tantas personas. Si Venezuela, Cuba o Argentina hubieran pedido ayuda a la ONU décadas atrás, quizás la historia de algunos europeos hoy tendría más vetas grises.

El tema de la inmigración ilegal tiene un espacio privilegiado en la agenda española. De hecho, se trata de uno de los países europeos más cercanos a África, convertida en cantera de pobres por obra de siglos de colonialismo. Se entiende, pues, la preocupación.

En el Consejo Europeo de Hampton Court, en octubre de 2005, España propuso un nuevo programa de inmigración de la Unión Europea, que incluyera una mayor vigilancia de las fronteras exteriores del bloque y el aumento de las ayudas económicas al África subsahariana. De los debates resultó la creación de un fondo de 4 400 millones de euros para estos fines.

Pero en mayo pasado, ante el incremento de los arribos a Canarias, Madrid comenzó una ofensiva diplomática para lograr la mayor implicación de los gobiernos subsaharianos en la detección y neutralización de las salidas. En ese momento, el ejecutivo español presentó el denominado Plan África 2006-2008, por el que buscaba una mayor presencia diplomática en algunos de los países emisores. Se crearon tres nuevas embajadas —en Mali, Sudán y Cabo Verde—, se reforzaron las de Camerún y Senegal, y se fundaron oficinas comerciales en Angola, Kenia, Nigeria y otros países. La condonación de deudas, el fortalecimiento de los controles fronterizos, el patrullaje conjunto y la duplicación de la ayuda oficial al desarrollo en el nuevo presupuesto del Estado, fueron otras de las medidas contempladas en el plan.

A simple vista, se trata de buenas noticias. Sin embargo, algo de raro tiene que el gobierno español se interese en abrir embajadas ¡en medio de una crisis migratoria! La pregunta es: ¿Por qué no antes? ¿O solo es bueno contar con estos países para que persuadan a sus nacionales de que no se lancen al mar? ¡Hum!

En cuanto a la deuda, otras interrogantes: ¿No había hambrunas en África antes de que los cayucos hicieran saltar las alarmas en Canarias? ¿Alguien «descubrió» recientemente que las enormes deudas impuestas a las naciones africanas anulan la posibilidad de despegue económico y mejoras sociales, e inflan las velas de las embarcaciones de quienes ponen proa al norte en busca de empleo, vivienda y alimentación?

Esto además del innegable hecho de que si las estructuras de dominación no son erradicadas, si las recetas privatizadoras a ultranza permanecen intactas, si los subsidios a la agricultura europea continúan asfixiando a los productores africanos, cuyos frutos no pueden competir en precios de mercado con los de las ex metrópolis, ¿de qué vale «perdonar deudas» hoy, para que el mismo mecanismo decadente no tenga más remedio que volver a contraerlas mañana?

Y ya que la iniciativa de Madrid aborda la duplicación de la ayuda, será oportuno recordar que, por decisión de la Asamblea General de la ONU en 1970, se estableció que los países industrializados dedicaran el 0,7 por ciento de su riqueza a impulsar el desarrollo de las naciones empobrecidas. Ese irrisorio porcentaje debía alcanzarse «hacia el final del decenio», pero 36 años después, en este mismo instante, solo Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda y Luxemburgo han marcado la tablilla. Y ahora —¡ahora!— es que España habla de doblar sus cifras…

Quizás algunos tomen por genuinas estas «buenas intenciones», originadas de un ¡zaz! Pero «no son todos ruiseñores / los que cantan entre las flores», diría Góngora.

De momento, los políticos españoles han hecho de la inmigración un trompetazo de guerra entre ellos. Para el Partido Popular, las ininterrumpidas llegadas de africanos a Canarias responden simplemente al «efecto llamada». En opinión de la derecha, la regularización de 572 000 inmigrantes indocumentados, acometida por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español en 2005, no ha hecho sino enviar el mensaje de «vengan más y más, y les daremos papeles».

No obstante, el «entusiasmo» regularizador no es tal ni mucho menos, pues el proceso fue para personas que trabajan, y buena parte lo hace con contratos temporales, o sea, con un pie en la calle. Además, ¿qué hay de sus hijos y sus padres ancianos?

Otra reyerta se origina en el reparto territorial de los inmigrantes. Madrid, Murcia y Valencia, comunidades autónomas donde gobierna el PP, se han quejado de las cantidades de africanos que han entrado vía Canarias y han sido instalados en sus territorios. En respuesta, las autoridades isleñas han puntualizado que estos inmigrantes «no son de Canarias, sino personas que llegan a España a través de las islas», mientras que la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, recordó que la distribución fue aprobada en 2002, cuando gobernaban quienes hoy protestan.

Así, mientras todos pugnan por sacarse de encima la papa caliente, mientras funcionarios españoles visitan las capitales del occidente africano y se impulsa el patrullaje mixto con fuerzas senegalesas y mauritanas, las barcas de indeseados continúan arribando.

Europa, en definitiva, seguirá necesitando de quienes limpien calles, siembren y recojan las cosechas de sus ordenados campos, cuiden a los ancianos que estorban a los ciudadanos apurados y modernos, mantengan pulcras las barras de los pubs, etcétera, etcétera.

Y la ONU no hará acto de presencia.