Tengo un ejemplo a mano, ¿uno más?, de cómo las costumbres a veces se llevan en la golilla el actuar razonable y juicioso en el cotidiano transcurrir de la existencia.
Es la otra cara del adecuado don de hacer lo correcto, que debe enraizarse a partir de la infancia con procederes, sencillos pero trascendentes, para inculcar el respeto por lo ajeno, ser cortés con los demás y dar los buenos días como reflejo de ceñirse a las normas de convivencia.
¡Cuántas sencilleces olvidadas o descuidadas en los albores de la vida han terminado dramáticamente! Los ejemplos de esa verdad verdadera saltan hasta de debajo de las piedras. Hasta en lo que puede parecer una minucia se descubre ese actuar torcido, que sobreviene en un solo hecho o disímiles.
Luego del breve recordatorio sobre esa realidad kilométrica de que somos seres de costumbres —¡jamás olvidarlo!— aterrizo, y lo hago desempolvando el capítulo de quienes siguen practicando la morosidad para saldar las multas, aunque en menor medida, desde la entrada en vigor en febrero de los decretos 30 y 31 de 2021 del Consejo de Ministros.
La abismal diferencia de este apartado, entre el pretérito y el hoy, estriba en que ahora resultan muchísimos más pesos los que se deben desembolsar, y si los infractores incumplen el tiempo de pago establecido tendrán que pagar el doble de la cuantía inicial, y ante la persistencia pueden hasta enfrentar un proceso judicial.
Se han impuesto en la geografía villaclareña 5 185 multas hasta finales de abril por ambos decretos. La mayoría corresponden al 31, referido a las infracciones de las medidas sanitarias para enfrentar la COVID-19, mientras que el 30 fija las sanciones por las infracciones de la política de precios y tarifas.
Más allá de que la mayoría de las sanciones monetarias se ha pagado, una parte en efectivo y otras progresan mediante el cobro a plazos, estas muestran un detalle revelador: los transgresores del Decreto 31 se mueven más rápido para sufragar, mientras que son más lentos los sancionados por el 30.
De ese modo se revela cabalmente que los infractores de las normas contra la pandemia asumen la advertencia de la ley con la responsabilidad y respeto que deviene lo lógico. ¡Qué bueno!
En realidad, la lentitud en sonar la contadora, es decir, el desembolso, cuenta con una data añejísima que ha tenido de protagonista, por ejemplo, al sector del comercio. Allí la historia atesora un rico expediente de trampas contra el consumidor, y también de calmosos para soltar los billetes y enmendar su falla.
Los hay que han preferido arriesgarse con la mente puesta en que a lo mejor hay deficiencias en las oficinas de cobro. O errores al imponer la multa y les llega el vencimiento del término de un año para saldarlas sin hacerlo, y se jactan después de su impunidad.
Aunque se constata una mejor situación del cobro en la geografía villaclareña, todavía hay remolones a pesar de las facilidades de pago que se les ofrece. De hecho, aún hay que estar toreando a muchísimos para que entren por el aro, pues no acaban de interiorizar que el tiempo de esa proverbial benevolencia va camino a la extinción, única fórmula de evitar que la ley se convierta en inoperante.
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