La vieja realidad sobre las mil y una resoluciones aprobadas para proteger al consumidor muestran cómo casi siempre estas no se aplican con el mismo ímpetu que en su control bajo el techo en que se deben acatar.
Acostumbran a recalcar tanto sobre el alcance de su protagonismo que surge la idea de que si hay problemas es también por su responsabilidad. ¿Quién inventó que estas deben hacerle el bregar que le corresponde a los directivos, desde el administrador, su segundo, el jefe de turno o de áreas… ¡Cuántos responsables!
La denuncia del comprador, que transita por un moroso laberinto burocrático, resulta válida, pero nunca podrá resolver el problema que se afinca en la incapacidad de la administración, consciente o inconscientemente, de cortar de raíz las marañas que saltan, aquí y allá, como ola sostenida e incontenible.
No estoy especulando. Ahí están las miles y miles de multas impuestas año tras año por engaño al consumidor, una transgresión grave. Es más, se ha detectado la liga de frijoles de buena calidad con otros de pésima, e introducidos por la izquierda en determinado establecimiento.
Los desmanes contra los consumidores tampoco los van a zanjar definitivamente ni los propios inspectores, según me han razonado responsables de los órganos a que pertenecen, basados en una lógica contundente y con una solidez de roca.
Les asiste la razón. Son contrapartida y nunca podrán hacer la labor de control que le corresponde a la administración para mantener bajo su lupa la unidad.
Tampoco seamos ilusos. Siempre habrá alguien dispuesto a meter la mano y hasta el cuerpo, y quienes, por conveniencia, dejen pasar gato por liebre para amasar pesos.
Se sabe que por los vaivenes en la fiscalización se han descubierto casos de corrupción y robo después de estar la persona o las personas hasta años en el convite de las irregularidades.
Si esa realidad resulta sorprendente qué decir de ese añejo patinazo de que a los responsables de las unidades se les escapan delante de las narices y en los papeles transgresiones que solo detectan los inspectores que vienen de afuera, a pesar de contar con estos en las propias empresas.
Luego aplican con benevolencia, más allá de las multas impuestas por los inspectores, las sanciones administrativas complementarias, muchas veces convertidas en un río de amonestaciones públicas o privadas.
El consumidor suele exclamar, incluso, cuando está en el mercado de oferta y demanda, que faltan allí verificadores, sin advertir que al frente de esos comercios hay garantes estatales para hacer cumplir lo estipulado.
Hay comerciantes que, a veces, colocan un precio en tablilla y venden por encima del anunciado, sin entrar en otras marañas como declarar determinada cantidad de una mercancía y después vender, por la izquierda, una cifra mayor sin pagar el impuesto como está establecido en las diferentes normas jurídicas. ¿Y los encargados de velar por el adecuado funcionamiento de esos mercados, qué? Bien, gracias.
El ojo del usuario, lógicamente, puede ver solo el desliz de la superficie que muestra, además del timo en camino, la desfachatez con que se actúa. ¿El porqué? Se cae de la mata: la miopía de administraciones a las que les corren por tercera, persistentemente, como si no existieran nada más que en el papel. Así de lógico, así de sencillo.
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